Bien pudieran pensar que les voy a impartir una clase sobre la justicia. Pero de lo que se trata en estas líneas es de contar una historia que tuvo sus protagonistas y que tuvo un final. Como toda historia sirve a una causa y no a una persona.

Eran aquellos unos días de abril del 2016 en los que la prensa nacional o local llevaba a sus portadas la edición que se sufragaba con presupuesto público. En aquel trance en el que se volvía de denunciar lo que siempre se denunciaba al darse cambio de partido en el poder (almacenes repletos de títulos), recibí de un editor un encargo que sólo podía rechazar. Me pedía un estudio informe sobre la edición oficial en España. Conociendo lo que tal petición suponía y los intereses que se albergaban en ese sector editorial le manifesté a mi editor que no sabía lo que pedía. Finalmente llegamos a un acuerdo: me limitaría a la edición oficial realizada en la Comunidad Valenciana.

Al diseñar el trabajo entendí que sería imprescindible conocer determinados datos organizativos, presupuestarios y de edición. Para ello confeccioné siete preguntas y seleccioné las entidades (ayuntamientos, Diputaciones y Universidades) que debían darme respuesta. Todas las entidades recibieron mi carta certificada en la que solicitaba respuesta para mis preguntas y anunciaba que me acogería a la ley (Consejo de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana) para lograr respuesta a mis preguntas. Ni los silencios ni las respuestas merecen una línea.

Vencieron los plazos y tuve que iniciar las oportunas reclamaciones ante el Consejo de Transparencia, pues solo dos entidades dieron una respuesta clara y precisa a mis preguntas: la Universitat de València y la Diputación de Alicante. El resto de las entidades debieron acatar el fallo de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Transparencia que, haciendo honor a su denominación, dictó sentencias modélicas, que debería reproducir.

La persona que dio respuesta en plazo y forma a mis preguntas dirigidas a la Universitat de València es hoy su Rector, Dn. J-L. Gandía; por aquellos días era Vicerrector de economía. Lo significativo es que se atuvo a la ley, que respetó la ley y, al hacerlo, compartió el deseo de "transparencia y eficacia" al que servía mi trabajo, según se indicaba en la carta en que se solicitaba respuesta a mis preguntas. Hoy me creo en la oportunidad de hacer saber este significativo proceder; otras personas, leído el trabajo, ya tuvieron su respuesta. Es una forma de dar a cada uno lo que es suyo, es decir, de hacer justicia.