Le he tenido que hacer varias preguntas y de diferente manera al operador de Inteligencia Artificial para obtener cuáles han sido los ayuntamientos de España que han sido condenados a una indemnización mayor, más allá del caso de Benidorm, que se ha cerrado esta semana con el portazo del Constitucional a su recurso. No hay más vuelta atrás. El consistorio benidormí deberá afrontar el pago de los 350 millones de euros (cantidad que crece cada día que pasa si no se alcanza un acuerdo) a la familia Murcia Puchades, propietarios del suelo (urbanizable) que la Generalitat incluyó dentro del parque natural de Serra Gelada y por el que tiene que indemnizar el ayuntamiento que ahora preside Toni Pérez. No hay vuelta atrás.

Ni el Ayuntamiento de Jerez, con los 138 millones de euros pagados en sentencias judiciales; ni los 85 millones de Marbella. Ni tampoco los 95 millones que ha tenido que asumir el Govern balear por una sentencia muy parecida a la de Benidorm (por desclasificar unos terrenos al magnate alemán Matthias Kühn) se acercan a la cantidad que ha estimado el TSJ valenciano.

Llegados aquí, lo más fácil es disparar contra los culpables. Pero en el caso de Benidorm, han sido varias corporaciones y varios alcaldes los que han mantenido esa línea de defensa —respaldada por los servicios jurídicos del consistorio—, que ahora se ha demostrado errónea y errática para las arcas de los ciudadanos de Benidorm. El único consuelo que queda es que la decisión de la Generalitat, secundada por el Ayuntamiento de Benidorm, ha evitado llenar de cemento los alrededores de la Cala del Ti Ximo (la estribación meridional de Serra Gelada) y, por tanto, ganar algo de zona verde. ¿Que se pudo gestionar de otra manera y rebajar la factura final? Siempre quedará esa incógnita por resolver. Los entendidos en la materia dicen que, de haber negociado de primeras con la propiedad y haber ofertado parcelas urbanas atractivas en los desarrollos de Benidorm, quizás la factura para los ciudadanos hubiera sido más baja. Pues eso. Que había que pagar algo, nadie lo dudaba.

Como hasta el momento todo se ha mantenido en sigilo, no sabemos si hubo ofrecimientos previos, contraofertas o no hubo nada. Los recursos judiciales siguieron. Y cabe recordar que Benidorm logró la razón en la primera sentencia, la que fijaba que el suelo había perdido su valor y condición por no haberse desarrollado, y de ahí que pretendiera revisar los acuerdos previos —con el aval del Consell Jurídic— con la propiedad. Pero el problema de los litigios no es cómo empiezan, sino cómo acaban, y ahora Benidorm tiene sobre la mesa la mayor indemnización de la historia fijada a un consistorio español.

Llegados a este punto, solo nos queda saber qué conejo de la chistera se saca el alcalde, Toni Pérez. Según dijo el jueves, es un revés duro, que acata, pero que no va a ser ni la ruina ni va a suponer la intervención del consistorio. En agosto de 2025, el área de Intervención compartió un informe con los portavoces en el que decía que pagar la sentencia (entonces se hablaba de 345 millones) supondría la quiebra total de las arcas públicas. En ese informe también se abogaba, como es lógico, por mantener los servicios esenciales (pago de nóminas; mantener servicios básicos —sobre una población flotante de 250.000 habitantes— e inversiones muy justificadas) y sacrificar servicios no obligatorios (subvenciones, fundamentalmente dirigidas a Cultura, Igualdad y Deportes). A eso hay que sumar que Benidorm todavía acumula una deuda de 57 millones, después de haberla reducido en los últimos años.

Pérez dice que hay que ser prudente. Alguna bala le queda —recurrir la segunda sentencia al Supremo—, de remoto recorrido, a tenor de lo visto, pero los propietarios del suelo ya han pedido la ejecución del primer fallo, por lo que la solución no creo que se demore. A la actual corporación local solo le queda mirar hacia adelante: y mirar hacia adelante supone negociar y pagar, o simplemente pagar. Si negocia, podría abaratar la factura si los demandantes muestran algo de clemencia con el total y se les ofrece algo (de suelo) atractivo. Y pagar es pagar. En cinco años o en veinticinco.

El alcalde de Benidorm mencionó el caso de Gandia, que refinanció una deuda de 250 millones a través de una operación del Instituto de Crédito Oficial, pero bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda. El caso de Gandia es muy parecido al de Jaén, aunque la diferencia de deuda es abismal: Jaén debe 612 millones, de los que 538 son a través de créditos del ICO. Pero, sea como fuere, acudir al ICO es como acudir al Ministerio de Hacienda y supone someterse a un duro plan de ajuste, aunque con plazos y tipos de interés más laxos. Tanto Gandia como Jaén están (o han estado) sometidas a condiciones estrictas en materia de contratación, servicios municipales, ayudas y gastos de personal, además de un incremento de impuestos. Y cualquier ingreso extraordinario (venta de suelo, plusvalías, etc.) debe ir a amortizar deuda. En favor de Gandia, cabe decir que ha reducido casi 100 millones en los últimos 10 años. Pero el crédito vence en 2050 y sigue debiendo unos 250 millones.

Pero como nada de eso parece estar en el discurso de Toni Pérez —más allá de asumir el pago—, solo nos queda coger asiento en la función y esperar al mago a ver qué conejo se saca de la chistera. Pero me temo que todo está inventado y los ejemplos cunden. No será una ruina, pero puede ser una camisa de fuerza. Y eso que Benidorm tiene (muchas) más alternativas que, por ejemplo, Jaén para generar ingresos extraordinarios. Pero da la sensanción que están más preocupados por el nuevo estatus de Benidorm algunos colectivos de la ciudad que la propia Concejalía de Hacienda. Hablamos de más de 400 millones (350 + 57).