Hay una realidad que ya no admite matices: Alicante es una provincia sistemáticamente castigada en inversiones. Y no es una opinión. Es un hecho.
Somos la provincia 52 de 52 en inversión. La última. La que menos recibe de todo el país.

Mientras tanto, seguimos siendo uno de los grandes motores turísticos de España. Millones de visitantes, miles de empresas, cientos de miles de empleos y una aportación decisiva al PIB nacional. Alicante sostiene, empuja y contribuye. Pero cuando llega el momento de invertir, desaparece del mapa. Y las consecuencias están a la vista.

La AP-7, principal arteria de la provincia soporta niveles de saturación impropios de una infraestructura estratégica. Tramos colapsados, falta de mantenimiento y una siniestralidad creciente que no se aborda con soluciones estructurales. El tercer carril sigue siendo una promesa eterna mientras los problemas se agravan cada día.

El aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández bate récords año tras año, pero el Gobierno responde mirando hacia otro lado. Sin ampliaciones a la altura del crecimiento, sin planificación real y, lo que resulta aún más incomprensible, sin una conexión ferroviaria directa en pleno siglo XXI.

El ferrocarril, lejos de ser una alternativa fiable, se ha convertido en un símbolo del deterioro: retrasos, incidencias y una falta de regularidad que perjudica tanto a los ciudadanos como a la imagen internacional de nuestro destino.

Y en materia de seguridad, el ejemplo es igual de sangrante. La nueva comisaría de la Policía Nacional en Benidorm lleva años en el cajón. Suelo cedido, necesidad evidente, compromiso anunciado, pero ejecución inexistente. En una ciudad que recibe millones de visitantes, el Gobierno ni está ni se le espera.

Este no es un problema puntual. Es un patrón. Un modelo en el que Alicante paga como una de las que más, pero recibe como la que menos. Las consecuencias ya no son advertencias. Son una realidad. Cada atasco en la AP-7 es un fallo de gestión. Cada accidente evitable es una responsabilidad política. Cada cola en el aeropuerto es una mala imagen de país. Cada tren que falla es un mensaje de desconfianza.

Y en turismo, la desconfianza se paga muy cara. Porque competir no es solo atraer visitantes. Es estar preparados para recibirlos. Es disponer de infraestructuras modernas, conexiones eficaces, servicios públicos dimensionados y seguridad suficiente. Alicante no está al nivel que merece porque el Gobierno no ha planificado ni invertido al ritmo que exige la provincia.
Se nos pide más. Se nos cobra más. Pero se nos da menos. Mucho menos. Y eso tiene un nombre: desigualdad.
Alicante no pide privilegios. Exige justicia. Justicia en las inversiones. Justicia en la planificación.Justicia en el trato.

Porque un país que presume de liderazgo turístico no puede permitirse maltratar a uno de sus principales destinos. Y porque los alicantinos ya estamos cansados de ser siempre los últimos.
Todo esto ocurre, además, con un Gobierno en una situación política anómala: perdió las elecciones y evidencia, día tras día, su incapacidad para gobernar. Ni siquiera ha sido capaz de presentar unos Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura.

Sin rumbo, sin cuentas y sin gestión, el resultado solo puede ser uno: abandono. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, Alicante paga como las que más y recibe como la que menos.
Y eso ya no es una percepción. Es una evidencia. Y tiene responsables.

Agustín Almodóbar Barceló es senador por Alicante y portavoz de Turismo del Grupo Popular