Tres años y dos meses le ha costado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, elaborar un segundo documento para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), después de aquel “esqueleto” –como ella misma lo llamó– que envió a las comunidades autónomas en diciembre de 2021. Y tampoco se lo ha currado mucho, porque si aquel documento tenía 240 páginas, el nuevo es mucho más esquelético, 13 páginas, seguramente elaborado deprisa y corriendo –¿con ChatGPT?–, y sin revisar, lo que explicaría el error de bulto de decir una cosa y la contraria respecto a la Comunitat Valenciana.
La cosa pinta bien para los valencianos porque nuestros intereses son muy parecidos a los de Andalucía –lo más importante, que el nuevo SFA esté basado fundamentalmente en el número de habitantes a la hora de repartir el dinero– y se da la circunstancia de que Montero es, desde el pasado 18 de enero, secretaria general del PSOE andaluz. De manera que si quiere tener alguna posibilidad de derrotar a Juanma Moreno Bonilla en las próximas elecciones autonómicas, tendrá que barrer un poco para casa.
Lo de ser juez y parte no le genera a Montero ningún remordimiento, lo que no es ninguna sorpresa en una política que acomoda sus decisiones como ministra a la conveniencia del Gobierno o del PSOE y no del interés general. Ya comenté en otra columna su postura veleta en relación con la financiación singular de Cataluña pactada por ERC y PSC para que Salvador Illa fuera investido presidente o la condonación de la deuda que pactó el PSOE con ERC para la investidura de Sánchez. Y véase lo ocurrido en el Ayuntamiento de Jaén, a cuyo alcalde –del PP– negó Montero una reestructuración de la deuda municipal que ahora sí ha prometido al partido bisagra que ha apoyado una moción de censura del PSOE.
Así que, de pronto, los valencianos vamos a jugar el partido aplazado de la financiación autonómica con la árbitra a favor. Ya están protestando con razón las CCAA del norte, especialmente Aragón. Pero no nos confiemos, no vaya a hacer Cataluña como el Real Madrid y se queje de los árbitros que llevan un siglo legislando a favor de los intereses económicos catalanes. Primero va Cataluña, que pese a ello nunca dejará de quejarse, y después todos los demás, empezando por Andalucía.
El nuevo documento basa el reparto de la financiación en la denominada “población ajustada”, que es el número de habitantes corregido por unas variables que benefician a las regiones con más gente anciana, más niños, más kilómetros cuadrados y más dispersión, además de a los archipiélagos. Si solo se tratara de esos detalles, aún en el peor de los escenarios, el problema de la financiación valenciana estaría solucionado. Siempre, claro, que no nos vuelvan a colar esos fondos adicionales que nadie entiende y que nos dejan a la cola de la financiación.
- Salvador Navarro. -
- Foto: VP
¿Será la hora de la verdad? Por si acaso, Salvador Navarro instaba el otro día a todos los partidos y diputados valencianos a que ejerzan de eso, de valencianos, y presionen y negocien una salida tanto para la abultada deuda –la más alta de todas las CCAA en relación al PIB– como al cambio al modelo de financiación. El presidente de la CEV interpeló directamente a Compromís, “que está en el Gobierno a través de Sumar”, porque de los diputados de PSOE y PP no cabe esperar que dejen de hacer lo que les digan las direcciones nacionales de sus respectivos partidos. En otras palabras, que no hagan como el otro día con el impuesto a la banca, que dejaron a la Generalitat con 30 millones menos al año.
Montero ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el próximo 26 de febrero. No hay orden del día, pero la convocatoria y el nuevo informe del Ministerio han despertado la ilusión de una pronta reforma de SFA. Disculpen mi pesimismo pero mi pronóstico, basado en hechos reales, es que no habrá tal, que llegaremos a 2027, año electoral, y no tendremos reforma. Ni con la árbitra de cara.
