VALENCIA. En pocos deportes se aplica tan sutilmente el arte de gestionar recursos escasos como en el ciclismo. Por eso repito siempre que todo lo poco que sé de economía lo he aprendido dando pedales cada día. Utilizo la bici como transporte en la ciudad a diario (para desazón del portero de mi finca) y soy un modesto ciclista aficionado. No estoy al nivel de pruebas extremas como la Titan Desert, pero me defiendo en alguna que otra marcha ciclolturista.

Los ciclistas estamos en general desprotegidos ante la falta de sensibilidad de algunos conductores. El ciclista tiene tanto derecho a circular por la calzada y a que se le adelante con seguridad dejando un 1'5m de espacio de seguridad. Por otra parte, los ciclistas también tenemos el deber de respetar las normas de circulación. El ciclista debe asegurarse de disponer de todas las medidas de seguridad apropiadas, ya que es el elemento más débil en la calzada.

Para mí ajustarme el casco es un acto reflejo al subirme a la bici, esté por la ciudad, en el campo o en la playa. Además de casco, también tango al día la licencia federativa (o un seguro privado equivalente) para evitar casos como el del ciclista que fue condenado a pagar 10.500 euros a una mujer a la que arrolló en la acera de Colón.

Me sorprende el debate que ha suscitado el uso del casco en ciudad. Desde un punto individual no alcanzo a entender a quien se sube en una bici sin una mínima protección. Pero a nivel socioeconómico también es difícil de comprender la reticencia al uso del casco. Curiosamente, los detractores del uso de caso en la ciudad (recordemos que ya es obligatorio fuera de la ciudad) son colectivos de usuarios del velocípedo como transporte urbano. Los argumentos son básicamente tres:

1. El uso del casco reducirá el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano.

2. Un menor uso de la bici empeoraría la salud de quién renuncia a su uso.

3. La imposición del casco atenta contra la libertad individual.

En cuanto al primer punto, se puede prever un cierto descenso en los sistemas de alquiler como Valenbisi, donde previsiblemente se perderían usuarios que espontáneamente deciden utilizar una bici. Sin embargo, no suele ser habitual salir de casa pensando en utilizar el metro y cambiar de idea a mitad camino. Los estudios que se suelen citar en esta materia no son concluyentes. En Nueva Zelanda y Australia se ha observado un descenso de un uso general de la bici en todo tipo de vías. Pero que en ningún caso establece el estudio una relación significativa entre la imposición del casco y un menor uso de la bicicleta y menos aún una causa directa (Nota: Absténgase de su lectura si se tiene un mínimo de sensibilidad estadística).

De hecho, la evidencia empírica más cercana en este aspecto sugiere que el casco no ha frenado el uso de la bici. Desde el 16 de diciembre de 1999, cuando se estableció la obligatoriedad de circular con casco en vías interurbanas excepto en días de excesivo calor o tramos de prolongada pendiente (Ley 43/1999, 25 noviembre), el uso de la bici no ha hecho más que subir.

Un menor uso de la bici no siempre empeora la salud. De hecho, un mayor uso imprudente de la bici puede tener consecuencias graves para la salud, como sugiere la OMS que realiza un análisis del beneficio y riesgos para la salud de andar e ir en bici. También señala la OMS que andar e ir en bici son sustitutivos en la ciudad, con lo que los perjuicios no serían tan graves sin en vez de pedalear andamos.

En cuanto a la tercera razón, en un ensayo sobre la libertad Stuart Mill señalaba la frase célebre "la libertad del individuo acaba donde empieza la libertad de los demás". La decisión de no ponerse el casco en bici no es individual, ya que genera externalidades sobre terceros. Si por la decisión individual de no ponerse el caso, el ciclista resulta gravemente contusionado, las consecuencias se extienden a su familia y más allá. ¿Acaso no pagamos entre todos el hospital, la ambulancia y en el mejor de los casos el cuidado posterior?

En materia de reglamentación vial, se suele realizar un análisis de coste beneficio. No nos imponen el uso del casco o del cinturón sólo porque se preocupen por nuestras vidas. El coste de imponer medidas en seguridad vial es menor que la factura que hay que pagar en caso de accidente. Tan solo en países donde no hay cobertura sanitaria universal (como EE UU) se pueden permitir el lujo no legislar estos asuntos.

Seguramente la polémica del casco de en la ciudad devendrá en una de las alarmas del día, tras el botellón, los perros asesinos, las carreras ilegales o la gripe aviar, que nos sobresaltan para desinflarse poco a poco. Nos acostumbraremos al casco en la bici como antes lo hicimos con el cinturón de seguridad y el casco en la moto.