VALENCIA. Tras el estallido de la crisis financiera, en el verano de 2010, parecía que se habían sentado las bases para la recuperación de las cajas de ahorros: reforma de la Ley de Cajas, cambio en la normativa de provisiones, reestructuración del sector (pasando de 45 cajas de ahorros a 18) y salida airosa de los test de estrés.

Sin embargo, conforme han pasado los meses se han vuelto a poner de manifiesto las debilidades de las cajas de ahorros existiendo dudas sobre su futuro cercano. En los primeros meses de 2011 se han hecho necesarias medidas adicionales. El Real Decreto Ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero y las nuevas exigencias de capital que éste impone, han supuesto una nueva vuelta de tuerca para el sector. Las entidades se han visto forzadas a reaccionar generalizándose decisiones que hasta hace unos meses se negaban, como la conversión en bancos y su salida a bolsa.

Pero, ¿por qué la situación no ha mejorado en todo este tiempo? La delicada situación de las cajas de ahorros deriva de que no caminan solas, sino que su destino va ligado al del sector de la construcción e inmobiliario. Las cajas de ahorros están expuestas sobremanera al ladrillo (217.000 millones de euros), pero la raíz del problema es que el valor de estos activos está disminuyendo debido al exceso de oferta generado en los años de la burbuja. Así, mientras el sector inmobiliario siga sin mostrar síntomas de recuperación, la situación de las cajas continuará empeorando.

La reducción del apalancamiento inmobiliario de las cajas debería pasar porque se vendiesen más viviendas, pero actualmente esto es misión imposible. Aunque en 2010 han aumentado las transacciones de viviendas (440.000 en 2010 frente a 413.000 de 2009) por el efecto IVA y por la desaparición de la deducción fiscal, las transacciones son todavía un 20% inferiores a las de 2008. No se venden pisos, pero los precios tampoco bajan suficientemente rápido. De acuerdo con los datos de la Sociedad de Tasación, los precios de la vivienda nueva han caído desde máximos (junio de 2007) únicamente un 14% en términos nominales y un 20% en términos reales (deflactor: IPC), existiendo todavía una elevada sobrevaloración (The Economist la cifra en el 40%).

Una mayor rapidez en el ajuste de los precios de la vivienda implicaría que las entidades financieras tendrían que asumir pérdidas excesivas que dañarían notablemente su solvencia pero, por otro lado, se aceleraría la salida de la crisis. En cambio, si el sector inmobiliario sigue con un ajuste a cámara lenta durante varios años, la agonía de las cajas de ahorros también será prolongada, aumentando con el tiempo las inyecciones de capital necesarias para cubrir el deterioro de los activos, como está sucediendo desde el comienzo de la crisis en 2007.

Parece llamativo que, al tiempo que se están implementando y discutiendo las medidas de apoyo y rescate al sector financiero, no exista un debate igualmente intenso sobre cómo dinamizar el sector inmobiliario con medidas destinadas, por ejemplo, a fomentar el alquiler.

Dado que se vuelve a esperar otro año de atonía en el sector inmobiliario, la clave para el futuro de las cajas a corto plazo está en el efecto que el excesivo peso del ladrillo tendrá sobre la cuenta de resultados y sobre la solvencia. El endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo, la elevada tasa de paro y el estancamiento en los niveles de renta hacen presagiar un incremento de la morosidad y de las daciones en pago. Además, las entidades financieras tienen también un difícil problema sobre cómo liberar la gran cantidad de suelo que tienen en su balance (23.000 millones de euros).

En suma, el panorama al que se enfrentan las cajas de ahorros está plagado de incertidumbres derivadas de que su futuro inmediato está ligado al del sector inmobiliario. Acelerar el ajuste de este último contribuirá a definir la situación de las cajas de ahorros. De lo contrario, la agonía de ambos irá de la mano.

Dicho todo esto, una reflexión al margen. Dados los riesgos sistémicos, a las entidades financieras se les exige un coeficiente de recursos propios (requerimiento de capital) para limitar su apalancamiento. Por su parte, las empresas inmobiliarias suelen operar con elevados niveles de endeudamiento. ¿Por qué a estas últimas no se les pide también un volumen de recursos propios en función de su riesgo que limite su apetito por el endeudamiento en las etapas expansivas?
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Juan Fernández de Guevara es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e Investigador del Ivie