VALENCIA. Tras meses y meses mintiendo acerca del importe pagado al ególatra arquitecto Santiago Calatrava, ahora se ha conocido que la Generalitat Valenciana abonó 15 millones mediante cheques (?) por el diseño de unas torres que se sabían casi imposibles de construir. Es una prueba más de una forma de gobernar que aunque encabezada por Francisco Camps, cuenta todavía hoy con reconocidos representantes en la primera línea de la política valenciana.
Ahora que el Gobierno autonómico sigue sin pagar -porque no puede- a los proveedores pero financia eventos espasmódicos, o aeropuertos sin aviones, que tiene la manos atadas para sacarnos de donde estamos en términos de deuda e impotente para impulsar una inversión pública que fomente la recuperación, nos enteramos, casi por casualidad, que los tan repetidos 2,6 millones pagados al arquitecto en Suiza eran mentira; que lo abonado fue una cifra cinco veces mayor.
Una mentira más de las muchas que vamos descubriendo escuchadas de boca de los gestores públicos sin que hasta la fecha nadie haya pedido disculpas alguna por ello. Las elecciones del 22 de mayo pasado y las próximas del 20N no pueden ser en modo alguno un gigantesco tsunami de amnesia sobre todo lo que nos ha colocado donde estamos hoy.
Debe saberse que esos 15 millones, pagados desde la Sociedad Ciudad de las Ciencias y las Artes SA, no son una excepción. Se vienen a sumar a los otros muchos que con diversos motivos, como la visita de Benedito XVI, FITUR, el contrato leonino de la Fórmula 1, o la expansión injustificada de altos cargos, se han despilfarrado a manos llenas en estos años pasados. Y que son la causa de que la actualidad valenciana no abandone los tribunales por casos vinculados a la corrupción y de que hoy los intereses pagados por la deuda se coman una proporción descomunal del presupuesto de la Generalitat. Una situación que no va a cambiar porque si no se mejora la reputación adoptando medidas ejemplares, los intereses de las nuevas emisiones en los próximos meses van a ser espectaculares.
Y debe saberse también qué significan esos 15 millones entregados a cambio de una foto de Camps y Barberá con la maqueta y su autor para los valencianos. Significan, por ejemplo, los ingresos de casi 2.000 ciudadanos valencianos en el paro cobrando todos y cada uno de ellos un año de salario mínimo. O significa becar por el 100% del importe de su matrícula durante los cinco años de un Grado universitario a los 3.380 estudiantes más brillantes (o de menores recursos) de la Comunidad Valenciana. Podrían haber significado pues muchas de las necesidades que siguen sin cubrirse entre nosotros.
Y aun debemos escuchar a la portavoz del Consell, Lola Johnson, que tan valiosas maquetas representan un 'activo' (!) de la Generalitat. Pues sáquenla al mercado, véndalas y atendamos a 2.000 parados sin ingresos...
A la vista de todo ello, cabe defender que el cambio de rumbo que insinúa la actuación hasta ahora de Alberto Fabra no conducirá a recuperar la reputación de nuestros gestores públicos ni del crédito de la Generalitat si no se adoptan medidas ejemplares en relación con estos casos de sistemática ocultación del uso dado a nuestros impuestos.
A este panorama se suma la penosa situación de las entidades financieras autóctonas, que siguen gestionando y administrando quienes las han llevado al desastre, al declive industrial y, en definitiva, a esos 617.300 parados que hay en la Comunidad Valenciana. Frente a los cuales Fabra y su Consell ya no tienen a Zapatero para tratar de ocultar sus competencias y responsabilidades.
