Lo siento por las víctimas de la Dana y sus familiares, pero la única esperanza que pueden tener de que el TSJCV siente en el banquillo a Carlos Mazón —una condena es improbable— es que los magistrados de nuestro tribunal superior hagan como los de la Audiencia Provincial de Valencia con Mónica Oltra: llevarla a juicio "sin que exista un solo indicio racional de criminalidad", en palabras del juez de Instrucción, Vicente Ríos, que había archivado el caso con el apoyo de la Fiscalía.

Existe cierto paralelismo, desde el punto de vista procesal, entre los dos casos, que la casualidad ha querido que volvieran a las primeras páginas el mismo día, a raíz de sendos escritos que sostienen la misma tesis: que el máximo responsable político es también el máximo responsable penal, aunque no haya pruebas que lo demuestren. Y no porque no las hayan buscado.

En el caso de Oltra, el instructor hizo todo lo posible por encontrar un indicio de que la investigada tuvo algo que ver en la negligencia colectiva en su conselleria. Recordemos que no amparó a la adolescente bajo tutela de la Generalitat que en 2017 sufrió abusos sexuales por parte del exmarido de la entonces vicepresidenta.

El juez rebuscó llamadas y mensajes de Oltra y su equipo, interrogó a un buen número de imputados y testigos por si alguien la señalaba y verificó su primera versión, en Les Corts, de que no supo nada desde la primera denuncia de la joven en el mes de febrero hasta que el 4 de agosto llegó la notificación judicial a su casa. Dirigía la conselleria que tutelaba a la joven y no se enteró de nada.

Puede que el error de Ríos fuese exonera a todos los acusados cuando no encontró pruebas de que Oltra hubiese intervenido en la sucesión de irregularidades que dejaron desamparada a la víctima. 

Como dice la Audiencia Provincial, los hechos narrados por el propio instructor son tan graves, que merecen al menos un juicio para ver si cometieron delito las personas que tenían a su cargo a la adolescente o los funcionarios que sí tomaron decisiones al respecto. A Oltra la incluyen por ser la responsable política, responsabilidad que ya pagó con su dimisión.

Tampoco la jueza de Catarroja ha encontrado, por el momento, ninguna prueba contra Mazón. Nuria Ruiz Tobarra lleva meses centrada en hallar evidencias de que el expresidente dio alguna orden en medio del desorden o de que retrasó el envío del ES-Alert. Sin ningún resultado que no sea su lógica personal, como viene a reconocer en la exposición razonada de 109 folios que envió al TSJCV el pasado martes: "La posibilidad de que el President fuera ajeno a las órdenes expresadas por su Jefe de Gabinete resulta ilógico (sic)".

Parece más lógico pensar que, si Mazón no se enteró de nada en toda la tarde, su "ajenidad" —como la denomina la jueza—, también afectara a las actividades de su mano derecha, José Manuel Cuenca. En cualquier caso, la instructora no tiene esa prueba ni parece confiar en encontrarla, ya que envió el escrito razonado el martes cuando tenía pendientes, esta misma semana, varios interrogatorios al círculo más estrecho de Mazón, así como una comisión rogatoria cursada para que Whatsapp rescate los mensajes que el expresidente y Cuenca cruzaron aquel 29 de octubre. 

El empecinamiento de la jueza de Catarroja por la caza mayor recuerda al caso Valmor, un escándalo mayúsculo en que el entonces fiscal Vicente Torres se empeñó en que Paco Camps era culpable de todo por ser el máximo responsable del Consell, además de amigo de Ecclestone. De manera que, después de cuatro años de investigación, Torres pidió procesar en solitario a Camps, que no había firmado ningún papel, y exonerar a los altos cargos y funcionarios que manejaron el asunto, por orden del president, según sospechaba el fiscal. Pero la jueza archivó el caso porque se había retirado la acusación contra los presuntos autores materiales y contra Camps no había "serios indicios de delito".

Y lo que ocurrió fue que quien era máximo responsable de una administración y de un partido que recibieron varias condenas por corrupción va ahora sacando pecho porque el salió de rositas. Y acaba presentándose como víctima de una persecución político-judicial, como hará Mónica Oltra cuando sea absuelta.

Mazón no se atreverá a tanto, pero si la causa judicial contra él acaba en nada, no faltará quien, a las críticas hacia su infame proceder el 29-O, responda que los jueces lo absolvieron. Y el esfuerzo de la instructora por contentar a las víctimas acabará generando frustración y desconfianza en la justicia.

El escrito de Ruiz Tobarra es un largo relato encaminado a que se investigue penalmente al expresident por ser la máxima autoridad en la Generalitat. Un relato en el que nos queda clara la indolencia de Mazón, que la jueza califica de "grosera negligencia", pero en el que es difícil ver dónde está el delito, según reconocen hasta los enemigos más acérrimos del exlíder del PP valenciano.

Una exposición, como suele ocurrir en este tipo de escritos, que contiene evidencias a toro pasado y detalles anecdóticos convertidos en pilares del razonamiento, mientras se pasan por alto hechos que no se ajustan al relato.

Por ejemplo, se llega a la conclusión de que la Generalitat, y por tanto el Cecopi que dirigía la consellera Salomé Pradas, tenía “información suficiente” para saber lo que estaba pasando en el el barranco del Poyo, cuando si algo ha quedado claro durante la instrucción, porque lo han reconocido todos los que allí estaban, es que en el Cecopi, hasta pasadas las siete de la tarde, nadie tuvo ni idea de lo que estaba pasando en l’Horta Sud, por muchas llamadas que hubiese al 112, por muchas imágenes que ofreciese À Punt, por muchos mandos uniformados de diferentes cuerpos de emergencias que asesorasen a Pradas y por muchos emails que enviara la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo presidente tampoco consideró necesario avisar de viva voz a los presentes cuando vio que allí solo se hablaba del pantano de Forata.

De esa concreta negligencia colectiva no es responsable penal Mazón porque no estaba allí, sino en El Ventorro pasando de todo.