Hay edificios que pertenecen a una administración y edificios que pertenecen a una ciudad. El Teatro Principal de València figura registralmente entre los primeros, pero sentimentalmente forma parte de los segundos. Desde 1832 ha visto pasar generaciones de valencianos, actores, compañías, músicos y espectadores. Por eso su cierre no puede despacharse como una incidencia técnica ni resolverse trasladando unas cuantas funciones de escenario.
El Principal ha cerrado. Y València se ha quedado un poco huérfana.
Conviene empezar por lo evidente: si un informe técnico dice que un teatro no reúne las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de trabajadores y espectadores, el teatro debe cerrarse. Sobre eso no debería existir controversia política alguna. El informe conocido esta semana describe deficiencias estructurales y funcionales, problemas de evacuación, protección contra incendios y accesibilidad. La rehabilitación integral se calcula en torno a los 50 millones de euros y el cierre puede prolongarse, como mínimo, cuatro años.
La cuestión política, por tanto, no es por qué se cierra.
La pregunta incómoda es cómo hemos llegado hasta aquí.
Porque un teatro construido hace casi dos siglos no amanece un lunes con problemas estructurales. No envejece de repente. No descubre una mañana que sus sistemas de evacuación son insuficientes. Y, de hecho, parte de las deficiencias eran conocidas con anterioridad: ya en junio se había emitido un informe urgente que advertía del riesgo de desprendimientos en la fachada, mientras que otros problemas aparecían en documentación procedente del Plan Director iniciado en 2021.
Hay una imagen que resume mejor que cualquier discurso la descoordinación institucional: el lunes se presenta solemnemente la nueva temporada y el martes se anuncia que el teatro tiene que cerrar inmediatamente. Veinticuatro horas entre el entusiasmo y el candado.
No sorprende que los profesionales de las artes escénicas se hayan echado a la calle. Este jueves actores, actrices, dramaturgos y trabajadores del sector se concentraron ante las puertas del Principal reclamando coordinación, explicaciones y un calendario concreto de reapertura. Han descrito lo ocurrido como una “crónica de una muerte anunciada” y recuerdan que el deterioro del edificio llevaba años siendo visible.
Son ellos quienes corren el riesgo de convertirse en los verdaderos huérfanos de esta historia.
Porque cuando cierra un gran teatro público no desaparecen únicamente sus butacas. Se pierde un espacio de trabajo, de creación, de exhibición y de encuentro. La cultura también son nóminas, compañías pequeñas, técnicos, intérpretes que esperan una oportunidad y producciones valencianas que necesitan un escenario donde encontrarse con el público.
Es cierto que la Generalitat ha reaccionado trasladando las ocho propuestas inicialmente previstas en el Principal a la sala Martín i Soler de Les Arts. Es una solución necesaria y permite conservar la programación. Pero reubicar funciones no equivale a sustituir un teatro. Del mismo modo que trasladar temporalmente los libros de una biblioteca no convierte cualquier habitación en una biblioteca.
Y en medio de todo ello aparecen nuestras administraciones representando una función que los valencianos conocemos demasiado bien: la de averiguar quién sabía qué, quién avisó a quién y quién debe pagar ahora la factura.
Vicent Mompó ha defendido que la Diputación actuó en cuanto recibió la pericial definitiva, sostiene que la situación viene de años atrás y ha pedido la implicación del Ayuntamiento, de la Generalitat y del Gobierno de España para financiar la rehabilitación. Este jueves ha anunciado además que la institución prepara ya la licitación del proyecto y ha pedido "dejar atrás los personalismos".
Está bien reclamar unidad institucional. Pero esa unidad será mucho más convincente cuando venga acompañada de fechas, presupuesto, responsabilidades claras y un calendario público que permita saber cuándo volverá a levantarse el telón.
María José Catalá, por su parte, ha reconocido su enfado por cómo conoció el cierre y ha planteado que el Ayuntamiento pueda entrar en la propiedad del Teatro Principal, incluso mediante una participación compartida con Diputación y Generalitat. Es una propuesta que deberá concretarse.
La alcaldesa ha definido el Principal como “el corazón de la ciudad”. Precisamente por eso su papel no debería limitarse a contemplar desde la plaza cómo se apaga ese corazón mientras otras administraciones discuten quién paga el desfibrilador. El Ayuntamiento no es propietario del edificio, pero la alcaldesa de València sí representa a la ciudad que pierde durante años uno de sus principales espacios culturales.
No se trata de buscar un culpable sencillo para un deterioro acumulado durante décadas. Sería intelectualmente pobre y probablemente injusto. Se trata de exigir algo más difícil: responsabilidad institucional compartida sin que esa responsabilidad termine diluyéndose entre todas las administraciones hasta que no sea responsabilidad de nadie.
La cultura pública suele sufrir una peculiar enfermedad administrativa. Mientras todo funciona, parece que puede esperar. Las inversiones se aplazan, las reformas se fragmentan y el mantenimiento raramente produce fotografías espectaculares para una campaña institucional. Hasta que un técnico firma un informe y descubrimos que aquello que podía esperar ya no puede esperar un día más.
Entonces todos corremos.
El Principal merece algo mejor que una carrera de última hora.
Merece un acuerdo entre Diputación, Generalitat, Ayuntamiento y, si corresponde, Gobierno de España. Merece financiación plurianual, transparencia sobre las obras y una fecha de reapertura sometida al escrutinio público. Y el sector cultural merece saber dónde va a trabajar mientras tanto.
Dentro de cuatro años, ojalá sean menos, volveremos a sentarnos en sus butacas. Se apagarán las luces, alguien levantará el telón y probablemente olvidaremos durante unas horas toda esta discusión.
Eso es precisamente lo maravilloso del teatro.
Pero hasta entonces València tendrá que convivir con una fachada cerrada en el carrer de les Barques que recordará cada día algo bastante menos poético: que conservar la cultura también consiste en conservar los lugares donde la cultura ocurre.
Y que una ciudad puede quedarse huérfana incluso teniendo muchos padres administrativos.
