Las columnas de opinión que publico ocasionalmente desde hace diez años en VP, AP y CP están condicionadas por mi responsabilidad en Juristes Valencians. Por ello escribo casi siempre sobre cuestiones vinculadas al autogobierno valenciano y con una finalidad concreta. A veces para animar a quienes dudan de la recuperación de nuestra capacidad legislativa civil prevista en l’Estatut, que hoy tenemos más cerca que nunca gracias a la invitación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el pasado 21 de octubre, para defender la propuesta de reforma constitucional impulsada por Les Corts en febrero de 2020.

También escribo para responder a quienes sostienen que la Constitución no puede ocuparse de cuestiones supuestamente menores —como si el derecho de familia o las normas sucesorias lo fueran— o que una reforma de este tipo podría comprometer la estabilidad institucional, cuestión que interesadamente han difundido quienes no tienen reparo en alcanzar acuerdos con Junts o el PNV cuando les conviene. Nada más lejos de la realidad: el artículo 167 de la Constitución exige una mayoría de tres quintos en Congreso y Senado para cualquier reforma ordinaria, por lo que ninguna modificación es posible sin el apoyo del Partido Popular. De hecho, recientemente se ha reformado la Constitución para otorgar representación directa en el Senado a la isla de Formentera, por cierto también reconquistada por Jaume I en 1235.

En ocasiones he utilizado esta tribuna para señalar la inacción de determinados responsables políticos. Sin embargo, esta columna —que es casi una súplica— es diferente. La escribo con decepción y preocupación, como último recurso dirigido a quien encarna institucionalmente el autogobierno valenciano.

Comparto la tesis de Walter Bagehot según la cual las instituciones también se representan a través de las personas que las encarnan, como mantenía respecto de los reyes ingleses. El Molt Honorable President, Juanfran Pérez Llorca, simboliza hoy la continuidad de una institución con raíces históricas profundas, heredera de los Furs y del legado político del Reino de Valencia creado por Jaume I. Por ello, muchas de las esperanzas y expectativas de los valencianos respecto a nuestro autogobierno descansan también sobre sus decisiones.

Finalmente, publico estas reflexiones tras esperar durante meses una reunión que considerábamos inminente y después de soportar, con paciencia, decisiones y maniobras políticas dirigidas contra Juristes Valencians por mantener una posición coherente y exigente en defensa de los intereses valencianos.

Aun así, creemos que todavía hay tiempo para responder a la carta de Francina Armengol y preservar la dignidad de las instituciones valencianas.

Esta apelación directa al President de la Generalitat pretende desbloquear una situación inédita relacionada con la recuperación efectiva del derecho civil valenciano. Hasta ahora, las instituciones valencianas han actuado con relativa rapidez para recuperar esta competencia. Los obstáculos siempre aparecían en Madrid, como ocurrió en febrero de 2024, cuando las Mesas del Congreso y del Senado rechazaron incorporar una enmienda en la reforma constitucional del artículo 49. En los últimos meses, hemos detectado resistencias inesperadas que deben reconducirse urgentemente.

Nadie desconoce que la tarea del President no es sencilla. La Generalitat afronta enormes desafíos: infrafinanciación crónica, infraestructuras insuficientes, competencias infradotadas y las consecuencias de episodios como la Dana. A ello se suma la tradicional falta de lealtad hacia nuestra tierra por parte de los grandes partidos estatales y la necesidad de gobernar con socios poco comprometidos con el autogobierno valenciano.

Desde su llegada a la Presidencia, Juristes Valencians ha solicitado en varias ocasiones una reunión. Creemos sinceramente que el President debería escucharnos. Estamos acostumbrados a tratar con los Molthos, como bautiza mi amiga Lorena Ferrandis a los inquilinos del Palau de la Generalitat, con muchos de los cuales nos hemos reunido. Somos previsibles: anunciamos nuestras actuaciones y procuramos cumplir aquello que defendemos.

Porque en este momento existe una responsabilidad vinculada al autogobierno que depende exclusivamente del President y que marcará su mandato. Lo que nos estamos jugando los valencianos, por más que numerosas entidades sociales, académicas e institucionales lo impulsen desde hace más de una década, hoy depende fundamentalmente de una decisión política que solo él puede adoptar.

Cuando finalmente nos reciba, le diremos que la posibilidad de volver a legislar en materia civil nunca ha estado tan cerca. Estamos ante una oportunidad histórica para eliminar una discriminación que se remonta a junio de 1707, cuando Felipe V derogó els Furs y suprimió todo vestigio de la singularidad política e institucional que a partir de 1238 nos confirió Jaume I.

Pero esta oportunidad tiene fecha de caducidad, MH President, y por medio de esta columna conviene recordarlo. Los de Juristes podemos ser más o menos amables, pero nada cambiará la realidad de que, si Les Corts no contestan a la presidenta Armengol ni envían al Congreso la terna de diputados defensores de la identidad valenciana, la responsabilidad será exclusivamente del actual President de la Generalitat.

Porque será por su actuación respecto a este asunto por lo que pasará a la historia valenciana. En la última concentración que realizamos el pasado 24 de abril, ante Les Corts, en un discurso improvisado lo dije públicamente: la cuestión es si desea pasar a la historia como el President que renunció al autogobierno; si desea acompañar en la nómina de quienes impidieron la recuperación del derecho civil propio a Felipe V y a José Luis Rodríguez Zapatero, el Presidente de Gobierno que, al plantear en 2008 un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Régimen Económico Matrimonial, cuestionó la competencia que él mismo pactó en la reforma del Estatut en 2006, con nefastas consecuencias tras las Sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016 sobre la cuestión.

Consultado el calendario parlamentario, todavía es posible incorporar la designación de los diputados encargados de defender la proposición de reforma constitucional en los plenos de los días 17 y 18 de junio. Para ello, la Junta de Síndics debe desbloquear la cuestión la semana anterior, es decir este próximo martes. De no hacerlo, resultará muy difícil que la iniciativa pueda ser aprobada por el Congreso antes del parón estival.

Si esta cuestión no se desbloquea de inmediato, quedará en evidencia la renuncia del PPCV a uno de los compromisos de su programa electoral de 2023 y se confirmará la desaparición de un cierto valencianismo que durante décadas reivindicaron dirigentes como Camps y González Pons, y en el que creyeron votantes y militantes de Unió Valenciana que se integraron en el PP valenciano a partir de las elecciones autonómicas de 1999.

Sería también dar la espalda a una reivindicación ampliamente compartida por la sociedad valenciana: recuperar la capacidad de aprobar leyes que regulen con modernidad y seguridad jurídica cuestiones tan relevantes como el régimen económico matrimonial, la custodia compartida o las uniones de hecho, así como disponer de leyes sucesorias que otorguen mayor libertad personal y contribuyan a la pervivencia intergeneracional de las empresas familiares.

La mejor manera de celebrar el Any Jaume I es defender su legado jurídico y político. Y eso exige designar cuanto antes a los diputados que deberán defender ante el Congreso la reforma constitucional que permita recuperar plenamente nuestra capacidad legislativa civil. No puedo dejar de pensar que el Rey pudo promulgar conjuntamente hace unos días la reforma relativa al senador de Formentera y la impulsada por Les Corts Valencianes. Francina Armengol invitó a defender la recuperación del Derecho Civil Valenciano en la misma fecha en que remitió la carta al presidente del Parlament Balear. Todavía estamos a tiempo de celebrar este año 2026 dos reformas territoriales de la Constitución, la nuestra y la de Formentera, para honrar al rey fundador de nuestro Regne.

No vivamos otra Almansa, MH President, precisamente en el Any Jaume I.

José-Ramón Chirivella Vila es abogado y Presidente de l'Associació de Juristes Valencians