La universidad del siglo XXI ya no puede definirse únicamente por su capacidad de generar conocimiento ni por su función docente. En un contexto global marcado por desigualdades persistentes, crisis sanitarias y transformaciones tecnológicas aceleradas, la llamada "tercera misión" —la transferencia de conocimiento— se ha convertido en el verdadero indicador de su relevancia pública.
La transferencia no es un trámite administrativo ni un simple mecanismo de valorización económica. Es, ante todo, un compromiso ético con la sociedad que sostiene la institución. Representa el momento en que la investigación abandona los márgenes académicos y se convierte en bienestar tangible. En el ámbito de la salud, esta misión adquiere una dimensión especialmente profunda: la ciencia solo alcanza su plenitud cuando mejora la calidad de vida y amplía las oportunidades de cuidado para toda la población. Por ello, la universidad no puede limitarse a producir artículos científicos o formar profesionales altamente cualificados. Debe garantizar que el conocimiento generado incida de manera efectiva en la práctica clínica, en la gestión sanitaria y en el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia.
Tradicionalmente, la transferencia se ha asociado a la creación de patentes, fármacos o dispositivos médicos. Sin duda, estos avances son fundamentales. Sin embargo, representan solo una parte del impacto real que la universidad puede ejercer sobre el sistema sanitario. La transferencia en salud es, en esencia, un proceso continuo de traducción del conocimiento científico en decisiones concretas. Implica convertir datos en protocolos asistenciales, investigaciones en guías clínicas y resultados epidemiológicos en estrategias preventivas.
Cuando la universidad colabora activamente con el sistema sanitario, aporta el rigor metodológico necesario para que las políticas públicas no respondan únicamente a urgencias coyunturales, sino que se diseñen desde una perspectiva estratégica y sustentada en evidencia sólida. Esta dinámica se manifiesta a través de la cooperación con redes de investigación e institutos sanitarios, permitiendo que el saber universitario impregne la estructura institucional y social y favorezca la innovación en prevención, diagnóstico y tratamiento.
Ahora bien, no toda transferencia garantiza justicia social. Existe el riesgo de que los beneficios del conocimiento se concentren en quienes ya disponen de mayores recursos. Por ello, el impacto social debe evaluarse desde el prisma de la equidad. Una transferencia verdaderamente responsable es aquella que actúa como mecanismo de compensación frente a desigualdades históricas. Democratizar el saber significa asegurar que los avances científicos lleguen a todos los niveles asistenciales, desde los hospitales de alta complejidad hasta los centros de salud rurales. La excelencia clínica no puede depender del territorio ni del nivel socioeconómico.
La investigación universitaria desempeña también un papel decisivo en la identificación de brechas invisibles. Los estudios epidemiológicos y el análisis de los determinantes sociales de la salud permiten detectar desigualdades vinculadas a factores económicos, geográficos o de género. La universidad no solo describe estas brechas, sino que proporciona herramientas para corregirlas, orientando intervenciones y políticas públicas más justas.
La tercera misión comienza también dentro de la propia institución. Para que el impacto sea profundo y duradero, la universidad debe impulsar una transformación docente. Los futuros profesionales de la salud han de formarse no solo en competencias técnicas, sino también en la comprensión de la dimensión social de su práctica. La medicina y las ciencias sanitarias no pueden desvincularse de los contextos culturales y económicos en los que operan.
Paralelamente, la transferencia se proyecta hacia la ciudadanía. La alfabetización en salud constituye una herramienta fundamental de empoderamiento. Una población que comprende los fundamentos científicos de su bienestar está mejor preparada para adoptar hábitos saludables y exigir políticas públicas equitativas. En este ámbito, la universidad tiene una responsabilidad comunicativa ineludible: traducir sus hallazgos a un lenguaje accesible, combatir la desinformación y fortalecer la confianza en la ciencia.
En última instancia, la transferencia de conocimiento es el puente que conecta la universidad con la realidad cotidiana. Transforma la investigación en acción y convierte el saber en un instrumento de justicia social. En el campo de la salud, este proceso se traduce en una medicina más humana, eficiente y equitativa.
El éxito de una institución universitaria no puede medirse exclusivamente por el volumen de publicaciones o su posición en rankings internacionales. Debe evaluarse también por el alcance real de su impacto: por las políticas públicas inspiradas en su evidencia, por las desigualdades reducidas y por las vidas mejoradas gracias a su contribución. La ciencia es un bien común. Cuando la universidad orienta su transferencia hacia la equidad sanitaria, el conocimiento deja de ser privilegio y se convierte en derecho compartido. Ese es, en definitiva, su mayor legado social.
José María Montiel es profesor de Medicina y Odontología. Candidato a vicerrector de Innovación y Transferencia en el equipo de Juan Luis Gandía a la Universitat de València
