Hay una pregunta que estos días, tras el accidente ferroviario de Urda, merece la pena hacerse: ¿cómo se gestionarían las grandes infraestructuras públicas si quienes toman las decisiones fueran expertos en la materia y tuvieran la experiencia de décadas gestionando y creando empresas, invirtiendo su dinero y respondiendo por sus resultados?
Antes de cualquier reflexión, un abrazo a las víctimas del accidente y a sus familias. La justicia y los expertos deberán determinar qué ocurrió y depurar las responsabilidades correspondientes. Pero la ciudadanía también tiene derecho a preguntarse si estamos haciendo las cosas bien.
Me ha llamado especialmente la atención la actitud de Carlos Bertomeu, presidente de Iryo. Sus declaraciones desde el puesto de mando, su implicación personal y su ofrecimiento de poner los recursos de la compañía a disposición de las familias y de las autoridades transmiten algo que no se aprende en un manual de comunicación: sentido de la responsabilidad y empatía real. Sin guion, sin postureo mediático.
No es la primera vez que me encuentro con ese ADN empresarial. Hace años, cuando preparaba un artículo sobre cooperación empresarial y utilizaba los acuerdos entre Iberia y Air Nostrum como ejemplo, solicité información a la compañía. Quien me llamó fue el propio Bertomeu, entonces director general de la empresa de vuelos regionales, para explicarme cómo funcionaba el proyecto y ayudarme a fundamentar correctamente mis argumentos. Un empresario que dedicaba su tiempo a que un analista no se equivocara.
Su trayectoria merece atención. Bertomeu ha dirigido y construido empresas en sectores maduros y complejos. Air Nostrum, Iryo, su participación en IVI o su apuesta por proyectos vinculados a la extinción de incendios responden a una forma de emprender: detectar qué se puede hacer mejor, estudiar por qué no se está haciendo, preparar una alternativa y asumir el riesgo de ejecutarla.
Él mismo ha explicado que las buenas empresas las hacen las buenas personas y que los proyectos complejos exigen una preparación extraordinaria. No basta con tener una idea: hay que conocer el sector, rodearse de quienes saben, planificar y presentar soluciones trabajadas. Son principios que parecen elementales, pero que no a menudo encontramos en la gestión pública.
Imaginemos por un momento que al frente del Ministerio de Transportes hubiera alguien con una trayectoria empresarial como la suya. ¿Qué inversiones habría priorizado? ¿Qué profesionales habría incorporado a su equipo? ¿Qué sistemas de seguimiento, mantenimiento y control habría exigido? ¿Cómo habría gestionado los riesgos?.
No afirmo que un empresario esté automáticamente capacitado para dirigir una Administración, ni que la empresa privada sea un modelo perfecto. Son realidades distintas. Sin embargo, hay principios de gestión que deberían ser comunes: planificación, conocimiento técnico, selección del talento, evaluación de riesgos y responsabilidad sobre las decisiones.
En una empresa, una inversión estratégica no se improvisa. Antes de construir una planta, comprar maquinaria o abrir una nueva línea de negocio, se estudia la viabilidad, se calcula la financiación y se identifican los riesgos. Si se hace mal, se puede perder dinero, comprometer la continuidad de la compañía y poner en peligro puestos de trabajo. Quien toma la decisión tendrá que dar explicaciones a socios, empleados, proveedores y clientes.
En la Administración, sin embargo, demasiadas veces parece que la responsabilidad se diluye entre departamentos, organismos y cargos. Pensemos, además, en las dificultades de gestionar inversiones estratégicas cuando un Gobierno lleva años sin aprobar nuevos presupuestos generales. Ninguna empresa abordaría con normalidad una inversión de millones sin un marco presupuestario y una planificación que permitieran garantizar su ejecución.
La Dana de Valencia también debería servirnos de reflexión. Cuando existen estudios que identifican riesgos y actuaciones necesarias, pero las inversiones no llegan a ejecutarse, la pregunta no puede limitarse a quién redactó el informe. Hay que preguntarse quién debía convertirlo en una decisión, quién tenía que priorizarlo y quién debe responder por su ejecución.
Y hay otra cuestión de fondo: ¿cómo elegimos a quienes gestionan nuestros recursos?
Quizá deberíamos mirar más hacia espacios como la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), donde empresarios y directivos con trayectorias muy distintas comparten experiencias, decisiones, errores y aprendizajes con generosidad y humildad. Personas que han invertido, arriesgado su patrimonio, levantado proyectos desde cero, perdido dinero y creado riqueza y empleo. Democratizan las claves de gestión para aprender más y mejor.
¿Por qué los puestos de máxima responsabilidad pública no deberían incorporar también perfiles profesionales seleccionados por su experiencia, mérito y capacidad? ¿Por qué la afinidad política, la confianza personal o el reparto de responsabilidades partidistas han de pesar más que el conocimiento demostrado de una materia?
No se trata de excluir a los políticos ni de convertir a los empresarios en una nueva clase dirigente. Se trata de exigir a todos los responsables públicos una preparación acorde con la dimensión de las decisiones que adoptan. Y de rodearse de profesionales que sepan más que uno mismo, no de personas elegidas simplemente porque comparten una determinada sensibilidad política.
Carlos Bertomeu representa una cultura empresarial que merece reconocimiento: preparación, perseverancia, conocimiento, inversión, capacidad para construir equipos y compromiso cuando las cosas se complican. Su presencia en Urda y su reacción ante la tragedia nos recuerdan que detrás de las empresas hay personas y que la responsabilidad no termina cuando se emite un comunicado.
La investigación determinará qué ocurrió. Pero hay una reflexión que no deberíamos dejar pasar: gestionar dinero público exige tanto rigor como gestionar el propio. La Administración necesita aprender de quienes han construido proyectos complejos; los puestos de responsabilidad deben abrirse al mérito y a la experiencia; y quienes deciden sobre nuestros recursos deben rendir cuentas.
Porque el dinero público no es de nadie en particular, pero es de todos. Y alguien debe responder por cómo se administra.
