En una jugada a la desesperada, desdiciéndose de su cacareado compromiso de agotar la legislatura ―una de tantas mentiras―, Pedro Sánchez ha convocado a las urnas a los españoles. Por fin, una buena noticia que celebramos quienes pensamos que, por motivos de higiene democrática, resulta necesario desalojar a unos gobernantes que han convertido la política española en una cloaca al servicio de sus propios intereses.
Las elecciones generales del 29 de noviembre deberían poner fin a más de ocho años de destrozo institucional, social y moral. Aquel “insensato sin escrúpulos” al que ya en 2016 se refería El País en un célebre editorial, ha demostrado ser un aprendiz de autócrata iliberal que ha hecho todo lo posible por sembrar la discordia entre los españoles y liquidar el espíritu de la Transición, en una suerte de voladura controlada de los pilares del sistema constitucional de 1978.
Pedro Sánchez siempre apuntó maneras escasamente democráticas: basta recordar los episodios turbios de los que se valió para alcanzar el poder tanto en el PSOE como en el Gobierno, y con qué compañeros de viaje lo hizo. Su historial combina la corrupción de sus más estrechos colaboradores y familiares, la asociación política con todas las fuerzas extremistas y los ataques y descalificaciones a los poderes judicial y legislativo.
El estilo grosero de Sánchez y su concepción guerracivilista de la política quedaron meridianamente retratados en el debate de su investidura en 2023, cuando levantó un muro contra la mitad de los españoles, en lugar de comprometerse a gobernar para todos. Esta significativa declaración de intenciones mostró el verdadero leitmotiv del sanchismo: agitar el enfrentamiento como gasolina para su maquinaria de deslegitimación del adversario, aplastamiento de toda discrepancia y colonización de las instituciones.
Fiel a su modus operandi y habitual falta de decoro institucional, Sánchez convirtió el anuncio de la convocatoria electoral desde la Moncloa en un mitin incendiario y demagógico. Con un balance de gestión trufado de trolas, dio inicio a la estrategia sanchista de llevar la campaña al límite enarbolando la bandera de las reivindicaciones y retórica de la izquierda más extrema y alentando el conflicto en la calle, que él no puede pisar, ¡contra la oposición!
Convencido de su capacidad para capitalizar electoralmente el malestar social por la vivienda, Sánchez no ha dudado en aprovecharse y explotar obscenamente situaciones como la de Maricarmen. Y ahora se presenta hipócritamente como salvador de los vulnerables culpando al Partido Popular de la crisis de vivienda que su propio Gobierno ha provocado con una contraproducente gestión que ha generado un enorme problema de escasez de oferta. Según el CIS, la vivienda es actualmente la primera de las preocupaciones de los españoles, cuando en 2018 ocupaba el puesto 16. Sánchez lleva a sus espaldas casi 280.000 desahucios, una subida desorbitada del precio de alquileres y viviendas y decretazos intervencionistas de última hora que acabarían perjudicando precisamente a los más vulnerables.
Frente a la propaganda populista, habrá que recordar que ha sido su Gobierno “progresista” el que ha hecho casi imposible el acceso a una vivienda digna. Ha sido su “política social” la que ha privado a los jóvenes de oportunidades de futuro y ha empobrecido a las clases medias y trabajadoras, asfixiadas en un infierno fiscal mientras su poder adquisitivo mengua.
Sánchez trata a los ciudadanos como a menores de edad, como si no fuera obvio que ha calculado el momento electoral más propicio para sus intereses personales y para mantenerse en el poder, pues de lo contrario se enfrenta no ya al escenario de ocupar la bancada de la oposición, sino quizás el banquillo de los acusados por el variado catálogo de escándalos que le cerca.
De poco van a servir las maniobras de distracción para ocultar el horizonte penal del entorno de Sánchez: decenas de investigados, el juicio contra su esposa por corrupción, la probable imputación del PSOE o la escalofriante investigación a las cloacas socialistas por contactar con una banda de narcos para amedrentar y eliminar a la juez que instruía el caso del hermano, ahora condenado, ese que no sabía dónde estaba la oficina en la que trabajaba.
Después de haber protagonizado la etapa de mayor corrupción y degeneración, lo que tampoco cuela es que Sánchez se presente a sí mismo como el Bien frente al Mal, negando antidemocráticamente la legitimidad de una alternativa.
Como valencianos, en estas elecciones no vamos a olvidar una legislatura en la que se negociaban bilateralmente tratos de favor y privilegios para unas regiones, mientras la agenda de prioridades de la Comunitat Valenciana era sistemáticamente ignorada.
Sabemos que el aparato del sanchismo es capaz de cualquier cosa, pero frente a sus artimañas y mentiras, la respuesta no puede ser otra que la movilización por el cambio y la esperanza. La ilusión por un tiempo nuevo de progreso y regeneración que solo una mayoría amplia de Alberto Núñez Feijóo puede garantizar.
Laura Sáez es diputada del Área de Hacienda de la Diputación de Valencia y alcaldesa de Carlet.
