Hay palabras que no describen la realidad: la construyen. Y pocas han sido tan manipuladas en los últimos años como “absentismo”. Bajo ese término, repetido hasta la saciedad en informes empresariales, tertulias económicas y determinados discursos políticos, se intenta instalar una idea inquietante: que las personas trabajadoras faltan demasiado al trabajo porque abusan de sus derechos.
Sin embargo, basta observar los datos y el marco legal para desmontar esa narrativa. La mayoría de las ausencias laborales son derechos reconocidos por la ley. Bajas médicas, permisos de conciliación, maternidad, cuidado de familiares, vacaciones, formación o representación sindical forman parte del contrato social y democrático que sostiene cualquier sociedad avanzada.
La estrategia no es nueva. Consiste en desplazar el foco: del deterioro de las condiciones de trabajo hacia la conducta individual de quien enferma. Así, las empresas dejan de preguntarse por qué aumentan las patologías musculoesqueléticas, la ansiedad o el agotamiento emocional, y pasan a preguntarse cómo controlar más las bajas.
Resulta fascinante comprobar la ligereza con la que determinados sectores empresariales y mediáticos recurren a la brocha gorda cuando los números no cuadran. Durante meses, nos han bombardeado con un relato tan alarmista como falto de rigor: España se desangra por culpa del "absentismo", las empresas asumen facturas astronómicas e inasumibles, y los trabajadores se confabulan los lunes por la mañana para vaciar las arcas públicas. Un guion perfecto para la patronal, de no ser por un pequeño e incómodo detalle: los datos reales lo desmontan por completo.
El demoledor informe publicado por CCOO, "Ni un día menos", aporta la dosis de cordura y rigor estadístico que tanto urgía en este debate. Poner el grito en el cielo porque el gasto nominal en Incapacidad Temporal (IT) se haya duplicado en las últimas dos décadas es, además de tramposo, ignorar las leyes más básicas de la demografía y el mercado laboral.
El sector empresarial se echa las manos a la cabeza al denunciar que los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) han crecido un 133% en la última década. Sin embargo, omiten de forma deliberada el marco real en el que se produce este incremento. España cuenta hoy con cifras récord de ocupación, con una población protegida que ha crecido cerca de un 28%. Matemáticamente, a más personas trabajando y cotizando, mayor es el número absoluto de bajas que se tramitan. Reducir la ecuación a una supuesta pérdida de ética laboral es una deshonestidad intelectual que los datos oficiales del propio Ministerio de Seguridad Social desmienten por completo.
La patronal también acierta en el diagnóstico pero falla en la solución cuando señala a las patologías mentales como la causa con mayor incremento y duración media. El vertiginoso aumento del 197% en las bajas por salud mental desde 2015 se soluciona atajando la precariedad estructural, los ritmos de trabajo abusivos en las plantillas y dotando a la atención primaria de recursos terapéuticos reales en psicología y psiquiatría.
Por lo tanto, la discusión importante no debería ser cómo endurecer el control sobre quien enferma, sino cómo reducir las causas que generan enfermedad. Más prevención, más atención primaria, más salud mental y mejores condiciones laborales. Porque una sociedad con altos índices de incapacidad temporal no demuestra que existan demasiados derechos; demuestra que hay demasiada gente trabajando en condiciones que deterioran su salud.
* Silvia Catalán Romero es responsable de salud laboral en CCOO Vinalopó-Vega Baja
