Desde que soy candidata al Senado por la candidatura unitaria «Senado de progreso», donde se aglutinan todas las fuerzas progresistas y de izquierdas, no son pocos los amigos, familiares y conocidos que me preguntan por qué quiero formar parte de una Cámara que muchos califican de «cementerio de elefantes» o que perciben como una institución que no ha cumplido la función de representación territorial para la que fue creada.
Sin negar que ambas afirmaciones se correspondan en parte con la verdad, lo cierto es que el Senado permite presentar iniciativas y propuestas parlamentarias, así como ejercer el control al Gobierno. Es verdad que no debería servir para duplicar debates que ya tienen lugar en el Congreso, sino para centrarlos en el ámbito territorial y en la distribución y relación en cuanto al ejercicio de competencias propia de nuestro Estado autonómico.
Tampoco debería utilizarse, como ha ocurrido en la pasada legislatura, para retrasar la tramitación de iniciativas legislativas procedentes del Congreso, aprovechando la bancada conservadora su mayoría.
Pero el Senado tiene una tarea pendiente desde hace un año: designar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Este es uno de los motivos que explican la confluencia de las candidaturas del PP y Vox en lugares como Valencia: aspiran a nombrar a cuatro magistrados afines a sus posiciones ideológicas, que dicten sentencias alineadas con sus planteamientos partidistas.
Para la judicatura no buscan personas independientes, de reconocido prestigio y con una trayectoria profesional destacada. El objetivo del PP y Vox parece ser ocupar todos los espacios institucionales posibles para que la mayoría con la que aspiran a gobernar no encuentre obstáculos a su proyecto, al estilo de Trump: gobernar sin frenos ni controles.
Pretenden contar con magistrados del más Alto Tribunal, máximo intérprete de la Constitución y garante de nuestra democracia, que antepongan las lealtades partidistas a su independencia y miren hacia otro lado cuando comiencen a desmontar nuestro preciado Estado del bienestar, empezando por las pensiones, cuya garantía máxima reside precisamente en la Constitución.
La mayoría conservadora del PP en el Senado lleva retrasando este nombramiento un año, una demora que cabe interpretar como un intento de garantizar que los cuatro magistrados elegidos respondan a sus intereses. Hasta ahora, cualquier propuesta habría exigido negociar y buscar acuerdos, pero ese no es su estilo.
Esta estrategia está en sintonía con lo que ocurre en les Corts Valencianes, donde el PP y Vox han elegido por sí solos la totalidad de los cargos institucionales, sin negociar ni un solo nombre con los partidos de la oposición. Es más, cuando la normativa vigente exigía una mayoría cualificada que obligaba a alcanzar consensos con algún grupo de la oposición, su respuesta fue modificar la ley para evitar tener que dialogar o acordar ningún nombramiento con Compromís ni con el PSPV. Así han elegido al Consejo de Transparencia, al director de la Agencia Antifraude, el Consejo de Dirección de Apunt,… todo pactado únicamente entre PP y Vox.
Otro de sus objetivos es nombrar por sí solos a diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Insisto: lo quieren todo atado y bien atado, incluido el control del poder judicial, para ejercer el poder sin separación efectiva de poderes, sin contrapesos ni cortapisas.
En estas elecciones nos jugamos la democracia y una parte importante de esa partida se juega también en el Senado. Una Cámara de representación territorial que debería servir para escuchar la voz de los territorios que conforman el Estado, y no para urdir estrategias destinadas a controlar el poder judicial e impedir que el Tribunal Constitucional actúe como garante de nuestros derechos y libertades y ponga freno a los intentos de desmantelar el Estado del bienestar del que disfrutamos.
Por eso, sí: el Senado cuenta. Y mucho.
