VALENCIA. La libertad, igualdad y fraternidad, los ideales de la Revolución francesa, no se quedaron en manuales de buenas intenciones, al estilo 15-M, gracias a matemáticos como Condorcet y Poisson, que aplicaron la filosofía revolucionaria a las instituciones. Nuestro sistema legal y electoral se asienta en los estudios de los grandes estadísticos franceses, que estudiaron asuntos como el número óptimo de miembros de un jurado o la probabilidad por la cual un acusado puede ser declarado culpable.
Nuestro estratificado sistema legal, con la constitución, leyes orgánicas y ordinarias, decretos legislativos y demás ordenamiento jurídico, tiene su raíz última en la 'Paradoja de Condorcet', según la cual en ciertos casos, las votaciones presentan resultados injustos.
Para sobrevenir esta situación Condorcet propuso dos soluciones que han llegado hasta nuestros días: una adecuada instrucción al votante y un sistema electoral y legal a prueba de cambios caprichosos. Por ello no es fácil cambiar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Constitución, ni leyes fundamentales, sin un amplio consenso.
¿Recuerda alguien la pregunta del referéndum de la constitución europea? Condorcet ya nos habría prevenido del nefasto "no" ante una instrucción tan mediocre. Y nos habría prevenido de las nefastas consecuencias de carecer de una norma supraeuropea. La Unión Europea, cebada de instituciones, parlamentos y comisiones, no ha sabido articular una verdadera unión política más allá de directivas y transferencias económicas.
En última instancia, de la paradoja de Condorcet se deduce que no basta con detentar instituciones públicas para garantizar la democracia. El modo de funcionamiento y el reglamento, como aseguraba Romanones, son indispensables. Las democracias occidentales parecían haber superado la paradoja, pero aún existen regímenes autoritarios se esconden bajo instituciones aparentemente democráticas.
El último episodio del presidente de la República Francesa (y de la canciller alemana) imponiendo las reformas constitucionales a los países del euro es una paradoja: ambos países superaron en la década pasada el límite del 3% fijado por el tratado de Maastricht. Preocupados por el déficit fiscal, Merkel y Sarkozy olvidan a Condorcet e incurren en un déficit democrático.
La segunda reforma constitucional española seguirá el dictado del déficit francoalemán. La reducción de la deuda es acertada para frenar una crisis de sobreendeudamiento. Pero puede que no sea la mejor opción para actuar contra futuras crisis de oferta o de demanda, que requieren un esfuerzo de endeudamiento y flexibilidad.
¿Reformaremos cíclicamente la constitución con cada recesión? El Tribunal Constitucional tendría entonces argumentos para dictar otra fabulosa sentencia declarando inconstitucional la crisis y solucionar el problema.
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(*) Jordi Paniagua Soriano es ingeniero de telecomunicaciones y economista, profesor de la UCV.
