El empirismo es la corriente filosófica que atribuye a la experiencia la construcción del conocimiento. Se basa en la evidencia como prueba determinante de un proceso. A través del método inductivo, el ser humano observa y experimenta para llegar a sus conclusiones. Sería aconsejable que se aplicase en la política: antes de decidir, conviene observar la realidad. No parece una mala regla para quienes tienen la responsabilidad de gestionar la cosa pública.
Por eso resulta difícil entender determinadas decisiones políticas cuando quienes las adoptan no explican con claridad qué problema pretenden resolver ni qué evidencias justifican su actuación.
Un buen ejemplo es el cambio introducido por la Generalitat Valenciana en la inspección educativa, que deberá velar por la neutralidad ideológica en los centros y garantizar que las actividades docentes, los materiales y los actos escolares permanezcan ajenos a cualquier forma de adoctrinamiento.
La medida ha generado una fuerte polémica. La discusión, no obstante, debería empezar por una pregunta anterior a las habituales trincheras ideológicas: ¿qué datos, denuncias o situaciones concretas justifican la necesidad de esta nueva función?
Si el Gobierno valenciano considera que existe un problema de adoctrinamiento en las aulas, debería poder explicarlo. Debería indicar qué situaciones se han detectado, con qué frecuencia se producen y qué derechos pueden estar siendo vulnerados. No para alimentar una polémica, sino precisamente para evitar que una decisión de estas características sea interpretada como un gesto ideológico.
Si realmente hay profesores o centros que utilizan las aulas para imponer posiciones políticas, condicionar ideológicamente a los alumnos o convertir la enseñanza en propaganda, la sociedad tiene derecho a conocerlo y la Administración tiene la obligación de actuar. Por eso, si se crea un mecanismo específico para combatir esas conductas, resulta razonable exigir que se explique qué realidad ha motivado su creación.
Hasta ahora, el Consell no ha explicado públicamente qué datos, denuncias o situaciones concretas justifican la necesidad de esta nueva función inspectora. Ni siquiera se ha molestado en definir qué se entiende exactamente por adoctrinamiento. Lo paradójico es que quienes se declaran liberales y reivindican la tradición intelectual de Locke, Hume o Bacon, figuras fundamentales en el desarrollo del pensamiento empirista, no siempre parecen dispuestos a presentar las evidencias necesarias para sostener sus decisiones ante la opinión pública. Cuando faltan esas explicaciones, incluso una medida que podría estar justificada acaba transmitiendo la impresión de responder más a la ideología que al pragmatismo.
Pero la política no solo se aleja de la realidad cuando toma decisiones sin explicar las evidencias que las justifican. También lo hace cuando esas evidencias existen y, pese a ello, es incapaz de convertirlas en políticas eficaces.
El caso más claro, sin salir de las aulas, es el del último informe PISA. La evaluación internacional vuelve a mostrar los problemas de la enseñanza en España y la necesidad de afrontar con rigor las deficiencias de un sistema educativo que se aleja de los resultados de los países más avanzados. La evidencia debería servir para abrir un debate serio sobre qué está ocurriendo y qué medidas pueden mejorar la situación.
Sin embargo, aquí los datos parecen tener otra función. Unos culpan a los gobiernos autonómicos y a la falta de docentes; otros centran la crítica en la actual ley educativa. Y ahí surge el gran problema. A los políticos, el informe PISA les sirve para reforzar sus propios intereses y no para emprender la reforma educativa que necesita España. Mientras tanto, los institutos parecen cada vez más guarderías de adolescentes, un problema que empieza a extenderse también al ámbito universitario.
Estamos ante uno de los grandes problemas de la política actual. A veces se legisla sin demostrar qué problema se pretende resolver. Otras veces el problema está perfectamente documentado, pero la evidencia no conduce a ninguna respuesta porque cada partido la utiliza para reforzar su propio relato.
En este contexto, hablar de empirismo en política es exigir a quienes gobiernan que miren la realidad antes que el argumentario: que escuchen, observen, midan y evalúen. Gobernar no consiste únicamente en tener ideas sobre cómo debería ser la sociedad. También exige saber cómo es realmente.
Quizá reclamar ese razonamiento empírico a los políticos sea pedir demasiado a una clase dirigente que, con demasiada frecuencia, parece ignorar incluso evidencias relacionadas con riesgos que afectan directamente a la seguridad y a la vida de las personas, ya sea en las fronteras o en los cauces de los ríos. Por eso muchos nos conformaríamos con algo más modesto: que, antes de decidir, conocieran los hechos y aplicaran al menos la evidencia de un único sentido: el sentido común.
Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor
