"Los principales beneficiarios de la desaparición de las cajas de ahorros, al igual que lo fueron con la privatización y venta de la banca pública a principios de los 90, están siendo los grandes bancos españoles..."
VALENCIA. Las cajas de ahorros se han dedicado durante más de cien años a atender las necesidades financieras de los pequeños ahorradores, de las pymes y de las corporaciones locales mediante un modelo bancario de proximidad centrado en la sostenibilidad del territorio y en el desarrollo de la economía productiva. Su carácter de banca socialmente responsable se ha basado en canalizar parte de sus créditos a proyectos sociales y en dedicar una parte de sus beneficios económicos a la Obra Social, revertiendo así parte de su negocio bancario en acciones socioculturales y artísticas. A través de estos instrumentos, las cajas evitaban la exclusión financiera y fomentaban el desarrollo económico y el progreso social, por lo que resultaban ser entidades eficaces y eficientes.
Pero a partir de la segunda mitad de los años 80 del Siglo XX, las cajas inician un proceso de bancarización que no ha parado hasta desembocar en su transformación en bancos privados con la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, que reformaba su régimen jurídico. Dos son los aspectos que han provocado el declive de estas entidades de crédito durante los últimos 30 años: la diversificación de su cartera de negocios hacia nuevas actividades con un elevado riesgo (gestión de patrimonios y de grandes fortunas, fondos de inversión, activos inmobiliarios y compra de participaciones en el capital de empresas constructoras, de la energía y de las telecomunicaciones, entre otras) y la politización de sus órganos rectores.
Esta situación se produce por una mala instrumentalización de la politización de las cajas, al ser obligadas a invertir cantidades importantes de recursos en grandes proyectos empresariales que han resultado ser verdaderamente ruinosos, lo que las ha descapitalizado. El problema no ha sido la politización de las cajas, si no la instrumentalización que se ha hecho de ella por parte de determinados políticos. Este hecho, unido a una temeraria gestión del riesgo que ha consistido en conceder créditos de manera desmesurada y sin control a empresas promotoras y de la construcción, ha situado a un número importante de cajas al borde del abismo. En algunos casos, el volumen de estos créditos ha llegado a alcanzar el 70% del total de los activos de las cajas, con el enorme riesgo que esto supone.
Se consiguió crear así la tormenta perfecta al hacer coincidir cuatro elementos que han sido claves en el fracaso de su gestión: 1) el despilfarro y abuso de determinados políticos que buscaban en las cajas mayores cuotas de poder territorial; 2) el despropósito del negocio de grandes empresas promotoras y constructoras que han acabado quebrando y arrastrando con ellas a las cajas; 3) la falta de supervisión del Banco de España y del Ministerio de Economía que miraban hacia otro lado y 4) la corrupción urbanística, que ha actuado de nexo de unión entre los políticos, el negocio del ladrillo y la mala gestión de las cajas. La corrupción política ha ido unida de manera directa a la crisis financiera y económica en España.
Como consecuencia de ello, una parte de las cajas se han declarado insolventes, teniendo que fusionarse y agruparse hasta ser intervenidas, y prácticamente todas a excepción de dos (Caixa Ontinyent y Caixa Pollensa), se han transformado o se están transformado en bancos sociedades anónimas, culminando de esta manera la hoja de ruta establecida. La nueva ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias que acaba de ser aprobada da por finalizado el proceso, al regular legalmente la conversión de las cajas de ahorros que aún existen en fundaciones bancarias, salvo las dos citadas anteriormente que tendrán que mantener su actividad bancaria en su comunidad autónoma o en un máximo de 10 provincias limítrofes y sus activos totales no podrán superar los 10.000 millones de euros o el 35% de los depósitos totales existentes en su ámbito geográfico de referencia.
Las cajas de ahorros han representado una forma jurídica excepcional, y además han sido consideradas como competencia desleal por parte de los grandes bancos. Su expansión a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX, había hecho perder a la banca una parte significativa de su cuota de mercado, y su politización resultaba cada vez más incómoda a quienes la habían propugnado. Así que había que acabar con ellas, y la crisis bancaria ha sido la excusa perfecta. Pero mientras se han ido transformando en bancos, los principales directivos de las cajas intervenidas han abandonado el "barco" cobrando indemnizaciones millonarias (de hasta casi 20 millones de euros en algunos casos) y sus consejeros han seguido cobrando retribuciones y dietas cuantiosas a cambio de acatar las directrices que les venían dictadas por la presidencia.
Pero es importante señalar también que los principales beneficiarios de la desaparición de las cajas de ahorros, al igual que lo fueron con la privatización y venta de la banca pública a principios de los 90, están siendo los grandes bancos españoles, cuya cuota de mercado se ha incrementado sensiblemente durante estos cinco años de crisis ya transcurridos. La pérdida de depósitos de las oficinas de los bancos intervenidos se está dirigiendo en gran medida hacia los grandes bancos.
El poder de la banca en la economía española es patente y su vinculación con la política más que evidente, lo que se puede traducir en un nuevo oligopolio bancario dominado por cinco o seis grandes entidades donde las consecuencias para el consumidor pueden ser claramente negativas. Al igual que señala el Gran Wyoming cuando hace referencia a un destacado caso de corrupción política, la gran banca se ha convertido en The fucking master of the Universe; y como yo destaco en mi libro, "esta no es la banca que necesitamos".
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Joan Ramon Sanchis Palacio, autor del libro "La Banca Que Necesitamos"
