Las discusiones sobre temas cuya semántica se desprecia por áspera y desagradable, solo sirven para polarizar, ejercer de populista y degradar la convivencia. Ahora, desde la óptica de la financiación de la Generalitat Valenciana (GV), el presidente Mazón está añadiendo un episodio de irresponsabilidad al azuzar a sus proveedores contra la propia institución. Por mucho que trate de ponerse la venda antes de la herida, los cobros de quienes suministran bienes o servicios esenciales a la GV están en riesgo, como lo estuvieron los de sus colegas hace ya tres lustros, aunque ahora va a resultar muy difícil para el Consell pedir la solidaridad del Estado y por tanto con los proveedores.

En 2009 abandone la Universidad coincidiendo con la puesta en marcha de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) con el que la GV iba a hacer frente a la sanidad, educación, servicios sociales y tantas otras necesidades de los valencianos. Ya entonces se podía intuir el riesgo del proveedor, la frustración del ciudadano y la polarización de España. En el invierno del curso 2011/ 2012, con una crisis financiera evidente, el Gobierno de Rajoy, con todas las luces rojas encendidas en autonomías y ayuntamientos, se vio obligado a sacar en semanas un fondo de 35.000 millones de euros para la Financiación de un Plan de Pagos a Proveedores. Aunque aquello pueda sonar lejano, fue uno de los episodios mas graves que nuestra joven democracia ha vivido. Valga la descripción en estilo BOE: "La grave situación económica actual ha originado una caída de los ingresos de las Comunidades Autónomas (CCAA) en paralelo con un incremento de sus necesidades de financiación que se ha visto agravada por las restricciones a las que han tenido que hacer frente las CCAA para la obtención de recursos en los mercados financieros, lo que ha derivado en la acumulación de deudas comerciales que generan retrasos en el pago de las obligaciones contraídas y deterioro de la situación de liquidez de las empresas proveedoras". Todo ello con el añadido de "el imprescindible cumplimiento de los compromisos adquiridos con la UE". 

Entonces vivimos una operación estatal de crédito que empezó encarando las obligaciones anteriores al 1 de enero de 2012, pendientes de pago con los proveedores. Hacía meses que nadie quería prestar a la mayoría de CCAA, siendo la GV una de las mas rechazadas por las instituciones financieras. Saciamos que déspues de años de practicando el método de guardar las facturas de proveedores en los cajones, podían llegar la fase de las grandes dificultades para para pagar las nóminas.

Una vez enfrentado el primer golpe, meses después vinieron distintas medidas, como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) y el extra FLA, que hoy ha vuelto a la actualidad valenciana, encargados de asumir las deudas que CCAA y Ayuntamientos no podían afrontar. Estos fondos se han mantenido más allá de la crisis que llevó a su creación y se han convertido en un mecanismo habitual de financiación de las CCAA, los llamados mecanismos adicionales de financiación, que encubren buena parte de los resultados del SFA (aquellos que contabilizan todo el volumen de los préstamos que el Gobierno central ha tenido que librar, desde entonces, a las CCAA hablan de 350.000 millones de euros, que descontando las amortizaciones acumuladas, a finales de 2022 rondaba todavía un 14% del PIB agregado). Aunque no sea el objetivo de esta reflexión, hay que hacer notar que la financiación de la España de las Autonomías dista mucha de estar resuelto.

Hoy con el Pago a Proveedores en serio riesgo hay que aclarar la semántica que hay detrás del ambiguo extra FLA para que cada uno sepa lo que puede ocurrir incluyendo los miembros del Consell y de los partidos presentes en el Parlament, cuya tendencia al insulto ramplón, hace sospechar una ignorancia inadmisible sobre estos problemas.

Tratando de resumir, digamos que en estos momentos el FLA proporciona liquidez en base a tres tramos: I, vencimientos de préstamos, sucesivamente concedidos por Hacienda; II, endeudamiento para financiar la anualidades con liquidaciones negativas (resultado de previsiones demasiado optimistas de un ejerrcicio dos años posterior); III (ahora textualmente) "Las necesidades de financiación del déficit público, incluyendo las correspondientes a las desviaciones de déficit de años anteriores pendientes de financiar", una partida que solo puede determinarse una vez se conozca el deficit del año anterior. Un tramo ligado a lo que conocemos como Extra FLA, aunque no sea exactamente lo mismo, ya que, por ejemplo, tras la Dana el Gobierno autorizó incrementar sensiblemente la deuda del Tramo III para 2024, sin que esta decisión se ligará al Extra FLA de 2024 del que Hacienda ya se había hecho cargo (concretamente 2.927 millones, relacionados con el déficit de 2023, ya mandados a Valencia en Julio (75%) y en Noviembre (25%)).

Pero volvamos a 2025, un año en el que la semántica ha cambiado ya que la descripción de Tramo III es mucho más escueta: "Las necesidades de financiación del déficit público", sin admitir las citada desviaciones de otros años. Antes que Mazón abra otra batalla populista, recordar que se pactó y así se trasladó a Bruselas, que en 2024 el conjunto de CCAA limitarían su déficit a un total del 0,1% del PIB de España, cosa que se cumplió (la buena conducta del PIB fue decisiva) siendo la gran excepción GV cuyo déficit hoy sabemos que fue del 1,6% (¡esto es 16 veces la media!) mientras que sus acompañantes tradicionales en el liderazgo de déficits anuales hicieron su parte de los deberes (Andalucia termino con superávit y Cataluña lo dividió por tres) con el mismo SFA. 

La conclusión, por desagradable que sea, es que en 2025 solo la GV depende angustiosamente del Extra FLA para hacer frente a las facturas de sus proveedores. Cuando España está en un buen momento y puede presumir de haber cumplido el objetivo de déficit en 2024, rebajándolo al prometido 3% del PIB, y está tratando de convencer a Bruselas de que se ha producido en España una "reforma fiscal" que debería permitirle recibir los 25.000 millones del llamado quinto pago de Next Generation (aunque siga pendiente el endurecimiento del impuesto al diésel) las cuentas del Consell, que además presume de reducir impuestos, rompen la disciplina prometida.

En 2011/2012 el Pago a Proveedores era un problema gravísimo que afectaba a todo el Estado y a Europa (los hombre de negro iban a visitarnos lo estaban haciendo con Gracia, Irlanda y Portugal). En cambio ahora es un problema estrictamente valenciano que nada tiene que ver con la recuperación postDana. Esta es la semántica que hay en el "Extra FLA y proveedores".