La reforma del sistema de financiación autonómica ha vuelto a protagonizar la actualidad nacional y valenciana, dejando momentáneamente en un segundo plano otros escándalos gubernamentales que en los últimos tiempos han acaparado el pulso informativo.

En la tragicomedia en que el sanchismo ha convertido la política española, son los acuerdos entre el Gobierno socialista y Esquerra Republicana de Catalunya, como ocurrió en 2009, los que marcan el futuro de la nación y el destino de los recursos económicos de las comunidades autónomas.

En esta ocasión, Oriol Junqueras fue recibido con todos los honores en la Moncloa y puso a prueba, con éxito, las tragaderas de un presidente del Gobierno siempre presto a soltar la chequera (la de todos los españoles) con tal de mantenerse en la poltrona monclovita. La imagen de ese encuentro retrata la degradación de la vida pública y la humillación a la que somete a las instituciones para sobrevivir políticamente.

Ya nada puede sorprendernos de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta su voluntad de gobernar “con o sin el concurso del poder legislativo” y que todo gira en torno a sus propios intereses cortoplacistas y a la concesión de favores negociados de manera bilateral con sus socios. Pero resulta insultante haber normalizado que un condenado e inhabilitado por sedición y malversación de caudales públicos se jacte de imponer a su antojo el reparto del dinero de todos los españoles.

Tras la cacicada consumada con ERC, el esperpento continuó con la ministra de Hacienda presentando el nuevo modelo de financiación autonómica, diseñado a la medida de la Generalitat de Cataluña, como el summum de la solidaridad interterritorial y el fin de las injusticias entre comunidades. La propuesta del Gobierno se dio de bruces con la realidad al cosechar el voto contrario de todas las comunidades de régimen común, con la sola excepción de Cataluña, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El pecado original del modelo es que nace viciado, tanto en las formas como en el fondo. El Gobierno ha asumido el falaz discurso separatista de “Espanya ens roba”, privilegiando a una de las autonomías más ricas y limitando su aportación a la solidaridad en virtud de la llamada ordinalidad. Y además ha tratado de imponer el nuevo modelo prescindiendo de auténtico diálogo y negociación multilateral en el seno del CPFF.

“Es el mayor ataque a la igualdad en toda la democracia”, según el socialista García-Page, que resumía el nuevo modelo como “regresivo”, “un chantaje” y “un pastel más grande para repartir, pero los trozos son mucho más injustos, solo se ha pensado en el trozo de un territorio".

Si hablamos de la Comunitat Valenciana, según un primer análisis elaborado sobre la propuesta del Gobierno por la fundación Fedea, nuestra autonomía incrementaría sus recursos, pero señala que la Comunitat quedaría 2,2 puntos porcentuales por debajo de la media de financiación por habitante ajustado.

Hace bien el Consell de la Generalitat en mantener su tono reivindicativo, con predisposición al diálogo, reclamando transparencia y más información y poniendo sobre la mesa aquellas exigencias de las que carece la propuesta, imprescindibles para que se haga justicia con la Comunitat Valenciana, en sintonía con lo manifestado por la Comisión de Expertos y los agentes sociales.

El Consell ha demandado un fondo de nivelación transitorio cifrado en 1.800 millones, en tanto no se apruebe un nuevo modelo y, por otro lado, ha exigido una solución al grave problema de la deuda que asciende a unos 60.000 millones, generada en su mayor parte por la infrafinanciación crónica.

La deuda es una pesada mochila que debe resolverse seriamente pues, de lo contrario, cualquier mejora del modelo quedaría mermada al seguir abocados al déficit y al pago de intereses. A lo cual hay que añadir otras cuestiones no resueltas como el enorme gasto que corresponde en parte al Gobierno y que viene asumiendo el Consell en dependencia, o el coste sanitario de los desplazados o los gastos extraordinarios provocados por la Dana.

Los valencianos no exigimos privilegios sino un trato justo para dejar de ser ciudadanos de segunda, por lo que sería inasumible seguir por debajo de la media en financiación. Queremos un modelo equitativo que garantice la solidaridad y recursos para prestar en igualdad de condiciones la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Ojalá la socialista Diana Morant se decida a ejercer de valenciana antes que de ministra y vuelva al consenso reivindicativo en la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana ante esta cuestión trascendental.

Un Gobierno que buscara el acuerdo, escucharía a las comunidades autónomas y trataría de alcanzar un amplio consenso parlamentario en la tramitación del preceptivo proyecto de ley. Pero todo apunta a que, por el contrario, esto acabará en una oportunidad perdida: un fracaso más de esta legislatura fallida.