El Consejo de Ministros aprobará este martes una medida histórica: la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. Nunca antes una administración central había asumido semejante esfuerzo financiero en favor de los territorio. Y es que nunca antes el Estado había decidido apoyar así a los territorios. Una decisión sin precedentes que aliviará las cuentas autonómicas, reducirá el peso de los intereses y permitirá que comunidades tan castigadas como la valenciana puedan volver a respirar. Una medida absolutamente compatible con la necesaria aprobación de un cambio de modelo, que debería ser también fruto de un gran pacto, que la derecha española parece no estar dispuesta a considerar.

La medida no es simbólica ni cosmética: en el caso de la Comunitat Valenciana supondrá la asunción de 11.210 millones de euros por parte del Estado. Ante este alivio tangible, el president Mazón y el Partido Popular vuelven a situarse en el lado equivocado de la historia. Han preferido atrincherarse en la oposición sistemática, rechazando una medida que beneficia de manera directa a las valencianas y los valencianos. La pregunta es sencilla: ¿a quién defiende Mazón? ¿A la Comunitat Valenciana, que verá reducida la carga de su deuda, o a la estrategia partidista de Génova, que ordena rechazar cualquier iniciativa que venga del Gobierno de Pedro Sánchez?

Lo cierto es que se ha vuelto a demostrar que la prioridad del PP no es la Comunitat Valenciana, ni Andalucía, ni Galicia, ni ninguna comunidad autónoma. Su prioridad es dinamitar cualquier propuesta del Gobierno central, aunque ello suponga dispararse en el pie. Se trata de una política estéril, vacía, construida sobre la histeria y la hipérbole, que solo persigue alimentar el ruido mediático mientras abandona a la ciudadanía a su suerte.

No es casualidad que esta oposición frontal se reproduzca en todos los ámbitos. Este mismo lunes Feijóo anticipaba otro curso político de oposición frontal al Gobierno. Nada nuevo bajo el sol: ni una propuesta para modernizar España, ni un proyecto económico alternativo, ni una visión de futuro. Solo un objetivo: “cuanto peor, mejor”. El PP afronta cada periodo político con la misma receta: bloquear, crispar y desgastar al presidente Sánchez, incluso si ello significa ir contra los intereses de millones de españoles.

Frente a este inmovilismo destructivo, el Gobierno de España sigue avanzando. A la quita de la deuda autonómica se suman propuestas de gran calado como el pacto de Estado contra el cambio climático, con diez medidas ambiciosas para acelerar la transición energética; seguir incrementando el Salario Mínimo Interprofesional, que seguirá avanzando en la mejora de calidad de vida de millones de trabajadoras y trabajadores; la apuesta por el diálogo social para mejorar las condiciones laborales; o el refuerzo de la inversión pública en sanidad, educación y vivienda.

Es un contraste elocuente: mientras unos construyen, otros se limitan a derribar. Mientras el Ejecutivo se sienta con sindicatos, empresariado y comunidades autónomas para acordar mejoras, el PP se levanta de las mesas de diálogo, como hicieron sus consejerías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando se discutía precisamente la condonación de la deuda. Una actitud desleal que retrató a la perfección el concepto de política que maneja la derecha española: primero el partido, luego el país.

En el caso de la Comunitat Valenciana, es un “hecho fáctico” que el  PP valenciano solo clama contra la infrafinanciación y exige soluciones al Gobierno central cuando gobiernan los socialistas. Hoy, cuando el Gobierno de España da un paso decisivo para aliviar esa situación, Mazón se dedica a torpedearlo. El mismo presidente que prometía ser la voz del pueblo valenciano en Madrid, se convierte en su mayor obstáculo, atrapado en la lógica de confrontación dictada por Feijóo, se opone  la quita y calla vergonzosamente cuando sus líderes nacionales denigran la condonación, además de seguir sin asumir su responsabilidad política por la mayor tragedia sufrida en la Comunitat Valenciana, casi un año después.

Conviene recordar que la deuda valenciana, que supera los 57.000 millones, no es un capricho del Consell de turno, sino una consecuencia directa de un modelo de financiación que nos ha obligado a endeudarnos para mantener unos servicios públicos básicos y de la mala gestión de los años de vino y rosas de los populares valencianos. Aceptar la condonación de 11.210 millones no es un regalo: es un acto de justicia territorial. Supone reducir la deuda por habitante en 2.284 euros, una reducción histórica. Rechazarlo, como hace Mazón, es condenar a la Comunitat a seguir pagando más intereses y tener menos margen de inversión en sanidad, educación, infraestructuras o vivienda.

El PP repite como un mantra que esta medida es una “cesión a Cataluña”. Pero los números desmienten la caricatura: Andalucía es la más beneficiada en términos absolutos con 18.791 millones, seguida de Cataluña con 17.104 y la Comunitat Valenciana con 11.210. ¿Acaso Andalucía también es un privilegio catalán? Lo que ocurre es que al PP no le interesa reconocer la verdad porque su relato necesita enemigos, no soluciones.

Estamos ante una de esas decisiones que marcarán la legislatura. Si de verdad queremos una España cohesionada necesitamos aliviar las deudas que estrangulan a las comunidades y avanzar hacia un nuevo modelo de financiación justo. El Gobierno de Sánchez ha abierto la puerta a ambas cosas. El PP, en cambio, se aferra al no por el no, incluso a costa de perjudicar a millones de personas.

La política no puede reducirse a un espectáculo de gritos y gesticulaciones, ni a una campaña permanente contra el adversario. La política, en su sentido más noble, consiste en mejorar la vida de la gente. Esa es la diferencia entre quienes gobiernan con responsabilidad y quienes solo saben hacer oposición destructiva. La condonación de la deuda es un alivio real para la Comunitat Valenciana. Gracias a ella, dispondremos de más margen para invertir en lo que importa: hospitales, colegios, servicios sociales, infraestructuras. Lo paradójico es que quienes deberían aplaudir este logro, lo desprecian.

En definitiva, mientras el Gobierno de España tiende la mano para aliviar la carga de los territorios, Mazón y el PP prefieren cruzarse de brazos y seguir gritando contra Sánchez. Es legítimo discrepar, pero no lo es jugar con el bienestar de los valencianos por un cálculo electoral. Merecemos algo mejor que un president que dice no a miles de millones de euros de alivio. Porque gobernar no es hacer ruido: es tomar decisiones valientes que mejoren la vida de la gente. Y en eso, una vez más, es vasta la diferencia entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular, y eso, la ciudadanía lo sabe.