La semana pasada presentamos la Estrategia 2026 de Valencia Innovation Capital e hicimos balance del trabajo realizado desde que empezamos a gobernar el Ayuntamiento de Valencia. No era solo una rendición de cuentas. Era la confirmación de un modelo político. Porque innovar no es una moda ni un departamento: es una forma de ejercer el gobierno.
Desde el primer día, con el liderazgo de la alcaldesa María José Catalá, tomamos una decisión clara: frente al inmovilismo y la gestión inercial, Valencia debía apostar por la transformación. Gobernar no es solo administrar lo que hay; es anticipar lo que viene.
La innovación es, por tanto, una decisión política. Significa orientar la ciudad hacia la creación de oportunidades, hacia la atracción de inversión productiva y hacia la mejora real de los servicios públicos, generando entornos estables, predecibles y orientados al crecimiento.
Valencia ha decidido competir en la economía del conocimiento con ambición europea, lo que exige planificación, agilidad y foco en sectores estratégicos. Gobernar con innovación significa precisamente eso: crear las condiciones para que el conocimiento se transforme en empleo, empresa y prosperidad compartida, factores clave que determinan la competitividad de una economía urbana.
Los datos avalan este rumbo. El ecosistema innovador valenciano ha superado por primera vez los 200 millones de euros de inversión captada. No se trata solo de una cifra récord. Es un indicador de madurez. Significa que el mercado identifica en Valencia proyectos sólidos, capacidad técnica y un entorno institucional favorable; hablamos de confianza en un proyecto de ciudad
El caso de Imperia, fundada por tres estudiantes de la UPV, con 10 millones de euros captados recientemente y plantilla duplicada gracias al primer software de inteligencia artificial aplicada a la cadena de suministro, ilustra un fenómeno más amplio: talento local que escala sin abandonar la ciudad y tecnología puntera Made in Valencia.
Actualmente, el ecosistema innovador valenciano genera más de 20.000 empleos cualificados vinculados a la tecnología y al conocimiento. Son empleos con mayor estabilidad, mejor remuneración y mayor productividad. Y, por tanto, con mayor capacidad de arrastre sobre el conjunto de la economía local.
Pero la innovación no se limita al ámbito empresarial. También es una herramienta de eficiencia pública. El Sistema Operativo Urbano que estamos desarrollando, integrando datos, inteligencia artificial, gemelo digital y ciberseguridad, permite mejorar la toma de decisiones y reducir incertidumbre en la ejecución de proyectos estratégicos. Aplicar simulación urbana avanzada antes de ejecutar grandes inversiones significa minimizar riesgos y optimizar recursos.
El Sandbox Urbano nos permite testar soluciones en entorno real y acelerar su llegada al mercado. Mientras otros debaten marcos generales, nosotros reducimos plazos y facilitamos que una innovación se convierta en empleo o en un mejor servicio público.
Hay además un principio irrenunciable: la innovación debe ser inclusiva. Queremos una economía del conocimiento que integre a todos. Impulsamos emprendimiento tecnológico femenino, fomentamos vocaciones STEM desde la infancia y abrimos oportunidades para personas con discapacidad en el sector tecnológico. El programa Por Talento Digital, que desarrollamos con la ONCE en La Harinera, demuestra que competitividad y cohesión social no son conceptos opuestos, sino complementarios.
El debate no puede quedarse en el ámbito local. El Ministerio de Ciencia e Innovación debería ser una pieza central en esta transformación. España necesita liderazgo, coordinación institucional y foco absoluto en atraer proyectos estratégicos, consolidar cadenas de valor industriales en sectores críticos como semiconductores, inteligencia artificial o tecnologías avanzadas y acelerar la transferencia de conocimiento al mercado. No estamos ante una legislatura ordinaria: estamos ante una ventana temporal que no admite distracciones.
Por eso resulta legítimo plantear una reflexión política. Cuando la titular del ministerio, Diana Morant, concentra buena parte de su agenda en la confrontación y la dinámica partidista autonómica en la Comunitat Valenciana, cabe preguntarse si el ministerio dispone hoy de la dedicación plena que exige la política nacional de innovación.
El contraste es evidente: o la innovación es una prioridad estructural gestionada con foco y dedicación plena, o se convierte en un instrumento más del ciclo electoral.
Valencia Innovation Capital es una herramienta de transformación estructural con un criterio clave de eficiencia: más de 61 millones de euros movilizados en innovación a partir de 18 millones de inversión municipal, generando casi cuatro euros de retorno por cada euro público invertido. Este efecto multiplicador es el que debe guiar cualquier política pública moderna: eficiencia, impacto y medición. La innovación no es gasto, es inversión con impacto medible.
El modelo Valencia no es una etiqueta. Es una apuesta por transformar ventajas comparativas —calidad de vida, capital humano, tejido universitario— en ventajas competitivas sostenibles. Hemos elegido planificación frente a improvisación, ejecución frente a anuncio, estrategia frente a táctica. Y los indicadores comienzan a demostrar que esa decisión no solo es coherente: es rentable para la ciudad.
