El pasado miércoles falleció Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años; casualmente, el jueves murió Xosé Manuel Beiras, un gallego de 90 años. Comparemos sus trayectorias.
En 1956, el año que Maricarmen celebró su decimoséptimo aniversario, su padre alquiló un piso en la calle Sáinz de Baranda, próxima al parque del Retiro. En aquel tiempo una ley franquista de vivienda establecía la prórroga forzosa de los alquileres: salvo algunas excepciones, el casero no podía echar al inquilino cuando venciese el contrato. Si el arrendatario fallecía, su familia podía subrogarse en el alquiler. En efecto, fallecido el padre en 1961, la madre ejerció su derecho franquista a subrogarse. Mientras tanto, Maricarmen estudió taquimecanografía y secretariado, lo que la cualificó para ejercer de secretaria del consejo de administración y auxiliar administrativa en una empresa farmacéutica durante muchos años. En vez de independizarse, siguió viviendo con su madre y mantuvo un breve matrimonio, del que no tuvo hijos. Si la ley franquista de vivienda no hubiese cambiado, Maricarmen podría haberse subrogado vitaliciamente cuando su madre falleciese. Ahora la califican de “luchadora”, pero no hay la más mínima prueba de que se implicase en actividades antifranquistas: no se afilió a ningún partido político clandestino, no se acercó a ningún sindicato y tampoco participó en ningún movimiento vecinal o feminista. Entonces, ¿cuándo adquirió su conciencia política?
Quizás empezó en 1985, cuando un decreto impulsado por Miguel Boyer, ministro de Felipe González, suprimió la prórroga forzosa de los contratos de alquiler. Como carecía de efectos retroactivos, solo afectaba a los nuevos contratos de alquiler, lo que no era su caso. No obstante, puede que la alertase. Y esa alerta se consumó en 1994, cuando el propio Felipe González, en connivencia con su ministro Josep Borrell, impulsó una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos. Dicha ley establecía que los inquilinos podían continuar en sus viviendas hasta que falleciesen, y lo mismo podían hacer sus cónyuges, pero no sus hijos, a los que solo se les concedía dos años de prórroga. Con dos excepciones: padecer una incapacidad del 66% o haberse subrogado en el contrato antes de 2004.
A raíz de una denuncia del Banco Zaragozano por una deuda garantizada por una hipoteca, en el año 2000 un edicto judicial establecía que la casa adosada que Maricarmen había intentado adquirir en una urbanización de Collado Mediano saliese a subasta por veinte millones de pesetas. No fue su único contratiempo: ya jubilada, solo le dieron una incapacidad del 50% y su madre no falleció hasta 2005, demasiado tarde para la prórroga vitalicia. Así que desde 2007 Maricarmen pudo seguir viviendo en aquel piso pagando una renta muy modesta solo porque el propietario no quiso ejercer los derechos que le concedía la legislación felipista.
En 2018 le ofrecieron que comprase el piso, pero ella adujo que no tenía dinero suficiente. Para entonces el piso había sido adquirido por Urbagestión, que le subió el alquiler a una cantidad superior a su pensión. Como no pudo satisfacer esa demanda, se inició un proceso de desahucio al amparo de la ley felipista de alquileres. Probablemente por eso Maricarmen se acercó al Sindicato de Inquilinas, una organización política y social, que de sindicato solo tenía el nombre, fundada el año anterior. Pacífica durante el franquismo, según los activistas Maricarmen se había movilizado contra el rentismo, pero en realidad lo había hecho contra la vertiente habitacional del felipismo.
En noviembre de 2025 escribió a Pedro Sánchez que “usted tiene la capacidad, la responsabilidad y el poder de cambiar esto". No obtuvo ninguna respuesta. Ese mes la administración regional del PP le ofreció una plaza gratuita en una residencia, pero Maricarmen la rechazó porque “quería vivir autónomamente”. En enero de 2026 fue ella la que le solicitó al Ayuntamiento una plaza de residencia. En abril se le adjudicó una plaza en una residencia autonómica de Alcalá de Henares, pero también la rechazó. Por su parte, el Ayuntamiento le dio una plaza en una residencia municipal, pero no la aceptó porque “prefería vivir con sus familiares”. Quizás se refería a su primo, porque su hermano ya había fallecido. Quedaba claro que no era una persona vulnerable sin alternativa habitacional, pues tanto el ayuntamiento de Madrid, dirigido por Almeida, como la Comunidad Autónoma Madrileña, dirigida por Ayuso, ambos del Partido Popular, le reiteraron la oferta de plazas en residencias públicas. Y además tenía a su disposición la pequeña casa de su primo en Segovia.
Al cuarto intento, el desahucio prosperó. A continuación, Maricarmen, que ya recibía asistencia domiciliaria porque su salud se había debilitado, fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Tras unas negociaciones dirigidas por su abogada, con el Ayuntamiento como mediador, la propiedad accedió a que volviese al piso con una renta muy por debajo del precio de mercado. Y ella aceptó. Aferrada a la derogada legislación franquista y negándose a aceptar las plazas propuestas por las administraciones del PP, había ganado su larga batalla contra las normas felipistas sobre viviendas. Desgraciadamente, falleció el día que iba a firmar el nuevo contrato, sin que hasta el momento los médicos hayan aclarado la causa de su muerte.
- Xosé Manuel Beiras. -
- Foto: EP
Muy distinta fue la trayectoria del gallego Xosé Manuel Beiras. Nacido en Santiago, estudió Derecho en esa universidad. Licenciado en 1957, se matriculó en la Sorbona en Derecho y Ciencias Económicas, donde también estudió Lengua y Literatura Francesa. Después se trasladó a la London School of Economics para ampliar conocimientos. En 1963 fundó en secreto el Partido Socialista Gallego y dimitió en 1977 tras no obtener ningún escaño. Tras participar en 1982 en la fundación del Bloque Nacionalista Gallego, en 1985 entró en el Parlamento de Galicia. Bajo la dirección de Beiras durante veinte años, esa formación fue ampliando su influencia. Y adoptó una línea moderada, eligiendo acercarse al PNV en vez de pegarse a Reunirse (Bildu). No seguiré relatando su trayectoria política, que él mismo definió como antifranquista y galleguista. Catedrático de Estructura Económica en la universidad de Santiago y autor de varios libros exitosos, declaró que Yolanda Díaz era la mayor traidora política que había conocido en su vida.
La democracia española le debe mucho más a Beiras que a Maricarmen. De hecho, su tardía incorporación a los movimientos sociales no se debió a ninguna conciencia antifranquista, sino a la emergencia de una serie de corrientes políticas de izquierdas que querían arrumbar varios de los consensos establecidos durante la transición a la democracia. Si los presidentes socialistas Zapatero y Sánchez trabajaron en sentido contrario a González, el Sindicato de Inquilinas se situó todavía más lejos de los ideales de la transición. El desahucio de Maricarmen coincidió con una campaña desatada por el Sindicato de Inquilinas por la crisis de vivienda que había estallado tras ocho años del gobierno presidido por Sánchez. Y Maricarmen lo sabía: unas horas antes del desahucio, entrevistada en RTVE, declaró que la responsabilidad de su situación era de Pedro Sánchez, que no se enteraba, a no quería enterarse, de los muchos desahucios que había cada día. A continuación, llegaron los dos decretos sanchistas que pretendían remediar a última hora la crisis habitacional, pero fueron rechazados en el Congreso por un grupo mayoritario de diputados. Y entonces Sánchez convocó elecciones.
Descanse en paz la secretaria madrileña a la que concedieron demasiado tarde su ambición de acabar sus días en el piso del Retiro que siete décadas antes alquiló su padre. Y también el economista gallego que contribuyó a liquidar el franquismo e impulsar el galleguismo. En este caso, dada su avanzada edad, nadie se extrañó de su muerte; en el caso de Maricarmen, solo tres años menos vieja, se levantó una fuerte polémica. Algunas destacadas personas de izquierdas hablaron de asesinato, y el Sindicato de Inquilinas prepara una querella contra Urbagestion por negligencia con resultado de muerte; por su parte, un eurodiputado de Vox pidió que le hiciesen una autopsia para determinar el motivo exacto de su óbito. ¿Influirá en el resultado electoral? A eso aspiraban las izquierdas. El resultado, el 29 de noviembre.
