VALENCIA. Los últimos acontecimientos relacionados con el movimiento del 15M son inaceptables. A buen seguro van a ser utilizados por los partidarios de que nada cambie en la política española para descalificar al conjunto de la iniciativa.
La sistemática operación de acoso que en nombre del movimiento del 15M vienen realizando algunos grupos a los representantes públicos en su toma de posesión (Valencia y Madrid) o de reunión en sesión plenaria (Barcelona) son inaceptables en democracia. Si ya fue sorprendente escuchar de algunos de ellos los insultos dirigidos a las fuerzas del orden o a los democráticamente elegidos a las puertas de les Corts Valencianes -impensables en un sistema no democrático- lo ocurrido ayer en Barcelona exige una condena contundente y una actuación clara por parte de los responsables de hacer cumplir la ley.
Es de esperar que hoy, la toma de posesión de Francisco Camps se desarrolle por otros derroteros y que el inmenso prestigio acumulado por los impulsores de la iniciativa del 15M no quede gravemente erosionada por el comportamiento de algunas personas sin relación con el grueso de los participantes en sus prolongadas acampadas en las plazas de un buen número de ciudades de España.
El sistema político de la democracia española tiene insuficiencias muy destacadas que el 15M ha contribuido a resaltar ante el conjunto de la sociedad. Muchos de los problemas ahora denunciados tienen ya larga vida y sólo el conformismo y la anteposición de sus intereses a los de los ciudadanos por parte del PP y del PSOE, explican su persistencia. Las listas abiertas, una ley electoral que haya realidad el principio de un voto vale lo mismo que otro a la hora de elegir un representante, sea en Soria o en Madrid, las iniciativas populares y tantas reivindicaciones ahora planteadas, son de gran interés para profundizar la densidad democrática de la sociedad española y valenciana. Una sociedad que, no se olvide, se ha incorporado a este sistema de representación, el menos malo de todos los conocidos, mucho más tardíamente que el resto de los países avanzados.
Por otro lado, la indignación que los participantes en la campaña de protestas surgidas en medio de la campaña electoral puede estar plenamente justificada. La crisis económica y su secuela de desempleo, especialmente grave entre los jóvenes, la cada vez más nítida separación entre representantes y representados, y la falta de expectativa de futuro para muchos de ellos puede llevar a entender excesos como tomar sin autorización plazas y calles para asentarse y manifestarse según la decisión de asambleas de legitimidad no contrastada.
Y ello a pesar, tal vez, del grave perjuicio generado a otros ciudadanos comerciantes o simples conductores. Pero si nada justifica que el movimiento se arrogue la representación exclusiva de la democracia, adjetivada "real", menos todavía se puede permitir que se insulte o se les impida su trabajo a otros ciudadanos que, además, son representantes públicos elegidos -la inmensa mayoría de ellos- por muchos más ciudadanos que los que participan en la protesta.
Si no se corrigen de inmediato estos inaceptables excesos, ya se puede vaticinar que el prometedor comienzo de la Spanish revolution va a quedar en nada. Si estos lamentables sucesos se siguen repitiendo, los partidarios de que nada cambie y de que el sistema político en España siga como hasta ahora van a contar con un argumento perfecto e irrebatible para conseguir su objetivo. Porque es risible que unos miles de ciudadanos pretendan ser más representativos que quienes cuentan con millones de votos. Una estupidez de un calibre tal que, de prolongarse, en pocas semanas la credibilidad de los indignados, y la simpatía que suscitan, habrán desaparecido.
