Nos encontramos a las puertas de un intenso curso político que encadenará procesos electorales hasta bien entrado el verano de 2027. Quizá esa prolongación explique que Pedro Sánchez haya decidido no alterar demasiado sus planes para este verano. En cualquier caso, la derecha cuenta las horas para alcanzar el poder. Y ahí puede estar su principal error: preocuparse tanto por llegar que apenas parece preguntarse en qué condiciones tendrá que gobernar.
Disparando contra todo lo que representa Sánchez, que no es poco, y llevando sus críticas hasta la hipérbole, la derecha no ha puesto sobre la mesa una cuestión elemental: una democracia madura debería juzgar los hechos por el qué y no por el quién. Una misma conducta no puede merecer un juicio distinto con independencia de quién la protagonice. Y las grandes olas de indignación política rara vez son completamente espontáneas: suelen encontrar organizaciones capaces de amplificarlas y transformarlas en movilización política.
Poco se ha escuchado a dirigentes de la derecha formular en público una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿qué ocurriría si un determinado asunto —corrupción, una decisión contraria a lo anunciado en campaña o un error flagrante de gestión— tuviera como protagonista al PP en lugar del PSOE? La diferente intensidad con la que se juzgan hechos similares debería servir de advertencia sobre el escenario que encontrará la derecha si llega a gobernar.
Porque el problema no es únicamente cómo se juzga al Gobierno actual, sino qué ocurrirá cuando haya cambio de Ejecutivo. La cuestión educativa en la Comunitat Valenciana ofrece un ejemplo significativo. Algunos de los problemas que hoy ocupan el centro de la movilización social ya estaban presentes cuando Ximo Puig gobernaba la Generalitat y Vicent Marzà era el titular de Educación. El actual clima de protesta apunta al escenario del día después del Gobierno de Sánchez, sea cuando sea. La reivindicación es legítima, desde luego. Pero cabe preguntarse por qué esa movilización no se produjo durante el Botànic.
Lo mismo puede ocurrir con otros asuntos. Las fronteras tensionadas, el acceso a la vivienda, el encarecimiento de los precios o la corrupción no desaparecerán con un cambio de presidente. El problema seguirá siendo el mismo. Lo que puede cambiar es quién se indigna, quién se moviliza y quién sale a la calle para denunciarlo.
La historia ofrece indicios sobre lo que ocurre cuando la alternancia política deja de contemplarse como una posibilidad normal de la democracia y empieza a presentarse como una amenaza existencial. Tras las elecciones de 1933, la polarización española se intensificó. El nuevo escenario político impulsó una revisión de algunas reformas del periodo anterior, mientras una parte del PSOE evolucionó hacia posiciones más radicalizadas. En octubre de 1934, la insurrección revolucionaria tuvo su principal escenario en Asturias, mientras en Cataluña Lluís Companys proclamaba el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. La respuesta del Estado fue contundente y la fractura política y social se agravó.
No se trata de establecer equivalencias entre aquella España y la actual. Las circunstancias son radicalmente diferentes. Por eso sorprende que sectores de la izquierda hayan recuperado en el debate actual la expresión "reacción antifascista", utilizada también en aquella época.
Aunque la historia no se repite, sí puede advertirnos sobre determinadas dinámicas políticas. Aconseja prudencia cuando el miedo al adversario sustituye al debate sobre las alternativas. La democracia no consiste en garantizar que siempre gobiernen los nuestros, sino en aceptar que pueden gobernar los otros. La alternancia política es una de las principales características de la democracia. Alentar el miedo a que gobierne otro no solo es irracional; también erosiona la propia lógica democrática. Porque el miedo nunca es un argumento en sí mismo.
A los ciudadanos les corresponde empezar a valorar el qué y no el quién. No hay un patrón genérico de buenos y malos, sino aciertos y errores en cada lado. La misma conducta debería merecer el mismo juicio con independencia de quién la protagonice. Comprenderlo sería un síntoma de madurez política.
En este contexto, la derecha está obligada a hacer didáctica. En el caso del PP, eso significa construir un proyecto capaz de marcar la política de la derecha española sin quedar subordinado al marco político de Vox. Implica, además, mostrarse como un partido que no necesita pedir confianza por miedo al adversario, sino por la solvencia de su alternativa.
Porque la verdadera prueba para el PP no será solo llegar al Gobierno. Será demostrar que sabe gobernar el país que encuentre al día siguiente. Un país en el que algunos juzgarán sus decisiones por lo que haga y otros por quién las haga. Su responsabilidad será conseguir que prevalezca lo primero.
Un partido al que no haya que temer y al que, si los ciudadanos así lo deciden, haya que dejar gobernar.
Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor
