El caso de las Viviendas de Promoción Pública de Alicante, lejos de remitir, sigue generando titulares. Como ya comenté hace dos semanas, el asunto tiene dos derivadas: la política y la judicial. Y dentro de la judicial, la comisión de dos posibles irregularidades, aunque traducido en delitos, la Fiscalía hace una primera exposición más extensa. Con la vía judicial poco se puede hacer. O, mejor dicho, los políticos, las instituciones o las personas afectadas poco pueden hacer más allá de haber denunciado los hechos. La justicia tiene sus tiempos.
Pero la que se ve incontrolable es la derivada política. Porque al caso de Les Naus, la promoción de viviendas públicas en la que se han visto salpicadas la exconcejala de Urbanismo, la exdirectora general de Recursos Humanos o el propio funcionario de la Conselleria de Vivienda, se ha sumado ahora el hecho de que la esposa del alcalde, Luis Barcala, también es propietaria de una VPP, adquirida hace 20 años, que solo se puede poner en el mercado en régimen de alquiler, con los precios establecidos por la Generalitat, o vender, si la administración autonómica lo autoriza.
En el caso de la vivienda de la cónyuge del primer edil, a priori todo es legal, pero supone un argumento más, en este caso para los grupos de la oposición —incluido Vox, socio prioritario del PP—, para poner bajo sospecha todo el sistema de concesión de VPP en los últimos años. Barcala habla de cacería, de un totum revolutum, de mezclar cosas, pero, en términos de relato político, es una razón más para sembrar dudas. Se queja Barcala, y tiene razón, pero, por desgracia, la política de estos tiempos se ha convertido en eso: en sembrar muchas dudas sin esperar a la resolución judicial. Y si no, que se lo digan a la esposa del presidente del Gobierno, a la que le brotan los trapos sucios, la mayoría de las veces, por ser quién es. ¿O es que González Amador sale en los titulares por su belleza?
Pero vayamos al debate que nos depararán los próximos días las VPP de Alicante. Por un lado, está el asunto judicial, del que no sabemos con qué velocidad avanzará. Y por el otro, la cuestión ética. El PP ha querido hacer la onda expansiva más grande. Por un lado, que si el funcionario de Vivienda que visó la adjudicación de las viviendas de Les Naus fue ascendido por Compromís (cuando la coalición nunca gestionó ese departamento). Por otro, que si otra de las agraciadas era la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, que en su día también ejerció de interventora en algunas consellerias durante la etapa del Botànic. A veces, poner el ventilador no suele ser útil. Yo recomendaría esperar a conocer todas las valoraciones y a saber cómo accedieron determinados perfiles —políticos, funcionarios o hijos de…—, porque el problema puede que no sea el acceso —que más de un caso habrá, seguro—, sino saber por qué lo consiguieron ellos y no otros. Es una cuestión ética, de fondo, de unos pocos destinatarios que han manchado el buen nombre de la mayoría de perceptores de esa vivienda. Y aquí el PP comete un error, que es poner en duda el modus operandi sobre el que se basa el Plan Vive, que es la colaboración público-privada. Luis Barcala, en el caso de Les Naus, ha disparado contra la cooperativa que hizo el proyecto y que adjudicó las viviendas, de acuerdo con los criterios que estableció el legislador o gobernante de turno (el decreto es de 2024). Si pones en duda al teórico socio que ha ejecutado el proyecto, ¿qué podemos pensar de todas aquellas empresas que están ejecutando el Plan Vive? ¿Que también lo pueden hacer mal?
El PP ha querido mostrar en esta crisis que ha actuado rápido, que ha provocado dimisiones y ceses y hasta renuncias imposibles (no se puede renunciar a una VPP comprada; como mucho se puede vender). Aquí hay dos cuestiones: una fácil de detectar y otra más complicada. Lo más factible es que, a priori, los controles han fallado (falta ver la baremación final de todos los adquirientes, si cumplían o no). Y la más complicada es por qué en alguna planta del Ayuntamiento de Alicante esprintaron para inscribirse en la cooperativa y poder cumplir los requisitos para optar a una vivienda en la milla de oro por un precio sensiblemente inferior. Como lo primero tardará en saberse (qué falló), lo que hay en la calle es que unos pocos se aprovecharon.
Por eso, la cuestión de las VPP de Alicante, aún siendo un fallo administrativo, es ética y política. Por eso, los partidos de izquierda aprietan. Y por eso Vox, que huele sangre y quiere disputarle el espacio de la derecha al PP, pide la dimisión del alcalde. Si fuera una cuestión técnica (y los beneficiarios fueran anónimos), posiblemente ya se habría modificado el decreto de acceso a las VPP y el Gobierno de la Generalitat lo habría presentado como un gran logro. Y ese cambio legislativo, de producirse, ya habría evitado la vergüenza de que las viviendas, además, se alquilen a terceros. Pero como no es el caso, que es una cuestión política, pues todo está en debate. Y lo seguirá estando mientras el PP siga culpabilizando a la empresa que ejecutó el proyecto. Flaco favor se le hace al Plan Vive si la culpa es de quien hizo la obra.
