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PALABRAS LLANAS

La financiación autonómica: un sistema injusto que rompe la igualdad entre españoles

Publicado: 16/01/2026 ·06:00
Actualizado: 16/01/2026 · 06:00
  • La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
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El debate de la financiación autonómica es una discusión artificial entre quienes están de acuerdo en lo principal, que es profundizar en el sistema autonómico, y entre la desigualdad, la división y el despilfarro que provoca.

El sistema de financiación autonómica se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los principales factores de desigualdad y descomposición del Estado. Lejos de garantizar la solidaridad entre territorios y la igualdad de derechos de todos los españoles, ha servido como moneda de cambio para contentar a los nacionalismos y asegurar mayorías parlamentarias a gobiernos débiles y rehenes del chantaje separatista.

Lo que vivimos en estos momentos, en cuanto a la cesión de Sánchez a los separatistas, no es algo nuevo ni es una idea original del actual inquilino de la Moncloa. Por desgracia, el copyright es de la otra pata del bipartidismo ¿Acaso lo que sucede ahora es muy distinto de lo que sucedió con el Pacto del Majestic firmado por José María Aznar? Sánchez necesita a los separatistas igual que Aznar los necesitó en su momento

Desde la perspectiva de Vox, el problema es claro: España no puede sostener un modelo en el que el lugar de residencia determine la calidad de los servicios públicos, la presión fiscal o las oportunidades vitales de los ciudadanos. La sanidad, la educación o la atención a la dependencia no deberían depender de 17 sistemas distintos, ni mucho menos de privilegios históricos blindados por intereses políticos.

El caso del régimen foral es especialmente sangrante. Mientras algunas comunidades aportan muy por encima de lo que reciben, otras disfrutan de un sistema opaco y ventajoso que rompe cualquier principio de equidad. Este trato desigual no solo es injusto, sino profundamente insolidario. No puede haber españoles de primera y de segunda en función de acuerdos heredados o de la capacidad de presión política de determinados territorios.

Los que más reciben nunca renunciarán a nada para compensar a los que menos reciben, por tanto, la traducción de eso es muy sencilla: para aumentar los recursos de los más desfavorecidos solo queda una salida, elevar aún más la presión fiscal a la que están sometidos los españoles, porque a diferencia de algunos, nosotros sí tenemos claro que los recursos de los que dispone el estado no caen de los árboles.

Además, la financiación autonómica ha fomentado una administración hipertrofiada, duplicidades innecesarias y un despilfarro constante de recursos públicos. Gobiernos autonómicos que gastan sin control, crean chiringuitos ideológicos y aumentan su deuda, sabiendo que el Estado acabará rescatándolos con el dinero de todos. Es un sistema que penaliza la buena gestión y premia la irresponsabilidad.

La mayoría de los discursos del bipartidismo y no digamos de los nacionalismos, coinciden en reclamar una desastrosa “autonomía financiera”, pero nunca hablan de optimizar los recursos para mejorar el bienestar de los españoles, y terminan siendo usados para pagar sus estructuras elefantiásicas, ineficientes o, en ciertos casos, para directamente financiar su proyecto de romper España, como ha ocurrido con la condonación de la deuda a Cataluña, que es en el fondo la condonación de la deuda al separatismo.

Vox defiende un modelo radicalmente distinto: un Estado fuerte, cohesionado y eficiente, en el que los recursos se gestionen con criterios de igualdad, solidaridad y racionalidad económica. Un sistema en el que todos los españoles contribuyan de forma justa y reciban los mismos servicios básicos, vivan donde vivan. Esto pasa por revisar en profundidad —y sin complejos— el modelo autonómico, eliminando privilegios y devolviendo competencias clave al Estado.

La financiación autonómica no necesita parches ni negociaciones bilaterales en despachos cerrados. Necesita una reforma profunda que ponga fin al mercadeo político y restablezca un principio básico: la igualdad de todos los españoles ante la ley y ante los servicios públicos. Cualquier otra cosa es seguir alimentando un sistema fallido que divide, empobrece y debilita a España.

VOX no va a caer en la trampa de entrar al debate de lo pequeño cuando es lo grande lo que falla.

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