La política tiene una relación complicada con la memoria. Los partidos recuerdan con precisión los errores ajenos, pero suelen olvidar sus propios argumentos cuando les corresponde aplicarlos a uno de los suyos.
Hace apenas unos meses, el PSPV cuestionó duramente la incorporación en comisión de servicios de Vanessa Soler, pareja del president Juanfran Pérez Llorca, a la Diputación de Valencia. Los socialistas hablaron de posible trato de favor, exigieron documentación y reclamaron explicaciones sobre el procedimiento.
Que Vanessa Soler fuera funcionaria y que la comisión de servicios estuviera contemplada legalmente no pareció suficiente. Su relación con un dirigente del Partido Popular bastaba para convertir el nombramiento en sospechoso.
Ahora hemos conocido que Ximo Puig ha elegido como conductor de su oficina de expresident al sobrino de su pareja. También se trata de una designación legal, en este caso para un puesto eventual y de confianza, retribuido con dinero público.
Sin embargo, la reacción del PSPV ha cambiado por completo. Ahora recuerda que el nombramiento se ajusta a la ley, que el puesto es de libre designación y que ser familiar de un político no debería impedir a nadie desarrollar su trayectoria profesional.
Probablemente sea cierto. No existe ningún motivo para cuestionar la capacidad profesional del joven ni para convertirlo en responsable de una decisión que corresponde exclusivamente a Ximo Puig.
Pero resulta difícil aceptar que los socialistas invoquen ahora una prudencia que negaron a la pareja de Pérez Llorca.
Es evidente que una comisión de servicios y un nombramiento eventual no son figuras administrativas idénticas. Pero el debate político es el mismo: la apariencia de favoritismo cuando una persona próxima a un dirigente accede a un puesto en una institución pública.
Cuando afectaba al PP, el PSPV hablaba de enchufismo, transparencia y ejemplaridad. Cuando afecta a un expresidente socialista, todo queda resuelto recordando que la decisión es legal.
Ahí está la contradicción.
No todo lo legal tiene que ser necesariamente ejemplar, pero ese principio debe aplicarse siempre, no únicamente cuando perjudica al adversario. Si la cercanía familiar justificaba sospechas hace unos meses, también debería provocar alguna reflexión ahora.
El PSPV tiene todo el derecho a fiscalizar al Gobierno valenciano. Lo que no resulta coherente es exigir a los demás una conducta que deja de reclamar cuando el protagonista pertenece a sus propias filas.
El problema no es solo quién conduce el vehículo oficial de Ximo Puig. El problema es que algunos partidos cambian de criterio con demasiada facilidad.
O quizá el criterio sea siempre el mismo: lo de los demás es enchufismo; lo de los nuestros, confianza.
