Ahora mi madre está ingresada y, como le ocurre a muchas personas, mi vida se ha dividido en dos planos que avanzan en paralelo: se activa una jornada que no figura en ningún contrato ni en ningún organigrama. Es la jornada del cuidado familiar, que convive con el trabajo remunerado y que, en la práctica, sostiene buena parte del sistema sin reconocimiento ni respaldo suficiente. No se trata de una excepción ni de una historia individual, sino de una realidad estructural en una sociedad que envejece y que sigue sin decidir quién cuida, cómo se cuida y a costa de quién.

El día continúa con normalidad: correos, reuniones, plazos, disponibilidad. La noche, en cambio, se llena de vigilancia, de sueño fragmentado y de una alerta constante que no se apaga. Al día siguiente hay que volver a rendir como siempre, porque el marco laboral vigente no está diseñado para este tipo de agotamiento, que no es solo físico, sino emocional y acumulativo.

El Estatuto de los Trabajadores contempla permisos retribuidos por hospitalización o enfermedad grave de familiares, pero lo hace con una duración claramente insuficiente, pensada para episodios breves y no para ingresos prolongados, enfermedades crónicas o situaciones de dependencia. Superado ese margen mínimo, las alternativas pasan por reducir jornada —con la consiguiente pérdida salarial— o solicitar excedencias que, aunque legales, penalizan trayectorias profesionales ya frágiles. El impacto no es neutro y sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

Cuando cuida un hombre se considera una excepción; cuando cuida una mujer se interpreta como parte natural del orden de las cosas, compatible con el empleo y con todo lo demás"

 

En el ámbito sanitario ocurre algo similar. La Ley 41/2002 protege los derechos del paciente, pero deja fuera del foco a quien cuida. Sin reconocimiento jurídico propio, el cuidador familiar se convierte en una pieza clave del funcionamiento hospitalario: aporta información, acompaña, vigila, detecta cambios y facilita altas que a menudo se producen sin una red suficiente detrás. Su papel es imprescindible y, al mismo tiempo, invisible.

Ese “alguien” que cuida suele ser una hija, aunque también hay hijos que asumen esa responsabilidad. La diferencia sigue estando en la lectura social: cuando cuida un hombre se considera una excepción; cuando cuida una mujer se interpreta como parte natural del orden de las cosas, compatible, al menos en teoría, con el empleo y con todo lo demás.

A esta sobrecarga se suma una realidad económica incómoda. La mayoría de las personas mayores no cuentan con pensiones suficientes para pagar cuidados externos durante meses, y las prestaciones previstas en la Ley 39/2006 de Dependencia llegan tarde, no llegan o resultan claramente insuficientes. El resultado es previsible: el cuidado se desplaza al ámbito familiar, pero sin recursos, sin tiempo y sin margen económico para sostenerlo sin consecuencias.

No se trata de una falta de compromiso familiar ni de una cuestión de vocación. Es una decisión política sostenida en el tiempo. Mientras el cuidado no se aborde como una responsabilidad pública, la otra jornada seguirá siendo obligatoria.

La solución no pasa por pedir más sacrificio individual, sino por cambios normativos concretos. Hace falta ampliar los permisos laborales por cuidado más allá de episodios puntuales, adaptándolos a la duración real de la enfermedad y la dependencia. Es imprescindible crear una figura jurídica clara del cuidador familiar en el ámbito sanitario, con derechos de información, participación y planificación del alta. Y es urgente reforzar de forma efectiva el sistema de dependencia, con plazos razonables y prestaciones suficientes que eviten que el cuidado recaiga exclusivamente en la familia.

También es necesario proteger las trayectorias laborales de quienes cuidan, evitando que la reducción de jornada o las excedencias se conviertan en castigos profesionales permanentes. Cuidar no puede seguir penalizando el empleo ni condenando a la precariedad futura.

El Estado no puede seguir delegando el cuidado en las familias y, dentro de ellas, en las mujeres, sin asumir el coste social, económico y laboral que eso implica. No es corresponsabilidad, es externalización.

El problema no es que se cuide. 

El problema es que se cuide sin derechos, sin tiempo y sin respaldo público.

María Dolores Rubio 

CFO / Directora Financiera

Trébol Salones de Juego, S.L.

Cátedra de la Mujer Empresaria y Directiva