¿Quién disparó a la PAC?
Conviene repasar el histórico para justificar el diagnóstico. La Política Agraria Común (PAC) nació en 1962 con tres objetivos esenciales: producir alimentos tras la posguerra, garantizar los precios de los productos y proteger sus precios frente a importaciones mediante aranceles y preferencia comunitaria. Cuando España se incorporó a la UE en enero de 1986, los agricultores españoles todavía pudieron gozar de una renta agraria protegida a través de unos precios mínimos garantizados, unos mercados relativamente estables, una menor exposición a la competencia internacional (leche, vino, cereales, frutas y hortalizas, etc.) y la obtención de fondos para la modernizar las explotaciones primarias. La PAC absorbía alrededor del 70% del presupuesto comunitario.
En 1992 comenzó la reforma del comisario irlandés MacSharry y las complicaciones para nuestra Agricultura, reduciendo los precios de intervención, introduciendo ayudas directas difícilmente utilizadas por las pequeñas explotaciones, imponiendo la retirada obligatoria de tierras (set-aside), implantando las primeras medidas medioambientales, ofreciendo programas de jubilación anticipada e impulsando la reforestación de tierras agrícolas. La PAC pasó a suponer el 60% de presupuesto comunitario. Curioso que el natural de un país que casi tiene más pubs y campos de golf que explotaciones agrarias fuese el que propició el inicio de un declive de la PAC, posteriormente acelerado en 1995 a 2004 por comisario austríaco Fischler (con casi más compatriotas músicos sinfónicos que agricultores) mediante el desacoplamiento de las ayudas a la producción y la Agenda 2000. La PAC pasó a representar el 40% de presupuesto comunitario.
Finalmente, el quinquenio 2023-2027 marca el comienzo de la nueva PAC y, de nuevo, un periodo todavía más lesivo para los agricultores comunitarios, enfatizando objetivos medioambientales del medio rural en detrimento de la permanencia de los agricultores en sus propiedades. En 2026 la PAC representa el 25% del total gastado por Bruselas en todas sus políticas. Europa ha sido atacada por muchos francotiradores, pero con un único blanco, la Agricultura comunitaria.
Urnas y escaños
Así las cosas, la PAC ha devenido en un mecanismo muy político, poco agrario y nada común. La población activa ocupada en la Agricultura en 1986, entrada de nuestro país en la CEE, era del 15% de la ocupación total, ahora es tan sólo del 3,5% (en la UE el 3,9%). En otras palabras, únicamente el 1,6% de la población total del país se dedica a la Agricultura, concentrada, además, en circunscripciones electorales con poca aportación parlamentaria, repitiéndose estos mismos porcentajes, y casuística, en el conjunto de la UE. En suma, un botín electoral poco significativo. Esta es la razón política por la que la PAC ha pasado de absorber casi tras cuartas partes del presupuesto europeo a representar menos de la cuarta parte.
Las políticas de corte agrícola se han diluido en una madeja reglamentaria ajena al campo tales como cohesión, investigación, digitalización, seguridad, defensa, migración, transición energética, acuerdos con terceros países, etc. Como consecuencia, la rentabilidad de las explotaciones disminuye, el cambio climático arruina cosechas y cabañas, las exigencias medioambientales y de información administrativa asfixian a los propietarios. El envejecimiento del sector es irrefrenable, la competencia internacional desigual, el favorecimiento de las grandes explotaciones en el reparto de ayudas arruinan a las pequeñas, etc. Las tractoradas no se oyen desde los despachos de la Comisión y, mucho menos, de los del Consejo.
Cloroformo y clorofila
Desde Bruselas se ha repartido, sobre todo, cloroformo y clorofila, sin un plan que ataje el problema de un campo crecientemente despoblado y desertizado. El ministro español, Luis Planas, lleva toda su vida política distribuyendo este tipo de placebos. La mayoría de las asociaciones de agricultores de la UE han criticado con dureza la desconexión de los funcionarios de la Comisión con los problemas del campo. Se ha denunciado, irónicamente, que lo más próximo que han visto un campo ha sido paseando por el Parc de Bruxelles, junto al Palacio Real belga.
- Foto: JCCM
La 'burocracia verde' y el 'cuaderno digital' suponen una merma del tiempo dedicado a las explotaciones en beneficio del ordenador, especialmente lesiva para una población rural envejecida. La obligación de registrar cada aplicación de fitosanitarios o fertilizantes, la necesidad de demostrar con fotos georreferenciadas el cumplimiento de las prácticas agrarias, evidencian la tiranía de la Comisión en sus labores de control. La omisión de las “cláusulas espejo” permite que productos de terceros países (Marruecos, Sudáfrica, Egipto) no cumplan los mismos estándares en pesticidas y se omitan controles fitosanitarios, lo que favorece la entrada de plagas inexistentes en Europa.
El acuerdo con Mercosur, cuando entre en vigor, tendrá un impacto devastador para el sector agrario español. La escasez de ayudas por los ecorregímenes sacrifica la rentabilidad de las explotaciones en favor de la ecología y el suelo. La ley de Restauración de la Naturaleza invita a retirar tierras productivas para restaurar ecosistemas, lo que implica una reducción de la producción comunitaria en beneficio de importaciones de terceros países. El incremento de los precios de los insumos, más bajos en países menos desarrollados, y la falta de jóvenes para asumir una actividad de alto riesgo y baja recompensa agravan la situación.
Las Organizaciones Comunes de Mercados (OCM), integradas en la PAC 2023-2027, regulan los mercados agrícolas europeos (vino, aceite de oliva, frutas y hortalizas, etc.) e intentan, a duras penas, aliviar la grave situación del campo europeo. En 2026, se acordó una reforma para el periodo 2026-2027 que no ha resuelto los problemas tradicionales: mejorar la posición negociadora del productor frente a la industria y la distribución, paliar los retrasos en las ayudas, falta de flexibilidad ante condiciones climáticas adversas, intervención pública e insuficientes ayudas a las organizaciones de productores. El Pacto Verde Europeo es una amenaza constante para la permanencia de la Agricultura en Europa debido a sus exigencias medioambientales.
America first, Europe nowhere
El principio de “preferencia comunitaria” nació ligado a la PAC y posteriormente se amplió a todos los productos, servicios, trabajadores y empresas de la UE frente a terceros países. La protección arancelaria era el mecanismo utilizado, basado en la solidaridad con los estados miembros, la igualdad de condiciones respecto a terceros países y la autonomía estratégica en sectores clave. Hoy día, la agricultura es un sector más clave para Europa que en 1962 al estar amenazada su existencia. Los acuerdos de Libre Comercio de la UE, y los francotiradores, han fulminado esta alerta.
La propuesta de la Comisión para el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) reduce todavía más el peso relativo de la PAC respecto a presupuestos anteriores. De los 2 billones de euros del total presupuestado para el periodo, sólo se destinará el 20% a la PAC y se acompañará de un importante rediseño estructural. En resumen, el campo continuará despoblándose, los incendios seguirán arrasando el mundo rural, las naranjas marroquíes coparán los supermercados, los coches eléctricos chinos atascarán las carreteras, etc. La preferencia comunitaria avergüenza en Bruselas, en el momento que el resto del mundo está más desinhibido. La Agricultura acelera su camino de suponer un mero concepto nostálgico.
José Emilio Cervera fue eurodiputado (1987-1989), miembro de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
