Hay imágenes que no admiten trincheras. Las de los incendios que este verano vuelven a devorar nuestros montes. Las de miles de personas llegando desesperadas a Ceuta después de cruzar desde Marruecos. Las veo y siento ese pellizco en el estómago que produce comprobar que, detrás de cada titular, hay vidas humanas.
Quien huye no busca un conflicto político. Busca agua, comida, un lugar donde dormir y la posibilidad de seguir viviendo. Quien recibe también siente miedo. Miedo a perder estabilidad, bienestar o aquello que tanto esfuerzo le ha costado construir. Es un miedo profundamente humano. Reptiliano, casi instintivo. Precisamente por eso resulta tan peligroso convertirlo en un instrumento político.
Porque el miedo individual protege. El miedo colectivo, cuando alguien lo alimenta deliberadamente, deshumaniza.
Europa está viviendo uno de esos momentos que exigen serenidad y liderazgo. Algunos gobiernos han optado por la cooperación, el cumplimiento de los tratados y la búsqueda de soluciones compartidas. Otros han preferido convertir cada crisis en una oportunidad para seguir apretando las tripas de la ciudadanía, sembrando sospechas y enfrentando a unos contra otros.
España ha respondido con firmeza. Ha reforzado el control fronterizo, ha actuado conforme al derecho internacional y la inmensa mayoría de las personas que accedieron irregularmente han sido retornadas conforme a los procedimientos establecidos. Esa es la diferencia entre gobernar y hacer oposición permanente.
No se puede aceptar la intención interesada de algunos de presentar España como si fuera el epicentro del colapso migratorio europeo cuando los propios datos de Frontex cuentan otra historia. Entre 2021 y 2026, Italia registró cerca de 479.000 entradas irregulares; la ruta de los Balcanes, más de 340.000; Grecia, casi 260.000; y España, alrededor de 235.000. El Mediterráneo seguirá siendo una frontera de esperanza mientras existan continentes separados por abismos de desigualdad. Pensar que la solución consiste únicamente en gritar más fuerte es tan inútil como pretender apagar un incendio negando que existe el fuego.
Y ahí aparece la segunda gran contradicción.
Mientras el fuego vuelve a poner en riesgo pueblos como la Vall d’Uixó y tantos otros municipios valencianos, el Consell continúa haciendo concesiones al negacionismo climático para satisfacer a la extrema derecha. Los presupuestos autonómicos prácticamente eliminan cualquier ambición en materia de cambio climático; ya en 2024 liquidaron del presupuesto la apuesta por una Agencia Valenciana del Cambio Climático, que propuso el gobierno anterior; incluso se rechaza el propio lenguaje que reconoce la dimensión del problema. Después llegan los golpes de pecho cuando arden nuestros montes.
No se puede negar durante todo el año aquello que en agosto se lamenta delante de las cámaras.
La contradicción se convierte así en método político. Se alimenta el miedo a quienes llegan mientras se ignoran las causas profundas de las migraciones. Se lamentan los incendios mientras se desprecian las políticas para prevenirlos. Se habla de convivencia mientras se introduce en el debate institucional el llamado principio de prioridad nacional, una expresión que recuerda demasiado a etapas de nuestra historia en las que algunos decidían quién pertenecía plenamente a la comunidad y quién no.
Las palabras nunca son inocentes. Antes de excluir legalmente a las personas, siempre se las excluye moralmente.
Hoy el enemigo son los migrantes. Ayer fueron las mujeres que reclamaban igualdad. Mañana será cualquiera que piense diferente. Ese es el patrón de todos los populismos: necesitan fabricar un adversario permanente para ocultar la ausencia de soluciones.
Especialmente preocupante resulta el anuncio del Consell de desarrollar reglamentariamente el llamado principio de prioridad nacional. Solo el nombre produce un inquietante eco de otra época. Evoca una forma de entender la política basada en dividir a la sociedad entre quienes merecen más derechos por el mero hecho de pertenecer a un determinado colectivo y quienes deben conformarse con ocupar un lugar secundario. Recuerda demasiado a aquella España de los Principios del Movimiento Nacional, donde el Estado imponía una única manera de entender quién formaba parte de la comunidad y quién quedaba al margen. Nuestra democracia nació precisamente para romper con esa lógica excluyente. La Constitución consagró la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas como pilares irrenunciables de la convivencia. Por eso resulta tan grave que, medio siglo después, haya quienes pretendan resucitar conceptos que sustituyen la igualdad por el privilegio y la ciudadanía por la exclusión.
La política debería servir para rebajar el miedo, no para administrarlo electoralmente.
Hannah Arendt advirtió que el primer paso hacia la deshumanización consiste en dejar de ver personas y empezar a ver categorías. Quizá por eso conviene recordar, especialmente en tiempos de incertidumbre, que ninguna sociedad se hace más fuerte cuando aprende a odiar; se hace más fuerte cuando aprende a no tener miedo del otro.
No deberíamos acostumbrarnos. Ninguna democracia se deteriora de golpe; lo hace cuando el miedo sustituye a la razón, cuando el odio desplaza a la empatía y cuando se señala a un culpable antes que buscar una solución. Hannah Arendt nos enseñó que el mal comienza cuando dejamos de pensar en el otro como un ser humano. Por eso conviene desconfiar siempre de quienes necesitan que tengamos miedo para poder gobernar. Porque el miedo puede dar votos, pero nunca construirá una sociedad mejor.
