En política hay estrategias legítimas. Y luego está otra muy distinta: generar el problema, mirar hacia otro lado mientras se agrava y, llegado el momento, intentar capitalizarlo prometiendo justo lo contrario de lo que se hizo cuando se tenía la responsabilidad de gobernar. 

Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Valencia. Quienes durante años abandonaron barrios enteros y dejaron a su suerte a los más vulnerables, hoy recorren esas mismas calles intentando erigirse en sus salvadores. Una pirueta política difícil de sostener, pero que repiten sin rubor.

Los hechos son tozudos. En ocho años de gobierno, la izquierda fue incapaz de poner en marcha nuevas infraestructuras básicas: ni un solo centro de mayores, ni centros de día, ni nuevos colegios, ni dotaciones culturales relevantes. Ocho años de discursos, planes y anuncios para dejar barrios sin nuevos recursos y vecinos esperando respuestas que nunca llegaron pero a los que ahora buscan prometiéndoles todo.

Especialmente escandalosa fue su inacción en materia de vivienda, uno de los principales problemas de los valencianos, al que respondieron sin desbloquear ningún PAI relevante y construyendo la triste cifra de 14 viviendas públicas en 8 años. Ese es el balance real. Ese es su legado. 

Y, pese a ello, ahí están otra vez: repartiendo culpas, prometiendo soluciones y señalando problemas que conocen perfectamente porque los gestionaron —o, mejor dicho, no los gestionaron— durante casi una década.

Mónica Oltra visita Orriols para señalar lo que no hicieron en ocho años. Pilar Bernabé aparece en Malilla prometiendo viviendas que ella misma nunca impulsó o que el Gobierno central lleva años anunciando sin ejecutar. Y todo ello con una naturalidad que roza el cinismo.

El colmo de la desfachatez de la delegada de Sánchez es engañar a los vecinos manifestando una falsa solidaridad por la pérdida de comercio tradicional en favor de apartamentos turísticos,  cuando olvida convenientemente que fue su partido, y ella en primera persona en 2018, quienes en el pleno municipal modificaron la normativa a favor de permitir su conversión, con el voto en contra del grupo municipal popular. 

Lo que hoy denuncian como problema es consecuencia directa de sus decisiones: dieron barra libre, sin control ni inspecciones suficientes, y generaron un modelo que tensionó barrios enteros. Esa es la herencia. Y ahora, sin asumir ni una sola responsabilidad, intentan culpar inundando las redes con desinformación a quienes están poniendo orden con la normativa más restrictiva de España.

Pero el relato tiene un límite. Y ese límite es una pregunta tan simple como devastadora: ¿por qué no hicieron nada cuando gobernaban?

Ahí se desmorona todo. Ahí es donde ya no caben los eslóganes ni las pancartas. Y es entonces cuando recurren a lo único que les queda: la mentira, la difamación y la crítica a aquello que, precisamente, es consecuencia directa de su propia acción o inacción.

Frente a ese modelo, los datos. El actual equipo de gobierno ha impulsado ya 400 viviendas públicas en apenas tres años y tiene otras 600 en desarrollo. Ha aprobado una normativa que prioriza el uso residencial frente al turístico y ha incrementado en casi un 600 % las inspecciones a los apartamentos ilegales.

Y no solo en vivienda. Este mismo año se inaugurará un nuevo colegio en Malilla, se finalizará la construcción de un nuevo centro socio cultural con espacios para la universidad popular, una nueva biblioteca, un centro de juventud y un centro de Mayores. En Torrefiel, por ejemplo, se estrenará también este año otro similar que incluirá, además, un nuevo centro de servicios sociales. 

Ocurrirá lo mismo con el nuevo polideportivo de San Isidro y otras tantas iniciativas que la izquierda no supo ver como el Espai Valdés o el centro de interpretación del Santo Cáliz.

Esto no son promesas. Es gestión. Y es precisamente esa falta de argumentos lo que explica la deriva de la oposición. Cuando no hay proyecto, no hay balance y no hay resultados que defender, se recurre a otra cosa: al ruido, a la desinformación y, cada vez más, a cruzar líneas que nunca deberían cruzarse.

Se juega con la incertidumbre de empleados públicos. Se utiliza la angustia de colectivos vulnerables. Se alimentan conflictos en lugar de resolverlos. Todo vale si el objetivo es desgastar. 

Pero esa forma de hacer política tiene un coste. Degrada el debate público, erosiona la confianza y aleja a los ciudadanos de las instituciones. Y, sobre todo, demuestra una preocupante falta de límites.

Porque entonces la cuestión deja de ser solo política. Pasa a ser también moral. ¿De verdad todo vale para rascar unos votos? ¿De verdad se puede construir una alternativa sobre la manipulación, el enfrentamiento permanente y el descrédito personal?

Ese parece ser el camino elegido por la actual oposición en el Ayuntamiento. Frente a eso, hay otra forma de actuar. La de quienes no necesitan inventar problemas porque están ocupados resolviéndolos. La de quienes no viven del titular, sino del trabajo diario. La de quienes no aparecen solo cuando hay cámaras, sino que llevan años gestionando con hechos.

Valencia no necesita más política de barro. No necesita más conflictos artificiales ni relatos forzados. Necesita gestión, necesita verdad y necesita altura.

Y, sobre todo, necesita políticos que no utilicen a las personas como herramienta electoral, sino que trabajen cada día para mejorar su vida.