VALENCIA. La previsible decisión de deshacer el SIP origen del Banco Base, en el que se integraba hasta ahora la caja alicantina, suscita, como primera reacción, una gran perplejidad. Que tras meses de negociaciones se haya tomado la decisión de romper la alianza a pocos días de la fecha final para decidir el sistema de capitalización a utilizar, resulta terreno abonado para interrogarse acerca de la confusión que ha dominado el proceso. Y de la irresponsabilidad que parece haberlo dominado. De otra forma, siendo la banca una actividad que se hace con poco dinero y mucha confianza, no se puede entender lo ocurrido. Falta de responsabilidad en primer lugar de los hasta ahora socios que tiempo han tenido, sobre todo antes del anuncio del SIP, para valorar si la alianza era mutuamente conveniente o había alternativas mejores para superar la crisis actual.
La catarata de datos que están filtrándose desde el Principado de Asturias sobre la situación de la CAM son una palpable muestra de la falta de diligencia de unos directivos que fueron incapaces de ver cuál era la situación real antes de firmar el acuerdo. Si se les ocultaron, tanto por la entidad como los que asesoraron la operación a cambio de jugosos emolumentos, tribunales hay en España que deberán dilucidar los evidentes delitos cometidos. Pero si no es así, mejor sería que callaran porque lo único que están aventando es su propia falta de competencia para analizar con rigor la situación de quienes convirtieron en sus socios.
Al margen de lo anterior, es evidente que quienes asesoraron la operación quedan en un lugar peor que malo. Los hechos parecen demostrar que su reputación de rigor y seriedad está claramente sobrevalorada. El clamor del sector financiero español a la hora de exigir una mayor seriedad de las agencias de calificación, tan fácil al ser extranjeras, debiera ir acompañado ahora por la exigencia de responsabilidad es a unos asesores que, a la vista de los sucedido, erraron por completo su diagnóstico.
Y parecida valoración debe de hacerse del comportamiento del Banco de España. A pesar de su reiterada pretensión, al menos en este caso, no parece haber contado con la información que se supone debe manejar la autoridad supervisora de un país que pretende recuperar su crédito en los mercados internacionales.
Lo que ha ocurrido suscita demasiados interrogantes para que pretenda dar carpetazo al asunto señalado que ahora las entidades buscan nuevos socios. O simplemente integrando en el FROB a la CAM que ha resultado estar mucho peor gestionada de lo que nunca hubiera podido imaginarse.
