La suma importancia del proceso judicial al fiscal general reside en que está relacionado con sendos asuntos de interés público: las relaciones entre el Estado y los ciudadanos particulares y el papel de los periodistas en las democracias. En ambos aspectos, la sentencia ha puesto de manifiesto el choque entre dos sensibilidades contrapuestas. La corriente mayoritaria ha resaltado la conveniencia de defender a los ciudadanos particulares de las acechanzas de los aparatos estatales, mucho más poderosos que cualquier individuo; la corriente minoritaria ha exigido alcanzar una certeza absoluta para condenar a cualquier acusado. El primer camino puede conducir a debilitar la presunción de inocencia; el segundo, a la inmunidad penal de los gobernantes y la indefensión de los gobernados.
Sin entrar en la valoración jurídica de la sentencia, una tarea para que están más capacitados los magistrados del Tribunal Supremo, me expondré una breve lista de hechos relevantes. Y empezaré por los referentes a los periodistas.
Varios de ellos declararon que no fue el fiscal general quien les filtró la información reservada. Para reservarse sus fuentes, esos periodistas no aportaron ninguna prueba de lo que decían. Quizás porque se percataron de que contenía detalles reservados, retuvieron varios días esa sabrosa información. También declararon que sabían que el fiscal general era inocente.
A la vista de esos hechos saco varias conclusiones. Los periodistas se han dividido entre los partidarios de denunciar los desmanes de los gobiernos y los que han preferido apoyar a sus gobernantes favoritos. Nadie puede acusarlos de mentir, pero tampoco nadie tiene por qué creer lo que no probaron. Y, finalmente, la posibilidad de que obtuviesen la filtración de otras fuentes no implica que el fiscal general sea inocente, pues lo único que cuenta es si también él reveló una información reservada (fuese o no conocida en ese momento).
Al arremeter contra el Tribunal Supremo, nuestros gobernantes están debilitando gravemente la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático"
Vayamos ahora con el meollo del asunto, lo referente al fiscal general. Los siguientes hechos han quedado probados. El abogado de González Amador intentó establecer un pacto con la Fiscalía sobre la base de reconocer que su defendido había cometido un delito tributario. Todos los años centenares de españoles son investigados para averiguar si han defraudado a Hacienda y sus casos pasan desapercibidos porque no hay intereses políticos de por medio. Aduciendo que quería defender la verdad y ganar el relato, el fiscal general difundió una nota sobre origen de la propuesta de pacto penal y tributario. Argumentando que contenía información sensible, el fiscal general borró el contenido de su móvil. La noche del 13 de marzo de 2024 varios miembros de la Fiscalía de Madrid se intercambiaron unos correos electrónicos que contenían información sensible: propuestas de conformidad penal, informes de los fiscales, detalles de las actuaciones anteriores al proceso… Esas informaciones, que circulaban exclusivamente entre los fiscales implicados en el caso, eran secretas. Dicha condición no decaía porque alguna otra fuente revelase esos secretos. Los correos llegaron al ordenador del fiscal general e incluso a su cuenta personal. El fiscal general los había solicitado activa y deliberadamente. El contenido de uno de esos correos coincidía exactamente con el remitido un poco antes por la fiscal de Madrid. Cuando el fiscal general detectó que le faltaba un correo que aparecía mencionado en El Mundo, de inmediato pidió que se lo facilitasen. La cronología de ese tráfico de información reservada, detallada en el informe de la UCO, demuestra que el fiscal general pergeñó una secuencia de actuaciones destinada a preparar una nota de desmentido. El fiscal general elaboró personalmente la nota de desmentido. La nota publicada contenía algunos detalles que no habían salido en la prensa y que eran información reservada. La fiscal Almudena Lastra se negó a publicar la nota porque contenía información reservada. En contra de lo que le pedía una secretaria de Moncloa, el dirigente socialista Lobato se negó a usar esa información en la Asamblea de Madrid hasta que le certificasen la legitimidad de su origen. Varios ministros han ridiculizado la sentencia. Varios dirigentes políticos han anunciado que el Tribunal Constitucional la anulará. El presidente Sánchez ha declarado que el fiscal general es inocente.
A la vista de esos hechos concluyo que este conflicto solo ha tenido lugar porque el investigado por fraude tributario era el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid por el PP. Fuese o no el primer filtrador, el fiscal general participó en la movida. Al arremeter contra el Tribunal Supremo, nuestros gobernantes están debilitando gravemente la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático. En el fondo, esa actitud revela una inquietante pulsión autocrática. En esa línea, Pablo Iglesias ha reclamado ilegalizar a Vox y ha confesado que, si de él dependiese, también ilegalizaría al Partido Popular. En suma, es posible que una amenaza extremista esté cerniéndose sobre la democracia española.
