¿Cómo calificarían la gestión de los diputados de la lista que votaron en las anteriores elecciones? Conviene preguntárselo porque, en una democracia parlamentaria, elegimos diputados por provincias y debemos exigirles que nos representen, aunque la dicotomía derecha-izquierda acabe ocultando esa obligación y subordinando las necesidades valencianas a las decisiones de Génova o Ferraz.
Si las fuerzas territoriales negocian inversiones y competencias en el Congreso, resulta anómalo que una nacionalidad histórica como la valenciana, con treinta y tres diputados, carezca de una influencia equivalente, cuando un reparto estrictamente proporcional a nuestra población justificaría al menos cinco escaños más. De esa insuficiencia, que tampoco han resuelto las alianzas de Compromís, nace Agenda Valenciana, dispuesta a condicionar acuerdos y presupuestos a nuestras prioridades.
La recogida de avales para el Congreso y el Senado nos ha permitido escuchar a más de 2.500 personas, especialmente de l’Horta, la Ribera, la Safor, el Camp de Túria y el Camp de Morvedre, cuya decepción ante la mala educación y el "y tú más" expresa la necesidad de recuperar una política atenta a problemas concretos.
Esa exigencia reúne a defensores de la custodia compartida, la afición del Valencia CF, los tribunales consuetudinarios, el autogobierno y el idioma valenciano, junto a estudiosos de la Transición y sus conflictos pendientes y profesionales del periodismo y la cultura. Con ellos participan economistas experimentados en gestión y preocupados por la supervivencia de la empresa familiar; médicos atentos a la salud mental y las consecuencias de las carencias sanitarias en la población; personas dedicadas a la formación, defensores de trabajadores de multinacionales y juristas que protegen a los consumidores, en una candidatura que reúne trayectorias de compromiso previo con la sociedad valenciana y con la corrección de la discriminación que padecemos por parte del Estado.
Corregir la infrafinanciación debe ser nuestro caballo de batalla, porque condiciona la sanidad, la educación y las oportunidades económicas mientras aumenta la deuda, lo que exige una compensación transitoria hasta reformar el sistema y que el Estado asuma la parte vinculada a ese trato discriminatorio. La reconstrucción tras la Dana hace más urgente esa reivindicación, que debe acompañarse de ayudas suficientes, reformas legales para ejecutar recursos y obras de prevención, junto con una gestión que refuerce la formación profesional y reduzca el abandono escolar.
La movilidad refleja esas carencias, pues Cercanías, especialmente hacia Gandia y Castelló, y Metrovalencia necesitan más frecuencias y composiciones con suficientes coches; basta recordar que en el ramal de Llíria los intervalos ordinarios rondan treinta minutos entre semana y cuarenta en fin de semana, salvo refuerzos en horas punta, o que todavía no hay cercanías a Utiel y Requena, o a La Font de la Figuera, que sólo llega hasta Alcudía-Canals, para comprender las dificultades de trabajadores y estudiantes.
La comparación con Galicia resulta reveladora, pues PP y BNG participaron en el acuerdo unánime sobre su Derecho civil de 2006 y, desde posiciones distintas, reclaman una financiación adecuada, mientras su Parlamento respaldó unánimemente el dominio .gal. Esa voluntad debería inspirar la defensa del valenciano y del .val, extendiendo la reivindicación cultural a una financiación estatal suficiente para el Palau de les Arts.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero recurrió en 2007 y 2011 nuestras leyes de régimen económico matrimonial y relaciones familiares, anuladas por el Constitucional en 2016, mientras Rajoy mantuvo aquellas impugnaciones y añadió en 2013 la relativa a las uniones de hecho, al tiempo que dejaba pendiente la reforma de la financiación autonómica. Ese cordón sanitario contra las reivindicaciones valencianas resulta inadmisible para un pueblo que, desde Jaume I, expresó su personalidad mediante los Furs y que hoy soporta un autogobierno tutelado, pese a tener reconocida en el Estatuto la competencia de Les Corts para legislar sobre nuestras familias, cuya recuperación exige diputados dispuestos a defenderla sin subordinaciones partidistas.
Ábalos tuvo la oportunidad de demostrar la utilidad de un ministro valenciano y estoy convencido de que, si hubiera actuado comprometido con su tierra, Cercanías y el corredor mediterráneo estarían mejor encarrilados, porque ocupar semejante responsabilidad obliga a responder con resultados.
Al terminar la legislatura, cada diputado deberá explicar qué ha conseguido para quienes le eligieron, responsabilidad que Agenda Valenciana asume desde ahora al comprometerse a negociar con autonomía, exigir el cumplimiento de los acuerdos y rendir cuentas de cada voto, gobierne quien gobierne, porque la utilidad de defender a los valencianos se demuestra con hechos.
José-Ramón Chirivella es abogado y candidato al Congreso por Agenda Valenciana
