El 10 de diciembre de 2024 el socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, anunció que al año siguiente se llevarían cabo un centenar de actos con motivo del quincuagésimo aniversario del fallecimiento del general Francisco Franco. Aunque la tendencia del presidente a cambiar de opinión estaba sobradamente acreditada, esta vez no mentía: en su momento, las autoridades habían certificado que Franco había fallecido en la madrugada del 20 de noviembre de 1975. Hay bastantes indicios de que había muerto en la tarde del día anterior, pero habían retrasado la hora oficial para dar tiempo a preparar la aplicación de las previsiones sucesorias, iniciadas con la operación Lucero. Para un servidor, esa operación supuso pasar la noche siguiente en los calabozos de la comisaría principal de Sevilla, sita en la Plaza de la Gavidia. Inexplicablemente, había por entonces muchos menos antifranquistas que en la actualidad, una feliz etapa en la que ha emergido una numerosa legión de aguerridos guerreros valientemente dispuestos a alancear a un enemigo fallecido hace medio siglo. Y, como muestra palpable de su osadía, el 8 de enero de 2025, con un acto en el madrileño museo Reina Sofía, esos audaces empezaron a conmemorar el óbito del dictador vitalicio. Bajo el lema España: 50 años en libertad, decían que pretendían celebrar la democracia, honrar a las víctimas del franquismo y alertarnos del riesgo de que volviera el fascismo. Sin embargo, unos pocos días antes del siguiente 20 de noviembre se puso de manifiesto que la verdadera amenaza que se cernía sobre España no era esa.

El 17 de noviembre de 2025 los responsables de la conmemoración pusieron en la Gran Vía madrileña una gigantesca lona en la que aparecía escrito: "Poder posar un annunci en catalá enmig la Gran Vía", es decir: "Poder poner un anuncio en catalán en medio de la Gran Vía". Con el lema "La democracia es tu poder", se suponía que esa era una de las ventajas de la democracia. Prudentemente, no pusieron ninguna lona en el centro de Barcelona que dijese "Poder poner un anuncio en español en medio de la Rambla”, es decir, "Poder posar un annunci en espanyol enmig la Rambla". Quizás esa omisión se debía a que los gobernantes catalanes multaban a los comerciantes que rotulasen en español. Más grave todavía, impedían que los niños matriculados en los colegios públicos catalanes estudiasen en el único idioma oficial en todo el territorio español. A pesar de las varias sentencias judiciales exigiéndolo, los socialistas, en connivencia con los separatistas, mantenían a toda costa la inmersión lingüística en catalán. Al parecer, la democracia dejaba de ser nuestro poder cuando chocábamos con los intereses de los separatistas.

Aquel mismo día, el 17 de noviembre, el socialista Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña, publicó la convocatoria de un concurso público para adquirir, por un máximo de 27.131.200 euros sin impuestos, un inmueble que albergase la sede de la delegación del Gobierno catalán en Madrid. Con una extensión de unos 2.500 metros cuadrados, tenía que estar en alguno de los barrios céntricos de la capital y disponer de seis aparcamientos. Al frente de los veinte trabajadores de la delegación estaría la socialista Núria Marín, que había sido alcaldesa de Hospitalet del Llobregat. Sus funciones principales serían dirigir “las actividades de representación y relaciones públicas del Govern” y “mantener la interlocución” con “las delegaciones permanentes de las Comunidades Autónomas”. Puesto que no hay manera de encontrar en las bases de datos ninguna confirmación de la existencia de tales delegaciones regionales, ¿no se trataría de una argucia para enmascarar que su verdadera función era relacionarse, como constaba en la propaganda catalana, con las embajadas de otros países? Por esas tareas, la embajadora catalana recibiría un sueldo de 99.137 euros anuales, unos 20.000 euros más que los ministros españoles. Se trataba de otro ejemplo de cómo unos dirigentes, que se quejaban continuamente del expolio fiscal al que estaría sometida Cataluña, no escatimaban en puestos públicos, en salarios muy altos, ni en instalaciones lujosas. Y eso que, según la Constitución Española, las relaciones internacionales eran competencia exclusiva del Estado, o sea del Gobierno español.

Para mayor agravio, en esas mismas fechas la socialista Marisú Montero, ministra de Hacienda, declaraba en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que garantizaría “la financiación singular para Cataluña”. Traducido al lenguaje común, eso significaba que iba a implantar el ventajista cupo fiscal catalán, que perjudicaría notablemente a las regiones menos adineradas, como Murcia, Valencia o Andalucía. 

En vez de preocuparme por el fantasmal retorno del franquismo que predecían los mismos que dedicaban millones de euros a recordar a Franco, se me antojó más urgente defender la integridad territorial del España"

Al día siguiente, 18 de noviembre, se celebró en el Estadio Olímpico Luis Companys, sito en Barcelona, un partido de fútbol entre la selección catalana y la selección palestina. Al acto asistieron el alcalde socialista de Barcelona y no menos de cinco consejeros del Gobierno socialista catalán. En cambio, los dirigentes de los partidos separatistas, o sea Juntos, IRC y CUP, prefirieron fotografiarse en la puerta del Parlamento junto a un cartel que decía “Una nación, una selección”. En suma, pedían que se oficializase el supuesto derecho de la selección catalana de fútbol a participar en las competiciones internacionales, incluso contra la propia selección española si así ocurría.  

Unos días antes eso mismo habían pedido los dirigentes del PNV y de Bildu con motivo del partido de fútbol entre la selección vasca y la palestina celebrado en el bilbaíno estadio de San Mamés. En esa ocasión había asistido Sira Rego, una ministra del gobierno español adscrita a Sumar. Algunas de sus declaraciones daban a entender que, salvo en Vasconia y Cataluña, el racismo imperaba en casi todas las regiones españolas.

Todo aquello coincidió con unas declaraciones en París de Imanol Pradales, el presidente del gobierno regional vasco, en las que se definía como un independentista muy pragmático. Así pues, en vez de independizarse de una vez, Pradales pretendía que Vasconia siguiese parasitando al resto de España. En 2025 seguía vigente la célebre frase pronunciada en 1984 por Xabier Arzalluz, dirigente del PNV, de que unos agitaban el árbol y otros recogían las nueces. Ahora las nueces eran un cupo fiscal expoliador y varios puestos en empresas públicas españolas.

¿No sugería esa múltiple simultaneidad de actos contra España que el verdadero riesgo no estribaba en la remota posibilidad de que retornase el franquismo, sino en que triunfasen definitivamente las fuerzas políticas centrífugas que pretendían disolver el Estado español en una pluralidad de pequeños estados? Después de todo, las alianzas entre socialistas, comunistas y separatistas, todos ellos partidarios de una concepción plurinacional de España, eran tan potentes que detentaban el Gobierno español, el vasco y el catalán. Y de ahí que, en vez de preocuparme por el fantasmal retorno del franquismo que predecían los mismos que dedicaban millones de euros a recordar a Franco, se me antojó más urgente defender la integridad territorial del España, promover la igualdad de los españoles de todas las regiones, recuperar el monopolio de las relaciones exteriores, implantar un sistema de financiación autonómico equitativo y garantizar la enseñanza en español en las regiones bilingües. Llamadme raro, pero, si antaño me moví a favor de la democracia, ahora prefiero moverme en contra del separatismo. O sea, que sigo igual que antes.