Hay incendios que empiezan en el monte y otros, en los despachos. Los primeros necesitan una chispa. Los segundos prenden con el abandono, la burocracia y decisiones tomadas de espaldas a quienes conocen el territorio.
Cada verano, el mismo horror: montes convertidos en ceniza, familias pendientes de las llamas, pueblos rodeados de fuego y paisajes que forman parte de nuestra memoria desapareciendo en cuestión de horas. Y después llega el segundo incendio: el político. Ese que no quema árboles, pero sí consume toneladas de sentido común.
Indudablemente, el cambio climático agrava el riesgo, pero convertirlo en explicación universal resulta tan ridículo como falaz. Un monte no arde únicamente porque haga calor o llueva poco. Arde también cuando acumula combustible, desaparece el pastoreo, se abandonan cultivos, los caminos dejan de mantenerse y cuando gestionar el territorio se convierte en una carrera de obstáculos administrativos.
En la Diputación de Valencia, el actual equipo de gobierno asumió en 2024 una premisa sencilla: cuesta menos prevenir que apagar y restaurar. Por eso, la gestión pasó a ocupar un lugar estratégico, se reforzaron los medios de los brigadistas del Consorcio de Bomberos, sus infraestructuras, vehículos y equipamientos. Así, el presupuesto de la Diputación destinado al Consorcio se ha incrementado un 30%, ahí es nada.
Y cuando hablamos de política de subvenciones en materia forestal, la diferencia presupuestaria respecto al gobierno anterior resulta todavía más difícil de disfrazar con retórica pseudoverde. En 2023, en el último presupuesto del Botànic, la partida destinada a ordenación de bosques, prevención de incendios y protección del paisaje ascendía a 10 millones. En 2026, estamos destinando a esos mismos objetivos cerca de 31 millones. El conjunto de las políticas de bomberos, medio ambiente y desarrollo territorial sostenible también ha experimentado un incremento presupuestario del 65%, mientras que el área de desarrollo territorial sostenible —en la que se incluyen políticas vinculadas a aprovechamientos, agricultura, pastoreo y caza— ha aumentado su presupuesto un 64%.
Son cifras que cualquiera puede consultar en los presupuestos públicos. Los números importan porque permiten discutir quién es más “ecofriendly” sobre hechos, y no sobre soflamas.
También importa la implementación. La Diputación destinó 1,2 millones de euros a actuaciones de restauración tras el incendio de Montitxelvo, y ha impulsado el pastoreo extensivo permitiendo que los ayuntamientos incorporen la contratación de pastores dentro de determinadas subvenciones y financiando campañas.
Igualmente, se han abierto líneas para favorecer sistemas de calefacción municipales alimentados por biomasa y se ha trabajado con el Observatorio de Pastoralismo OPEM y con la Federación de Caza CV en proyectos de protección del medio natural y mantenimiento del equilibrio de ecosistemas, además de impulsar la escuela valenciana de pastores. El monte necesita personas que lo trabajen y animales que lo pisen con más frecuencia de la que se regenera.
No obstante, hemos de tener claro que aprobar una ayuda provincial no significa que automáticamente aparezcan empresarios de aprovechamientos forestales debajo de las piedras. Sin políticas medioambientales, fiscales y laborales, políticas de control europeo y nacional que cuiden al empresario en vez de asfixiarlo, el problema de los incendios va a ser eterno y cada año peor.
Por otro lado, la prevención real exige coordinación legal y de ejecución entre Estado, autonomías, diputaciones, ayuntamientos, propietarios, confederaciones hidrográficas y profesionales del sector. Exige escuchar a quienes llevan toda una vida trabajando sobre el terreno y estudiándolo: agricultores, ganaderos, pastores, selvicultores, cazadores, ingenieros, biólogos…
La coordinación es imprescindible porque de nada sirve una parcela limpia si las colindantes son pólvora. Y ahí está la verdadera clave: tenemos normativa para aburrir, mucho plan, aunque poca efectividad. La política medioambiental no puede construirse tampoco sobre regulaciones en las que la ideología prima sobre el interés general presente y futuro. Prevenir significa invertir antes, sentirse ciudadano del mundo, gobernar para todos, y no para los votantes propios.
Así, en la Diputación de Valencia estamos aportando cada año más recursos, pero no podemos lograrlo solos. Ni siquiera tenemos las competencias suficientes. El fuego del verano que viene no distinguirá entre quien prometió prevenir y quien realmente previno. Y solo quedan nueve meses. Cuando vuelva el calor, será demasiado tarde otra vez para discutir quién tenía razón.
En conclusión, necesitamos un enfoque legal transversal y equilibrado: ambiental, de financiación autonómica, fiscal, económico, agrícola, ganadero, turístico y demográfico. “Si necesitan ayuda, que la pidan”. Ok, la estamos pidiendo.
