Hay dos maneras de afrontar el mayor problema social de nuestro tiempo: la vivienda. Una es anunciarlo todo y no hacer nada. La otra es trabajar, poner recursos y levantar viviendas. Y en Valencia, por mucho que algunos se empeñen en confundir, la diferencia entre el ruido y los hechos ya no admite discusión.

Durante ocho años, el gobierno del PSOE y Compromís redujo la política de vivienda a una sucesión de titulares huecos. El balance real es demoledor: 14 viviendas públicas en ocho años. Catorce. No es una errata. Catorce viviendas para una ciudad, como tantas otras, con un problema estructural de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y mayores. 

Ocho años de anuncios, discursos, planes estratégicos, ruedas de prensa… y un resultado que habla por sí solo. Una cifra tan vergonzosamente ridícula que los deja sin autoridad moral para dar lecciones sobre este asunto.

Frente a eso, en dos años y medio, el gobierno de la alcaldesa María José Catalá ha puesto en marcha 1.000 viviendas públicas, todas en construcción. No me refiero a promesas ni a PowerPoints: me refiero a obras y datos. 

Hemos multiplicado por cuatro la adjudicación de vivienda pública. Invertimos más de 2,7 millones de euros al mes en vivienda, frente a los 190.000 euros mensuales que destinaba la izquierda. Esa es la diferencia entre gestionar y declamar. Y les doy más cifras: solo en la última semana, el Ayuntamiento de Valencia ha activado 500 nuevas viviendas. 

En La Punta han comenzado las obras de 90 viviendas de protección pública, con una inversión superior a los 18 millones de euros, pensadas para jóvenes y mayores. En Carpesa, hemos desbloqueado un PAI con 125 viviendas en un suelo paralizado desde los años ochenta, atendiendo por fin una reivindicación vecinal histórica. 

En Malilla, junto al Hospital La Fe, hemos adjudicado la urbanización de casi 36.000 metros cuadrados donde se construirán cerca de 300 nuevos pisos, 113 de ellos de protección pública, con una inversión inicial de cinco millones de euros. Esto es gestión. Es política de vivienda. Es lo que nosotros entendemos por hacer ciudad.

Y mientras tanto, ¿qué hace Pedro Sánchez? Anuncios electoralistas. Anunciar lo mismo una y otra vez sin cumplir nada. Las viviendas del antiguo cuartel de Ingenieros llevan prometiéndose desde 2018, cuando Ábalos era ministro. Han pasado siete años y no se ha visto ni una sola máquina trabajando allí. Solo titulares reciclados mientras se dedicaban a otras cosas…

Esta misma semana, el presidente ha vuelto a anunciar una medida fiscal sobre el alquiler: una bonificación del 100 % en el IRPF a los propietarios que no suban el alquiler al renovar contratos. Exactamente la misma medida que anunció hace un año y que nunca puso en marcha. Y, aún más grave, sus propios socios de gobierno ya han advertido de que no saldrá adelante. Otra promesa más para la hemeroteca. Pero da igual: se anuncia igual. Porque lo importante no es que funcione, sino que suene bien.

Pero el colmo del cinismo llega cuando la delegada de Sánchez en Valencia, Pilar Bernabé, sale a los barrios a propagar falsedades, asegurando que con ellos los valencianos pagarían la mitad en vivienda. ¿Qué hicieron durante sus ocho años de gobierno en el Ayuntamiento y en la Generalitat? Nada.

¿Qué han hecho en el gobierno de España? Lejos de solucionar el problema lo han agravado con su nefasta Ley de la Vivienda: una ley que genera inseguridad jurídica, desprotege a los propietarios expulsando viviendas del mercado del alquiler, asfixia la oferta y tiene como resultado el encareciendo de los precios. 

La realidad desmonta su relato. La propia Generalitat de Cataluña ha reconocido que, tras el primer año de aplicación de la ley de topes, los precios han seguido subiendo, la oferta ha caído y el alquiler de temporada se ha disparado. 

Menos pisos, más caros y más precariedad. Este es el modelo que nos quieren vender con el mismo objetivo de siempre: crear ciudadanos dependientes y presentarse ahora como la solución a los problemas que la propia izquierda crea.

Y ya que reparten lecciones, conviene recordar algunos hechos incómodos: el PSOE votó en contra de que el Ayuntamiento comprara un edificio en La Torre donde vivían más de 100 personas, vendido por un fondo. Hasta en la oposición intentan bombardear la política de vivienda. Por suerte, no lo consiguen. Nosotros a lo nuestro. 

Porque la política de vivienda no va de eslóganes ni de confrontación ideológica. Va de suelo, de inversión, de licencias y de voluntad política. Va de decidir si se quiere gobernar o simplemente sobrevivir a base de titulares. 

La vivienda exige algo mucho más serio y ambicioso: un Pacto de Estado, estable y duradero, en el que todas las administraciones acuerden reglas claras que sobrevivan a los ciclos electorales. Este problema condiciona la vida de millones de personas y debemos resolverlo con responsabilidad y de manera urgente. Nosotros estamos en marcha.