En el Pleno del Senado del pasado jueves 9 de julio, pudo verse claramente las dos formas que tenemos izquierda y derecha de ver la jubilación: o como derecho, o como negocio. El debate sobre el paso al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de miles de mutualistas dio lugar a una exposición bastante clara de cómo unos y otros vemos la protección a quienes terminan su vida laboral. Detrás de una cuestión aparentemente técnica sobre cotizaciones, coeficientes y pasarelas hay una pregunta profundamente política: ¿quién protege a las personas cuando un sistema que se presentó como seguro termina fallándoles?
Miles de profesionales trabajaron durante décadas confiando en un modelo que se les ofreció como válido y suficiente para garantizar su futuro. Cumplieron con sus obligaciones y, cuando llegó el momento de la jubilación, descubrieron que aquella promesa no se traducía en una pensión digna.
La perseverancia de las asociaciones de mutualistas y de tantas personas que han sostenido esta reivindicación merece reconocimiento. Han conseguido situar su realidad en la agenda política y recordar que detrás de cada ley hay personas que, después de toda una trayectoria profesional, no reclaman privilegios sino justicia.
Pero su situación también nos deja una enseñanza política: cuando los sistemas privados fallan, algo bastante frecuente, la ciudadanía vuelve la mirada hacia lo público. Hacia el Estado. Hacia ese espacio común que hemos construido para protegernos frente a la incertidumbre, la pobreza, la enfermedad y la ruina.
Por eso defendemos el sistema público de pensiones. No como una consigna ni como una reliquia del pasado, sino como una de las mayores conquistas colectivas de nuestra democracia. Las pensiones públicas, como la sanidad pública, son seguridad, igualdad y cohesión social. Son la principal fuente de ingresos de millones de personas y la garantía de que en España envejecer con tranquilidad no dependa exclusivamente del patrimonio acumulado o de la capacidad individual de ahorro.
Ante la reivindicación de los mutualistas, la política tenía la obligación de responder. Y el Partido Socialista respondió impulsando una iniciativa en el Congreso. Respondió con un Gobierno dispuesto a escuchar durante meses a los colectivos afectados para encontrar una solución. Porque escuchar es imprescindible, pero gobernar exige transformar una reivindicación legítima en un derecho real, viable y jurídicamente seguro. Sin consignas ni proclamas: estudio, datos, más estudio, más datos. Hasta que salen las cuentas.
Ese ha sido el objetivo durante todo este proceso. Encontrar una solución que combine justicia para los mutualistas, seguridad jurídica y sostenibilidad del sistema público de pensiones. Tres principios que no pueden separarse si queremos construir derechos que duren.
Frente a ese trabajo, el Partido Popular ha elegido demasiadas veces el ruido y la contradicción. En el Pleno del Senado se presentó como defensor de los mutualistas, cabe preguntarse a qué PP debemos creer. ¿Al que promete protección social o el que cuestiona la revalorización de las pensiones conforme al IPC? ¿Al que habla de mejorar derechos o el que congeló pensiones cuando gobernaba? ¿Al que hoy se fotografía con los trabajadores o el que se opone sistemáticamente a las subidas del salario mínimo y anuncia recortes para quien está de baja por enfermedad?
Nosotros hemos demostrado cada vez que gobernamos que la protección social es un derecho y que el Estado debe garantizarla. El PP sigue viendo demasiadas veces los derechos sociales como un gasto que hay que contener y no como un derecho que debemos ensanchar y consolidar.
Hace unos días, el Partido Popular repartía entre los mutualistas un panfleto cargado de promesas. Pero los derechos no nacen en un panfleto ni se construyen a golpe de titular, de tuit, de gesticulaciones en la tribuna del Congreso o del Senado. Los derechos se conquistan, se negocian, se garantizan y, finalmente, se publican en el Boletín Oficial del Estado donde se hacen verdaderamente posibles.
Esa es la diferencia entre hacer propaganda y gobernar. Mientras otros buscan su minuto de gloria, los socialistas seguiremos haciendo lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia: ensanchar derechos, fortalecer lo público y convertir las reivindicaciones justas en avances reales para la mayoría social.
Porque los panfletos se tiran a la papelera, pero el BOE permanece.
