Para quien está pendiente de una renovación del alquiler, el otoño no se mide en citas electorales. Se mide en cuánto le van a subir la mensualidad y en si podrá seguir viviendo en su casa. Para quien espera una consulta médica o trabaja en una escuela infantil con un sueldo insuficiente, tampoco. La política pierde buena parte de su sentido cuando estos problemas se convierten en asuntos sobre los que discutir, pero no en urgencias sobre las que actuar.
Ahora tendremos elecciones generales el 29 de noviembre. A ese calendario se añade el anuncio de una huelga general vinculada a la vivienda y los salarios. Son acontecimientos importantes, pero conviene no confundir los tiempos de una campaña con los de quienes llevan meses organizándose. Sus reivindicaciones no pueden quedar en suspenso hasta que sepamos quién gobierna. Desde la izquierda debemos preguntarnos qué estamos aportando a esas luchas, y hacerlo sin dar por buena la respuesta de antemano.
Estar en una manifestación importa. Defender una reivindicación en les Corts también. Pero podemos hacer ambas cosas y seguir lejos de lo que necesita la gente. Ocurre cuando una iniciativa parlamentaria acaba siendo un trámite sin continuidad; cuando nos basta con denunciar al gobierno de turno; cuando escuchamos a un colectivo y, al terminar la reunión, todo sigue exactamente igual. Tenemos que exigirnos más.
La vivienda muestra bien esa distancia. A quien no puede pagar el alquiler le sirve de poco asistir a otra discusión sobre si la responsabilidad corresponde al Gobierno central, a la Generalitat o a su ayuntamiento. Cada administración tiene competencias y debe ejercerlas. Si falta una herramienta, habrá que reclamarla. Si existe y no se utiliza, habrá que exigir que se ponga en marcha. Lo que no podemos aceptar es que el reparto de responsabilidades termine dejando a las familias sin respuesta.
Hay medidas que defender, como declarar zonas tensionadas (entre otras tantas) y también hay que impedir que las políticas de vivienda queden reducidas a ayudas que acaben absorbidas por nuevas subidas de precios. El dinero público debe servir para facilitar el acceso a un hogar, no para sostener cualquier rentabilidad que el mercado decida exigir. Y lo mismo podríamos decir en materia de educación, de sanidad, de servicios sociales, y un largo etcétera de ámbitos que impactan directamente en nuestros derechos y calidad de vida.
Las luchas pueden tener interlocutores y reivindicaciones diferentes. Pero comparten una preocupación reconocible: cuánto cuesta vivir y qué ocurre cuando los servicios que deberían sostenernos dejan de hacerlo. No somos los partidos quienes hemos descubierto esa preocupación. Hay sindicatos, plataformas y colectivos que llevan mucho tiempo trabajando sobre ella. Han organizado encuentros, preparado propuestas y sostenido conflictos cuando apenas despertaban atención pública. Respetar ese trabajo implica aceptar que no nos corresponde dirigirlo.
A veces llegamos tarde y, aun así, queremos ocupar el centro. La fotografía, la intervención, el mensaje en redes. No hace falta atribuir mala intención a nadie para reconocer que esa forma de participar puede terminar desplazando a quienes deberían tener la palabra. Una organización social no necesita convertirse en el telón de fondo de nuestra comunicación. Pero respetar su autonomía tampoco nos permite desentendernos. Disponemos de recursos institucionales, capacidad para pedir información, presentar propuestas y fiscalizar a los gobiernos. Debemos ponerlos a trabajar en objetivos acordados con quienes conocen el conflicto. Y seguir ahí cuando desaparezca la atención mediática.
No acepto el discurso de que todos los partidos somos iguales. Hay diferencias profundas entre defender los servicios públicos y abrir nuevos espacios de negocio a su costa. Entre garantizar derechos y decidir que algunas personas merecen menos por su origen. Pero esas diferencias deben notarse en algo más que en nuestras palabras. A la extrema derecha hay que confrontarla también ahí. Cuando dirige el malestar contra la población migrante, ofrece un culpable fácil para evitar que se discuta sobre el precio de la vivienda, los salarios o el reparto de la riqueza. Nuestra respuesta debe volver sobre esos problemas y presentar soluciones que mejoren la vida de la gente.
La alternativa que necesitamos tendrá que construirse con esa mayoría que trabaja, estudia, cuida, busca empleo o vive de una pensión. Personas que dependen de sus ingresos mensuales, no de rentas especulativas ni de grandes fortunas. Reunir siglas puede ayudar, pero no sustituye ese trabajo.
Los partidos de izquierdas debemos comprometernos con los sindicatos y los movimientos sociales en tareas concretas. Elaborar propuestas que puedan defenderse en los centros de trabajo y en las instituciones. Sostenerlas, corregirlas cuando sea necesario y conseguir que se cumplan. Escuchar es el comienzo de esa relación, no su resultado. Ahí hay una esperanza que merece la pena cuidar. Organizarse permite compartir un problema que antes se vivía a solas y empezar a buscar una salida. Nuestra tarea es contribuir a que ese esfuerzo tenga consecuencias: una vivienda que no se pierde, una atención que llega a tiempo, unas condiciones laborales que mejoran.
No nos corresponde protagonizar todas las luchas, pero tampoco observarlas esperando a que se conviertan en votos. Nos corresponde trabajar con quienes las sostienen y responder por nuestra parte. Esa es la izquierda que necesitamos construir, también después de las elecciones.
