Me refiero a la alcaldesa de Valéncia, María José Catalá, que antes de llegar a la Alcaldía, en mayo de 2023, formuló una afirmación que conviene recordar ahora, cuando Valéncia conmemora el 750 aniversario de la muerte de Jaume I: la defensa del Estatuto de Autonomía era una de sus líneas rojas.
No parecía una frase retórica ni una referencia menor. El Estatuto es la norma que articula nuestro autogobierno, reconoce nuestras instituciones y expresa jurídicamente una personalidad política que no nació con la Constitución. Por eso, ante una efeméride que obliga a mirar hacia Jaume I, la Real Senyera y la formación histórica del Regne de Valéncia, resulta legítimo preguntarse si los símbolos y las actuaciones políticas caminan realmente en la misma dirección.
El Ayuntamiento ha anunciado que la Real Senyera y la espada de Jaume I tendrán especial protagonismo en los actos del próximo 9 d’Octubre. Nada que objetar. La espada forma parte de la memoria del Conqueridor y la Real Senyera es uno de los grandes símbolos valencianos. Pero Jaume I no fue solamente un rey guerrero. Fue también el fundador de un Reino con personalidad institucional propia y, sobre todo, un legislador.
Si exhibimos la espada y no otorgamos una presencia equivalente a Els Furs, corremos el riesgo de contar solo una parte de la historia: la de la conquista, pero no la de la construcción política y jurídica del Regne de Valéncia. Juristes Valencians hemos solicitado durante los últimos años la exhibición conjunta de la Senyera y Els Furs en el Salón de Cristal de la casa consistorial durante los días previos al 9 d’Octubre. Hasta ahora, sin éxito.
Els Furs no son una reliquia pintoresca ni un adorno medieval. Explican que este territorio dispuso durante siglos de un ordenamiento propio y ayudan a comprender por qué, casi 320 años después de su abolición por Felipe V, la recuperación de la capacidad legislativa civil valenciana continúa siendo una reivindicación de autogobierno.
Algo semejante ocurre con Francesc de Vinatea. El Ayuntamiento anunció en septiembre de 2024 que, tras reparar la estatua del Jurat que defendió la integridad territorial del Regne a principios del siglo XIV, colocaría "en las próximas semanas" un panel explicativo sobre su defensa del autogobierno valenciano. El monumento lo representa, significativamente, con Els Furs en la mano. Cabe preguntar qué ha sido de aquel compromiso, derivado además de un acuerdo adoptado por el Pleno municipal el 26 de enero de 2023.
Y es aquí donde la presencia de Vox en esta conmemoración adquiere una especial significación.
Conviene empezar reconociendo algo a la Alcaldesa. La elección de José Gosálbez como portador de la Real Senyera no responde a una decisión arbitraria para favorecer a Vox, sino al turno rotatorio entre los grupos municipales.
Es una forma respetable de entender las tradiciones institucionales: quien gobierna no se apropia de los símbolos comunes y acepta que sean representados también por quienes mantienen posiciones políticas diferentes.
Precisamente por eso resulta inevitable establecer una comparación.
Sería deseable que Vox mostrara en Les Corts la misma consideración hacia las tradiciones institucionales que ahora le beneficia en el Ayuntamiento de Valéncia. El 25 d’Abril comenzó a conmemorarse en 1994 como Día de Les Corts Valencianes y durante tres décadas fue asumido por presidencias y mayorías de distinto signo. Sin embargo, bajo la presidencia de Llanos Massó, Vox decidió en 2025 prescindir del tradicional acto institucional y en 2026 tampoco se ha recuperado. José María Llanos ha llegado a sostener que el día de los valencianos es el 9 d’Octubre y ha rechazado la necesidad de conmemorar el 25 d’Abril.
La comparación resulta reveladora: Catalá respeta una tradición institucional aunque permita a Vox portar el principal símbolo de los valencianos; Vox no demuestra el mismo respeto cuando la tradición de la institución que preside no coincide con su propia lectura política de nuestra historia.
Las instituciones y sus símbolos deberían estar por encima de estas conveniencias. La Real Senyera pertenece a todos los valencianos, desde Morella a Orihuela, pero también forma parte de nuestra memoria institucional recordar la pérdida de los Furs y del autogobierno producida tras la batalla de Almansa.
La paradoja se acentúa cuando examinamos la posición de Vox respecto del Derecho Civil Valenciano. Su programa para las elecciones generales de 2023 propone avanzar hacia "un Estado unitario administrativamente descentralizado", devolver competencias al Estado y limitar la capacidad legislativa autonómica. Sin embargo, unas líneas después declara que "respeta y defiende los Fueros de carácter civil en su vertiente privada", citando expresamente materias como familia, matrimonio y sucesiones.
En la práctica, acepta así la existencia de Derechos civiles propios en territorios como Galicia, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña o Illes Balears, mientras rechaza que los valencianos recuperemos nuestra capacidad legislativa civil.
La contradicción merece explicación. Si esos Derechos civiles forales son respetables y defendibles, ¿por qué el valenciano resulta inaceptable? ¿Por qué la pluralidad civil española puede mantenerse y desarrollarse en otros territorios y debe cerrarse precisamente cuando los valencianos pretenden recuperar una competencia que su Estatuto reconoce y que Les Corts han reclamado reiteradamente?
José María Llanos expresó con claridad esta posición ya en febrero de 2020, cuando defendió un Código Civil único y rechazó un Derecho valenciano porque suponía "legislar distinto, aparte". Ha insistido nuevamente en ella durante el Debate de Política General de septiembre de 2026, defendiendo un Derecho civil "común a todos" y pidiendo al president Pérez Llorca que no respaldara la recuperación valenciana.
El problema es que el propio programa nacional de Vox admite los Derechos civiles forales. Y estos ordenamientos no son piezas históricas inmóviles: el artículo 149.1.8.ª de la Constitución permite expresamente su "conservación, modificación y desarrollo".
Por eso la pregunta permanece: ¿por qué esa pluralidad civil y su evolución son admisibles para unos territorios y no para los valencianos?
Es en este contexto donde adquiere especial significado que Vox tenga un papel tan visible precisamente en el 750 aniversario de Jaume I. Personalmente siento simpatía y respeto por José Gosálbez. La cuestión no afecta a la persona ni pretende cuestionar su derecho a portar la Senyera conforme al turno establecido. Afecta al mensaje político que acompaña una conmemoración excepcional.
Porque Jaume I no representa solamente la conquista de Valéncia. Representa también la creación de un Reino, sus instituciones y Els Furs. Celebrar al monarca mientras se rechaza que el autogobierno que contribuyó a fundar pueda tener hoy una manifestación jurídica efectiva exige, como mínimo, alguna explicación.
Y aquí aparece también la responsabilidad del Partido Popular. La propuesta de reforma constitucional valenciana aprobada por Les Corts en 2020 no fue una iniciativa marginal ni partidista: contó con el respaldo del PP, PSPV, Compromís y Unides Podem. El PP defendió entonces expresamente la recuperación del Derecho Civil Valenciano y la convivencia entre el Derecho común y los Derechos civiles forales.
Seis años después, la reforma continúa pendiente de que Les Corts culminen la designación de la delegación parlamentaria que debe defenderla en el Congreso.
Por eso no parece suficiente proclamar el Estatuto como línea roja y limitar después la identidad valenciana a ceremonias, símbolos y fotografías. María José Catalá tiene capacidad política para plantear esta cuestión ante el Palau del carrer Cavallers y también ante Génova. Puede pedir a Juanfran Pérez Llorca que desbloquee definitivamente la designación de la delegación de Les Corts y reclamar a Alberto Núñez Feijóo que el PP actúe en Madrid con la misma coherencia con la que durante años defendió en Valéncia la recuperación de nuestra capacidad legislativa civil.
No se trata de reclamar privilegios. Se trata de corregir una anomalía que el propio Partido Popular valenciano ha reconocido reiteradamente en el pasado reciente.
Y resulta especialmente difícil justificar casi once meses de espera en Les Corts después de comprobar que, en mayo de 2026, las Cortes Generales sí fueron capaces de reformar la Constitución para atender una reivindicación institucional planteada desde el Parlament de Balears para dotar de senador a Formentera.
El 750 aniversario constituye una ocasión excepcional para recuperar esa coherencia. Celebrar a Jaume I exige algo más que acompañar su espada. Defender la Real Senyera exige algo más que portarla. Y proclamar el Estatuto como línea roja exige defender también, incluso cuando resulte incómodo ante las direcciones estatales de los partidos, las consecuencias actuales del autogobierno que ese Estatuto representa.
Jaume I no es solamente la conquista. Es también Els Furs, las instituciones y la creación del Regne de Valéncia como entidad dotada de personalidad política, institucional y jurídica propia dentro de la Corona de Aragón.
Y precisamente porque la Alcaldesa ha demostrado que sabe respetar las tradiciones institucionales aunque beneficien a quienes piensan de forma distinta, cabe pedirle un paso más: que en este 750 aniversario defienda ante Pérez Llorca y ante Feijóo que el homenaje a Jaume I no se quede únicamente en sus símbolos, sino que alcance también al autogobierno valenciano que constituye una parte esencial de su legado; requiera a Feijóo, a no dar la espalda a los valencianos, como no dudaría en defender el derecho civil gallego.
