La reciente aprobación del Reglamento de Retorno por parte de la Unión Europea supone el reconocimiento de una realidad que durante años las élites de Bruselas se han negado a admitir: una política migratoria sin control conduce inevitablemente al fracaso. La nueva normativa pretende agilizar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, reforzar la cooperación con terceros países y permitir la creación de centros de retorno fuera del territorio comunitario.
Dice el refrán que “nunca es tarde si la dicha es buena”. En este caso, aunque la dicha es buena, es tarde, demasiado tarde. Porque revertir las consecuencias de una inmigración masiva y descontrolada será una ardua tarea que exigirá mucho trabajo, mucha valentía y mucha voluntad política.
En VOX mantenemos que esta decisión llega tarde, pero confirma algo que llevamos años denunciando: Europa no puede mantener fronteras abiertas mientras pretende preservar su seguridad, su cohesión social y su identidad cultural. El hecho de que apenas una parte de las órdenes de expulsión se ejecuten demuestra que el sistema vigente ha sido incapaz de hacer cumplir sus propias normas. En realidad, no todo es achacable al sistema en sí, que es manifiestamente mejorable, los responsables tienen nombre y apellidos, y son los responsables de los sucesivos gobiernos que han abierto nuestras fronteras de par en par y han fomentado el efecto llamada entregando las ayudas sociales a los que están aquí de forma irregular y convirtiéndonos en el hospital del mundo, ambas cosas insostenibles. Y no satisfechos con eso, ahora regularizan a cientos de miles que entraron y permanecen de forma ilegal en nuestro país. Borrón y cuenta nueva.
La inmigración ilegal no es un fenómeno inevitable ni una consecuencia natural de la globalización. Es el resultado de decisiones políticas equivocadas que han enviado al mundo el mensaje de que entrar ilegalmente en Europa apenas tiene consecuencias. Cuando una persona recibe una orden de retorno y permanece en territorio europeo durante años, el Estado de derecho queda gravemente debilitado. El nuevo reglamento intenta corregir esta anomalía estableciendo mayores obligaciones de cooperación y procedimientos más rápidos para ejecutar las expulsiones.
Especialmente relevante es la posibilidad de crear centros de retorno en terceros países. Durante demasiado tiempo, la Unión Europea ha asumido en solitario los costes de una inmigración irregular masiva, mientras muchos países de origen se negaban a readmitir a sus nacionales. La externalización de determinadas fases del proceso de retorno puede convertirse en una herramienta eficaz para evitar abusos del sistema y garantizar que las órdenes de expulsión se cumplan realmente. Estos centros de retorno podrían ser el principio del fin del negocio de las mafias. Si con este nuevo reglamento el hecho de alcanzar suelo europeo deja de ser una garantía de permanencia en él, los ingresos de las mafias también dejarán de estar garantizados y pronto se les pasará esa supuesta vocación humanitaria, que no es otra cosa que vocación de hacer negocio con los vulnerables.
Gracias al trabajo de VOX y del grupo Patriots, la política migratoria europea puede empezar a cambiar, pero el reglamento sigue siendo insuficiente. La verdadera solución pasa por recuperar el control efectivo de las fronteras exteriores, endurecer las condiciones de entrada, eliminar los incentivos que favorecen la inmigración ilegal y reforzar la capacidad de los Estados nacionales para decidir quién entra y quién permanece en su territorio. Europa no puede depender exclusivamente de mecanismos burocráticos cuando afronta un desafío demográfico, económico y de seguridad de primer orden.
También resulta curioso que muchos de los mismos dirigentes que hoy celebran este endurecimiento hayan promovido durante años políticas de efecto llamada, sistemas de acogida desbordados y discursos que criminalizaban cualquier crítica a la inmigración masiva. El cambio de rumbo no responde a una reflexión ideológica profunda, sino a la presión creciente de millones de europeos que exigen seguridad, orden y control de las fronteras. Pero, aun así, bienvenido sea. Por desgracia para España, entre esos dirigentes no está el inquilino de la Moncloa que se opone a cualquier medida encaminada a combatir la inmigración masiva cómo son la externalización de los centros de deportación a países extracomunitarios y que en el marco financiero plurianual se costeen estos centros a cargo de las arcas comunitarias a partir de 2028.
En definitiva, el Reglamento de Retorno representa una rectificación parcial de los errores cometidos por la Unión Europea durante la última década. Es una medida positiva porque reconoce que quien no tiene derecho a permanecer en Europa debe regresar a su país. Pero mientras Bruselas siga evitando abordar las causas estructurales de la inmigración ilegal y continúe limitando la capacidad de los Estados para defender sus fronteras, la respuesta seguirá siendo incompleta. Europa necesita menos burocracia migratoria y más soberanía, más control fronterizo y menos ingenuidad política.
