La vivienda es uno de los grandes asuntos de esta campaña. Y es lógico, porque de ella depende que un joven pueda independizarse, que una familia crezca o que alguien siga viviendo en el barrio donde ha nacido
La pregunta no es quién habla más de vivienda. Es quién la construye.
En Valencia tenemos respuesta. Desde que María José Catalá llegó a la Alcaldía hemos movilizado suelo, impulsado vivienda protegida, ampliado el alquiler asequible y desbloqueado proyectos que llevaban años parados. Aquí gobernamos asumiendo los retos y gestionando para resolverlos.
Esta semana lo hemos vuelto a demostrar con tres decisiones. Hemos presentado el presupuesto de 2027, el mayor de la historia de la ciudad. Hemos aprobado en el Pleno el PAI de Benimaclet, que desbloquea 1.345 viviendas tras décadas de espera. Y hemos aprobado una moratoria para frenar determinados cambios de uso en los patios de manzana. Presupuesto, vivienda y convivencia. Planificar, invertir y actuar.
Empecemos por las cuentas, porque sin recursos no hay política pública. El presupuesto consolidado de 2027 llega a los 1.580 millones de euros, un 11,7% más que en 2026. Vivienda y urbanismo crece un 23,6% hasta los 142 millones. En vivienda, destinamos más de 39 millones, frente a los poco más de cinco del último presupuesto del anterior gobierno municipal de izquierdas.
Esta es una diferencia fundamental. En Valencia aprobamos presupuestos cada año, planificamos inversiones y ejecutamos proyectos. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue año tras año sin sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. ¿Cómo se puede afrontar el principal problema social de España sin garantizar los recursos y la estabilidad necesarios?
Benimaclet es un buen ejemplo. Después de décadas de bloqueo, hemos aprobado un desarrollo que contempla 1.345 viviendas, 403 protegidas, suelo para 300 viviendas dotacionales destinadas al alquiler asequible y cerca de 70.000 metros cuadrados de zonas verdes.
La izquierda gobernó Valencia durante ocho años y fue incapaz de desbloquearlo. Ahora, desde la oposición, vuelve a votar en contra. ¿Qué alternativa ofrecen a los jóvenes que necesitan una vivienda? ¿Seguir esperando otros treinta años?
Conviene recordar un dato: durante sus ocho años de gobierno municipal, PSOE y Compromís promovieron únicamente 14 viviendas públicas. Catorce. Frente a ese balance, nuestro gobierno ha impulsado el Plan + Vivienda, con 523 viviendas ya habitadas de las 1.000 previstas, más de 5.500 viviendas con licencia municipal y 18 desarrollos urbanísticos desbloqueados.
Y mientras en Valencia avanzamos, ¿qué ocurre con las grandes promesas del Gobierno de España?
En noviembre de 2018, el entonces ministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión, anunció la construcción de 525 viviendas en el antiguo cuartel de Ingenieros. Después llegaron nuevos anuncios, nuevas cifras y nuevas fechas. Hasta 100.000 viviendas para sumar al parque público nacional se anunciaron en 2020. Otro anuncio incumplido.
Las promociones de Ingenieros y Artillería volvieron a aparecer en los compromisos del Gobierno en 2020, 2022 y 2023. En 2025 se anunció también un PERTE de vivienda con sede en la ZAL del que no se sabe absolutamente nada.
La política de vivienda tampoco puede reducirse a intervenir los precios. Si limitar los alquileres bastara, ¿qué político con dos dedos de frente lo rechazaría? Ninguno. Se rechaza porque la experiencia demuestra que no funciona.
La Universidad de Chicago preguntó a 41 de los economistas más prestigiosos del mundo si el control de precios mejora la vivienda asequible. Solo uno lo respaldó. Esto no es política, es ciencia económica.
Barcelona ofrece una lección que conviene analizar sin prejuicios. La regulación ha contenido las rentas medias de los nuevos contratos, pero los indicadores sobre la disponibilidad de viviendas son muy preocupantes. ¿De qué le sirve a un joven un precio limitado si no consigue encontrar un piso? La única vivienda que verdaderamente protege es la que se construye.
Necesitamos construir más, movilizar suelo, agilizar licencias, rehabilitar edificios, fomentar el alquiler asequible y ofrecer seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos. La vivienda exige soluciones completas, no medidas aisladas.
En las elecciones generales del 29 de noviembre, la vivienda estará inevitablemente en el centro del debate. Los ciudadanos merecen conocer qué propone cada partido, cuánto costarán sus medidas, cómo se financiarán y en qué plazos podrán ejecutarse.
Desde Valencia defendemos una política basada en presupuestos, suelo disponible, colaboración público-privada y proyectos que puedan hacerse realidad. Ese es el camino que estamos siguiendo con María José Catalá.
El derecho a la vivienda necesita políticas eficaces. Y, sobre todo, necesita viviendas. Ocho años después, ¿Dónde están las viviendas prometidas por el gobierno de Sánchez?
