VALENCIA. Unos 50.000 valencianos han sufrido durante más de cuatro años la injusticia de ser beneficiarios de una ayuda de la Generalitat para la compra de una vivienda y no poder cobrarla porque no estaba presupuestada. La mayoría aún no ha cobrado, pero empieza a ver el horizonte despejado después de que la Conselleria de Vivienda haya esbozado un calendario de pago a medio plazo, que 240 millones de euros no se improvisan con Montoro apretando para bajar el déficit.

La seguridad jurídica, ese concepto tan frío como importante para un país, ha sido crucial en la lucha de los damnificados contra la falta de seriedad del Gobierno de Camps. Al concedérseles las ayudas adquirían un derecho que han hecho valer ante los tribunales y los sucesivos gobiernos, que finalmente -empezó Fabra al final de su legislatura- tuvieron y tendrán que habilitar una partida para pagar lo que no había pagado porque no estaba presupuestado.

En parecido fiasco jurídico-administrativo se encuentran cientos de empresas de energías renovables a quienes un mal día el Gobierno de Rajoy recortó las primas establecidas por Zapatero por las que habían decidido invertir en plantas fotovoltaicas. Entre los afectados hay fondos de inversión extranjeros que creían que España era un país serio donde la alternancia política o los cambios de opinión que impone Merkel a los presidentes no suponen quitar a los administrados los derechos reconocidos conforme a las leyes existentes hasta ese momento.

Y en esa tesitura se puede encontrar ahora el fondo internacional Eurofund y el operador de centros comerciales Intu, que después de invertir varios millones de euros en un proyecto que hasta la fecha cumple todos los pasos legales exigidos para los grandes complejos comerciales y de ocio, se encuentran con que al nuevo conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo no le gusta (al autor de estas líneas tampoco, por si a alguien le interesa).

Rafael Climent admite que ni siquiera conoce bien el proyecto Puerto Mediterráneo, en Paterna, pero que no es su modelo de economía sostenible y no está por la labor de aprobarlo. El director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, aún va más lejos: "Si tuviera que firmar yo la paralización, la firmaría".

Puede que la Economía del Bien Común, modelo económico de Climent, no tenga la seguridad jurídica como uno de sus pilares, pero debería. La seguridad jurídica implica que uno pueda emprender un proyecto en función de la legislación vigente y abrir un negocio si cumple todos los requisitos, independientemente de si le gusta al conseller, al director general o al alcalde de turno.

Lo de menos son los cientos de millones de euros de inversión y los miles de puestos de trabajo previstos en Puerto Mediterráneo. Lo de menos es si hablamos de centros comerciales o de energía fotovoltaica. Esto vale para grandes y pequeños empresarios del sector que sea. Con la ley y el DOCV en la mano, pueden hacer lo que quieran o lo que puedan dentro del marco comunitario, pero que un director general diga que firmaría la paralización de un proyecto empresarial que no ha vulnerado ninguna norma -que se sepa-, suena a prevaricación, a inseguridad jurídica, a república bananera.

PS: El autor de este Billete se va de vacaciones hasta el 26 de agosto. ¡Feliz verano!