VALENCIA. Me sorprendió hace un par de semanas escuchar en boca de un economista mediático que uno de los problemas más importantes que acuciaban a la economía española era la rapidez con que se estaba reduciendo "la hucha de las pensiones". Recuperada de la estupefacción inicial, acudí a internet y observé que no era el único en hacer dicha afirmación, sino que una parte de la prensa estaba realizando afirmaciones parecidas. Todos somos conscientes de que los datos están siempre sujetos a interpretación, pero dado lo sensible del tema parece oportuno revisar su evolución reciente y situación actual.

En realidad el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es como se denomina la llamada "hucha de las pensiones", fue creado en el año 2000, durante el mandato del presidente Aznar. El Pacto de Toledo de 1995 recomendaba la separación y clarificación de las fuentes de financiación de nuestro sistema de Seguridad Social, así como la constitución de reservas en el nivel contributivo del mismo que atenuasen los efectos de los ciclos económicos.

Posteriormente, en 2001, se aprueba la ley de Estabilidad Presupuestaria donde se prevé que, en caso de superávit en la Seguridad Social, éste se aplique prioritariamente al Fondo de Reserva para atender necesidades futuras de dicho sistema. Dicho fondo se invertiría en activos seguros. El primer año en que dichas cuentas arrojaron superávit fue el 2000 y en el gráfico 1 puede apreciarse su evolución desde entonces. Hubo aportaciones entre los años 2000 y 2008, junto con 2010. Desde entonces, al no existir superávit, no se han realizado nuevas aportaciones.

Lo que en España conocemos como Seguridad Social es un conjunto de organismos del Estado que tiene como misión la gestión del sistema de protección social. El principal gasto lo constituyen las pensiones, mientras que el principal ingreso son las cuotas pagadas por los afiliados a la Seguridad Social. Como todos sabemos, el sistema público de pensiones adoptado en nuestro país es un sistema de reparto, esto es, cada año se pagan las pensiones con lo recaudado de las cotizaciones sociales de los que están trabajando.

En caso de no ser suficiente, los Presupuestos Generales del Estado realizan la aportación necesaria (es decir, se complementaría con cargo a los impuestos). Para que nos hagamos una idea, en 2015 el Presupuesto Consolidado del Estado asciende a 347.800 millones de euros, de los cuales el 39.1% lo constituye la Seguridad Social, el 45.7% el Estado propiamente dicho (los gastos de los Ministerios) y el resto lo forman los demás organismos del sector público. El gasto en pensiones previsto para 2015 es de 128.000 millones de euros, de las cuales la mayor parte son contributivas (115.000 millones de euros).

Con el fin de poder comparar magnitudes, habría que empezar por decir que el máximo valor del Fondo de Reserva se alcanzó en 2011 (gráfico 2) ascendiendo a la cifra nada despreciable de 65.800 millones de euros, es decir, unos seis meses de pensiones. Asimismo, dado que el dinero se empleó en la compra de deuda pública (la mayor parte española), su rentabilidad fue bastante alta, al haber generado (a lo largo de todos estos años) unos 22.000 millones de euros en intereses, alrededor de un 5% anual.  

No obstante, no debemos confundir la evolución de un fondo creado para suavizar los efectos de los ciclos económicos sobre el pago de las pensiones, con un problema mucho más grave y con repercusiones a largo plazo, que es la propia sostenibilidad del sistema de pensiones en España. En ese caso la cuestión no es si, año a año, contaremos con suficiente financiación procedente de las cotizaciones para pagar las pensiones o tendremos que recurrir al Fondo (o a los Presupuestos) para completarlas, sino si el número de cotizantes será suficiente para pagar el creciente número de pensionistas, cada vez más longevos.

Este es un problema recurrente en España y para verlo podemos recurrir a los datos sobre el  número de trabajadores cotizantes, parados y el número de pensionistas de la Tabla 1. La cifra importante es la relación entre el número de afiliados y el de pensionistas, que se muestra en la última columna. No es casual que la cifra más baja, 2.06, se alcanzara a mediados de los años 90: la firma del Pacto de Toledo fue muestra de la preocupación que existió en el momento por la insostenibilidad del sistema. El total de trabajadores afiliados rondaba tan sólo los doce millones, con más de seis millones de pensionistas.

Gracias al aumento de cotizantes durante los años del "boom" en España, cuando los afiliados llegaron a los 20 millones, dejó de hablarse del problema de la sostenibilidad del sistema durante un tiempo. Pero en 2014 volvemos a cifras preocupantes: 16 millones de trabajadores afiliados y más de 8.5 millones de pensionistas. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población española y las previsiones demográficas, y a pesar de las medidas tomadas para lograr la suficiencia de recursos, prolongando la edad de jubilación y aumentando los años de cotización precisos para lograr las máximas prestaciones, la sostenibilidad no está asegurada.

No se está planteando abiertamente un debate a fondo sobre este tema, probablemente por ser muy sensible en la opinión pública. Si resulta difícil pasar a un sistema de capitalización como el chileno o el sueco, podría diseñarse con claridad y permanencia incentivos fiscales para la contribución a planes de pensiones individuales.

Por lo que se refiere al Fondo de Reserva su saldo es aún positivo, por una cuantía cercana al 3% del PIB, mostrando, al fin y al cabo que lo acumulado en los años de los 20 millones de cotizantes está permitiendo mantener las pensiones a lo largo de la actual crisis. Es cierto, muy cierto, que ha habido importantes disposiciones del Fondo en los últimos años. Pero, como en otras ocasiones, algunos apuntan a un problema de corto plazo: la reducción de lo acumulado en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

De nuevo, coyuntura y estructura (ajustes y reformas) se confunden. Pocos recuerdan que, entre las diversas reformas estructurales inacabadas, una de las más importantes, por su efectos a largo plazo (lo mismo que la educación), es la reforma del sistema de pensiones en España.