Me asombra que no exista todavía una distinción  y una práctica política claras entre la estructura jurídica de competencias de las administraciones del Estado y las diferentes autonomías. Y no solo en ellas sino también en el modo de actuar de los partidos políticos. Tengo la impresión que el centralismo, tan vituperado desde la propia Historia de España, se ha acentuado de manera exponencial sin que las resoluciones de la Constitución de 1978 se apliquen. Así, estamos viendo como desde la capital de España se deciden cuestiones de importancia que teóricamente afectan a la responsabilidad de las autonomías. Se recorre a los poderes centrales cuando se dirimen cuestiones consideradas de importancia sin atender a las competencias que por derecho estatutario tienen las distintas autonomías y se distorsiona la capacidad social de intervenir.

Lo estamos observando con el caso de los ministros del gobierno de España. Se ha decidido que sean algunos de ellos los que lideren las autonomías. Una gran parte de los ministros están protagonizando alcanzar el liderazgo político en Andalucía, Aragon, Madrid y Valencia, y en otras se apuesta por aquellos en sintonía con la tendencia que mantiene y controla el PSOE, pero ocurre lo mismo en el PP y con mayor fuerza en Vox. Esa dualidad política de ministro y aspirante a las presidencias autonómicas está favorecida por los medios de comunicación ya que los ministros tienen la oportunidad de resonancia pública en los diarios nacionales y eso les proporciona un marquetin agregado  a sus figuras en detrimento de la propia capacidad de los liderazgos autonómicos que pudieran surgir en las propias sociedades. Es más, los cargos que se ostentan en las autonomías se proyectan en muchas ocasiones a la posibilidad de progresar en los gobiernos de España donde al parecer se alcanza la culminación de una carrera política.

Es como si se pensara que la capacidad de autonomía de los territorios es un hándicap para la estabilidad política del país. Y de esa manera todo pasa por Madrid sin considerar que ello favorece a la corta y a la larga movimientos políticos localistas o en algunos casos nacionalistas.  Solo en aquellos donde el peso económico y social junto a la fuerza histórica se atiende a la dinámica propia de la autonomía. Los partidos estatales tienen que inventárselas para no crear disfunciones en esas nacionalidades constitucionales que provoquen disonancias políticas.

Es lo que ocurre con el caso Mazón, un presidente elegido de acuerdo con las leyes vigentes del Estatuto de la CV. Y en cambio el asunto de si tiene responsabilidad en la tragedia de la dana se está dilucidando en los medios de comunicación madrileños que parece que cuando piden su dimensión tienen más autoridad que los de la Comunitat. Y así se centra el tema en el líder del PP nacional a quien se pide su cese sin recabar en la autonomía valenciana. Es un presidente elegido en las Cortes y responde a las instituciones políticas valencianas. Serán estas las que deban decidir sobre su responsabilidad,  contando con las consecuencias jurídicas que se deriven.¿Acaso cuando salió el caso de la corrupción de Jordi Pujol los medios de comunicación estales actuaron de la misma manera? Hubo todo tipo de críticas pero no recuerdo que directamente se exigiera su dimisión. Se entendía que eso era una competencia de las fuerzas políticas catalanas. Y ello suponía aceptar la legislación constitucional vigente.

Si no respetamos las instituciones que hemos creado es posible que sigamos en el paradigma de un Estado centralista que todo lo decide, mientras curiosamente el PSOE está defendiendo un Estado Federal sin aclarar a qué modelo federal se adscribe porque casi un 40% de los países que forman la ONU se declaran federales. Y eso no va en contra de la unidad del Estado ni de la capacidad de los partidos políticos para determinar las líneas que se consideren oportunas para la gobernabilidad. No parece que hayamos superado el tradicional enfrentamiento ente el Centro y la Periferia lo que se traduce en continuas reclamaciones contra el gobierno del Estado y en la confusión de la ciudadanía sobre cuál es el espacio autonómico y aquel que afecta a toda España. Y eso profundiza en la imposibilidad de consensos entre las principales fuerzas políticas. Si no triunfas en Madrid no triunfas.