Se abre, durante un mes, el periodo de exposición pública y propuestas del Plan de recuperación y mejora de la resiliencia frente a inundaciones, elaborado por el Gobierno de España como respuesta a la Dana del 29 de octubre de 2024. Un documento que debía marcar un punto de inflexión, pero que representa en realidad un ejercicio de inercia institucional, alejado del rigor técnico, de la voluntad transformadora y de las necesidades reales del territorio. Un plan sin fundamentos firmes, sin recursos claros y sin visión a largo plazo. Una enmienda a la totalidad, no al pasado, sino a nuestro futuro.

Este plan decide qué actuaciones se harán y cuáles no sin disponer todavía de los informes técnicos definitivos. El Cedex aún no ha concluido la modelización hidráulica del episodio y nos ha confirmado, por respuesta parlamentaria oficial, que no lo hará antes de final de año. Y, aun así, ya se dan por descartadas algunas de las obras más importantes. Decidir sin diagnóstico es improvisar. Y hacerlo con esta ligereza, tras una de las catástrofes climáticas más graves vividas en décadas, es una forma de rendición institucional.

Tampoco hay una financiación cierta. El plan habla de una “dotación flexible” de hasta 1.500 millones, de 530 que parece que ya tienen el bolsillo que no es más que el timo de la estampita de toda la vida: el Plan carece de partidas concretas en los Presupuestos Generales del Estado. Más allá de algunas obras de emergencia impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, no hay compromisos de ejecución reales ni cronogramas verificables. Y lo que se anuncia como “planificación” se parece demasiado a una simple lista de intenciones. 

A todo esto se suma una grave omisión: no hay ninguna medida para frenar la expansión urbanística en zonas inundables, ni para revisar los planeamientos municipales, ni para actuar contra la ocupación irregular del dominio público hidráulico. El urbanismo desordenado sigue siendo el elefante en la habitación, y ni siquiera tras la Dana se ha querido abrir ese melón. Al contrario, lo que parece dominar es el impulso de licitar obras —las que sean, como sea— sin modelo, sin visión de cuenca, y sin ningún cambio de paradigma. Exactamente las prácticas que nos llevaron al modelo de corrupción del pasado y del presente.

Este plan es, también, el fracaso del Gobierno de España y de sus representantes valencianas, que han sido incapaces de elevar una respuesta técnica y territorialmente coherente. Es un fracaso institucional en toda regla. Pero además sienta las bases de un continuismo que podrá asumir sin apenas cambios un futuro gobierno de PP y Vox: inversiones sin modelo, licitaciones sin criterio, silencios cómplices ante la ocupación del territorio y desconfianza hacia la inteligencia de la sociedad civil.

Porque lo más grave no es solo lo que el plan dice, sino lo que ignora. El documento no escucha a la sociedad valenciana que más ha trabajado sobre el riesgo hídrico. No reconoce el saber de nuestros departamentos universitarios, de los técnicos que han diagnosticado el territorio durante décadas, de las asociaciones y plataformas que han propuesto soluciones concretas, ambiciosas y sostenibles. Personas que, con más apoyo y menos tutelas, podrían planificar mejor que ningún ministerio. Personas que no necesitarían de la Confederación del Júcar para entender qué hay que hacer y por qué.

Frente a todo eso, el Gobierno presenta un documento que llega tarde, mal y sin alma. Una propuesta burocrática que se sitúa muy por detrás de la sociedad civil valenciana, de su madurez, de su compromiso, de su conocimiento acumulado. Un plan que no lidera, sino que arrastra. Que no escucha, sino que impone.

La Dana no puede saldarse con más retórica ni con respuestas grises. La exposición pública debe servir para exigir una revisión profunda del documento, basada en tres pilares: rigor técnico, voluntad política y protagonismo del territorio. Porque no podemos permitir que el futuro se decida desde tan lejos, con tan poca escucha y con tanto desprecio a quienes, desde hace años, ya están haciendo el trabajo que el Estado sigue sin querer hacer.