A lo largo de la última década hemos acumulado numerosas evidencias que demuestran el fracaso reiterado de la privatización de los servicios públicos. Estas investigaciones y las múltiples experiencias paradigmáticas de remunicipalización impulsadas en contextos de alta presión por gobiernos progresistas se oponen a la supuesta verdad neoliberal que la derecha defendió y que parte de la socialdemocracia, en cierto modo también, asumió sobre los supuestos beneficios de esta forma de gestión. Resultados contrastados muestran una falacia que por el camino ha dejado todo un rastro de ineficiencia, corrupción, clientelismo, condiciones laborales deterioradas y caída en los indicadores de calidad en los servicios públicos afectados.
Conviene partir de una premisa: los servicios públicos son la experiencia cotidiana que la ciudadanía tiene con la democracia y las Administraciones públicas tienen atribuida la responsabilidad de tratar a las personas como titulares de derechos fundamentales que no solamente conviene proteger, sino que resulta preciso ensanchar, enriquecer y mejorar de forma permanente bajo la idea de interés general y bien común.
A pesar de los numerosos obstáculos promovidos por intereses contrarios al interés general, la recuperación de la titularidad pública de los servicios sanitarios frente al modelo Alzira por parte del Botànic fue un ejemplo de que, con voluntad política y prioridad por el bien común, es posible prevalecer el control democrático, la gestión directa y las garantías administrativas de la ciudadanía por encima de las redes clientelares y la conversión en beneficios privados de recursos públicos obtenidos a través de los impuestos.
La práctica de privatizar o, en su acepción eufemística externalizar, se ha extendido a nivel municipal de forma alarmante provocando numerosos problemas que van más allá de casos de corrupción y clientelismo, dando como resultado un encarecimiento de los costes y el deterioro de la calidad de los servicios públicos. Esto desmiente categóricamente la premisa de la gestión preferente y superior del sector privado, conllevando además unas condiciones laborales deficientes del personal que presta atención a la ciudadanía con dinero público.
En ciudades como València son cuantiosas (demasiadas) las concesiones de distinto tipo que suponen, en última instancia, una desviación al sector privado de responsabilidades públicas y que, con voluntad política, rigor y esfuerzo institucional, deben ser asumidos directamente por el Ayuntamiento.
Muestra de ello son las quejas que la ciudadanía expresa cada día sobre el estado de mantenimiento de distintas instalaciones basadas en la gestión privada. Esto requiere de una auditoría inmediata y un plan de reversión urgente, incrementando las inversiones en nuevas instalaciones y mejorando el mantenimiento cotidiano. Lo mismo sucede con el servicio de gestión del agua, a lo que hay que sumar numerosas dudas sobre la transparencia en la información que ofrecen sus empresas y órganos de gestión. En la misma línea se da con la limpieza y la prestación de distintos servicios auxiliares urbanos en cuestiones como jardinería o consejería. En materia educativa, la existencia de distintas escoletas infantiles debería ser objeto de una seria reflexión sobre la necesidad de ser asignadas a la gestión pública directa blindando condiciones laborales, materiales e infraestructuras suficientes y dignas.
Cabe indicar que la gestión indirecta no sólo tiene implicaciones económicas y sobre la dignidad laboral de sus empleados, sino que también concierne a derechos ciudadanos como el de la información pública. A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de València debería adoptar medidas urgentes para garantizar la transparencia en Emivasa. Es fundamental que su portal de transparencia cumpla con todo el rigor de la ley, tal y como hacen otras entidades que sí respetan la normativa. Si continúa incumpliendo sus obligaciones, deberían tomarse las medidas necesarias para que rinda cuentas ante la ciudadanía y las instituciones competentes. La situación de Emivasa debería conducir a una auditoría y a una eventual reclamación ante la Sindicatura de Cuentas. Pero, en cualquier caso, el servicio debe ser remunicipalizado para garantizar la transparencia, la buena gestión, la reducción de las tasas y la garantía de un servicio público en un bien básico de interés colectivo.
Por todo ello, es fundamental abrir, en primer lugar, un proceso de auditoria generalizada del estado en el que se encuentran las actuales concesiones al sector privado con el propósito de evaluar su estado actual, tanto a nivel jurídico como laboral, presupuestario y en estándares de calidad y satisfacción por parte de los usuarios y usuarias, ciudadanía en última instancia. A continuación, será fundamental llevar a cabo una planificación plurianual de intervención urgente que tenga como propósito revertir para la gestión directa todos aquellos servicios públicos que, por razones de interés general, mejora de la calidad y fortalecimiento institucional, requieran ser recuperados, algo que es extensible a prácticamente todas las concesiones existentes en la actualidad. Estas decisiones deberán ser uno de los pilares fundamentales de un nuevo escenario para la gestión municipal de València y permitirán una resignificación de la posición que ocupa la ciudadanía como centro de todo el desempeño institucional, así como una nueva forma de concebir la dimensión democrática de los presupuestos y su ejecución.
Bernabé Aldeguer Cerdá. Coordinador de EUPV València y Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia (UV)
