Lo que se está produciendo ahora mismo en España es un debate sobre vivienda. Pero no solo un debate sobre vivienda. Trata de ciudades o qué significa ser ciudadano. Va sobre la frontera entre los derechos y el mercado. Cuestiona qué es la clase media y, sobre todo, qué es el sentido común.
Las apelaciones al sentido común son, de hecho, muy corrientes en la política. Y casi siempre tienen algunas características; se suelen utilizar como trampantojo de moderación, normalmente implican un juicio negativo sobre el conflicto político y, casi siempre, forman parte de una retórica propia de posturas conservadoras. El sentido común, así entendido, es un prejuicio más que un destino. Una especie de fuente de autoridad instantánea que descarta otras posturas. Cierra debates porque se expone como algo que, simplemente, es lo natural. Y así lo ha utilizado Vox como lema electoral.
Sin embargo, el sentido común, en puridad debería estar conformado por aquello que se entiende por las mayorías como correcto. Como una postura compartida y, aquí sí, como una fuente de destino. Debería representar, en los casos más claros, lo hegemónico. Pero no exclusivamente por tradición, sino por popular. El sentido común debería parecerse más a lo que cree la mayoría, que a aquello que debe quedar fuera de toda opinión.
Y de eso tratan los temas que son capaces de moldear sociedades. Del significado del término sentido común.
En la vivienda se confrontan las asunciones que cierran el paso a cualquier intento de establecer alternativas –un nada se puede hacer–, con una sensación amplia de que las cosas deberían ser de otra manera. El sentido común que te arrojan como bloqueo a cualquier cambio propuesto, contra el que se abre a imaginar escenarios alternativos. Pero el primero, como tantas veces, actúa precisamente conocedor de que el segundo representa mejor las mayorías.
El primero es un plató de televisión intentando presentar a una anciana de 87 años desahuciada como una aprovechada que, a diferencia de otros muchos, estaba evitando pagar una cantidad desorbitada por su alquiler. Como si hacer pagar 2.000 euros a otra persona fuera a reducir lo que pagas a tu casero o como si la respuesta no fuera pretender pagar todos una cantidad razonable, señalando a quienes sí se aprovechan precisamente de que esto no ocurra. Sin embargo, no faltan los intentos de convertir al conjunto de españoles en el esclavo de la película Django, cuando cuestiona que otro tenga un caballo no para tener él también uno, sino para que no lo tenga nadie. Pero el segundo sentido común, acaba por brotar. Y lo está haciendo. El 72% de los españoles quiere regular el precio del alquiler, el 65% prohibir los desahucios a personas vulnerables y solo el 22% está a favor de que el precio de la vivienda lo fije el mercado. Una abrumadora mayoría entre los votantes de izquierdas, pero también una mayoría solida entre quienes votan al PP y VOX, víctimas como el resto de la avaricia de unos pocos.
El momento es un punto de inflexión porque esta mayoría exige un nuevo equilibrio. Incluso un mínimo equilibrio, ante una situación tan desequilibrada. Una en la que una parte de la sociedad –la mayoría– se precariza a costa de incrementar el patrimonio de una minoría. Un trasvase de rentas entre quienes trabajan y quienes tienen rentas. Una situación que es hoy ya insostenible. Así lo entiende la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Y que la mayoría parlamentaria de hoy no lo refleje no le cerrará el paso. Solo puede demorarlo en el tiempo. Eso sí, a costa de una de enorme desafección, de la que también deberá la política hacerse cargo.
Los grandes debates están en juego, porque nada los alberga mejor que un techo. La igualdad, la libertad. Sus significados y sus apropiaciones. Quienes quieren darles un significado de mínimos, son, valga la redundancia, minoría. Ya lo dijo Pepe Mujica, cuando trataron de llevarlo a una trampa retórica en la que la libertad era un candado y no una avenida; Por qué jodemos con la palabra libertad. ¿Libertad para decirle ‘sí señor’ al que manda? No señor.
No, señores. Queremos que se imponga un auténtico sentido común. El que nos da derecho a soñar mundos nuevos. Y a hacerlo en el sofá de nuestra casa, desayunando en la cocina o riéndonos en el cuarto. De eso trata. Y en la calle. Y enfrente de congresos de rentistas, cuando vienen a nuestras ciudades. Porque la democracia no es el sistema que consolida o protege privilegios injustos, sino el que otorga las herramientas para abolirlos. Si no todos de golpe, al menos, sí paulatinamente. Paso a paso. La democracia no asume caminos bloqueados, los desborda.
