MADRID. Pleitos tengas y los ganes. Ese parece ser el dicho que va a regir las relaciones entre Repsol y el gobierno argentino en el futuro y que promete hacer eterno el conflicto en los organismos internacionales de arbitraje, que parecen no entender el expolio del que fue objeto la empresa española por parte de la populista política que rige los destinos de la Argentina.

Repsol tiene varios frentes legales abiertos, siendo los más relevantes el arbitraje ya iniciado ante el Ciadi -organismo de arbitraje del Banco Mundial-, que podría necesitar un periodo mínimo de 4 ó 5 años, así como una demanda contra la expropiación del 51% de YPF en Argentina.

Adicionalmente, la petrolera española tiene presentadas demandas por competencia desleal contra compañías como Bridas y Chevron, que han negociado o firmado algún acuerdo para el desarrollo conjunto de activos anteriormente controlados por Repsol a través de YPF.

El último, una queja presentada por la compañía de Brufau ante el Ciadi a raíz de la concesión de condiciones especiales a Chevron para el desarrollo de Vaca Muerta en forma de beneficios fiscales a la joint venture creada con YPF, en cuyo proyecto Chevron habría comprometido 1.500 millones dólares de inversión.

La queja por la que Repsol exige que se paralice cualquier transacción sobre los activos anteriormente bajo su control, mientras progresa el proceso de arbitraje actual, tiene un futuro difícil, según los expertos, y parece improbable que se logren medidas cautelares que paralicen el acuerdo de Chevron e YPF.

No parecen ser los organismos internacionales los mejores foros para dirimir la justicia o injusticia de pleitos que afectan a gobiernos de terceros países, ya que la tendencia de estas corporaciones es a tomar decisiones escapistas con las que buscan no dar o quitar razones que puedan molestar a los gobiernos implicados.

Los observadores internacionales convienen en señala que el conflicto entre Repsol y el gobierno argentino no se sustanciará en los tribunales y organismos internacionales y menos tratando de acusar a una compañía internacional como Chevorn de falta de ética, principio muy poco habitual en el business internacional.

Al final y con independencia de donde resida la razón y del comportamiento más que criticable de la presidenta Fernández de Kirchner, la solución terminará pasando por el gobierno español y por su presidente, algo que la presidenta argentina busca y que sabe que, posiblemente, terminará consiguiendo.

Repsol, que ha declarado un beneficio neto de 1.054 millones de euros en el primer semestre del año debería, en opinión de analistas de referencia, buscar una solución que impida que el conflicto se eternice y enquiste y poder así hacer frente a su futuro empresarial con todo su potencial sin perder en estos asuntos ni un gramo más de su energía.